Al llegar su turno, el licenciado Chuayfett felicitó al Consejo Mexicano de Investigación Educativa AC (COMIE) por cumplir dos décadas de congregar a los que hacen de los temas educativos su objeto de estudio. Señaló la gran importancia que tiene en nuestros días la relación entre los académicos y los administradores de los procesos educativos y, de repente, como mago, de la chistera sacó un conejo: el titular de la SEP anuncia que “tras 20 años de labor a favor de la educación, el gobierno federal construirá la sede del Consejo Mexicano de Investigación Educativa.” El señor presidente ha decidido, generoso y magnánimo, dotar al COMIE de un local propio, para que ya no ande errante su comité directivo pidiendo posada. Brota un aplauso nutrido, fuerte, de alguna manera semejante a los del priolítico clásico, pero sin matracas. Por fin habrá el anhelado edificio. Es inesperado el anuncio, y perturbadora la alegría generalizada.

Es necesario, creo, hacernos cargo de varias cuestiones para ir más allá de un simple gusto o disgusto por la concesión del Ejecutivo. ¿Es el COMIE una asociación civil? Sí: tiene carácter voluntario y se sostiene gracias a las aportaciones de sus miembros y a la distribución de sus publicaciones. ¿Hay actividades previstas? Sí, entre otras, organiza cada dos años el Congreso Nacional de Investigación Educativa, y edita la Revista Mexicana de Investigación Educativa. ¿Puede recibir donaciones? El artículo 50 de sus estatutos lo contempla. ¿Cuántos integrantes lo componen? El listado más actual registra 438 personas. ¿Hay cuotas establecidas? Sí, hoy día es de mil 600 pesos al año: 700 mil 800 si todos pagaran completo y a tiempo. ¿Hay pago por la asistencia al Congreso bianual? Es así, y aunque desconozco su cuantía, no es poca la recaudación. En síntesis, como AC, quizá podría ser autosuficiente para sostener su pequeña estructura administrativa con salarios dignos y prestaciones, no gastar en inmuebles sino establecer, en las instituciones educativas, sus oficinas y sacar adelante la revista, ya no en papel, muy caro, sino en versión electrónica con todos los requisitos de calidad exigidos.

No son ociosas ciertas preguntas: ¿se requiere una sede propia? ¿No debió ser un acuerdo de la asamblea de la AC realizar la solicitud al gobierno para que se construya el edificio, o bien consultar a esa instancia para saber su opinión si la oferta procedió del Ejecutivo directamente? ¿Cuál es el órgano estatutario que ha de resolver si se acepta la donación? ¿Es realmente imposible que resulte financiable el Congreso por los asistentes, abatiendo costos al realizarlo en universidades que no cobren renta por los espacios? No tengo respuesta a estas preguntas, y es probable que haya razones que no conozco. Por ejemplo, sé que hay problemas si los socios, o un buen número, no nos hacemos cargo de estar al día en las cuotas. Sin embargo, el tema crucial pasa por diferenciar los síntomas (la falta de pago puntual o una estructura costosa) de la causa a dilucidar, del dilema a encarar: ¿Qué significa que un grupo de profesionales de la investigación educativa, con capacidad de pago, no podamos sostener una AC que respete su naturaleza de asociación con lo que implica? Si se acepta ser una organización con independencia económica para garantizar su autonomía, hay que pensar en esto con apertura y escuchando a los demás. Ojalá esto ocurra, y pronto, pues los viejos modos de actuar del Jefe Providente acarrearán sus costos.

Aceptar su benevolencia no es banal. Conceder calculando renta política forma parte del ADN del Ogro Filantrópico. Florece en una cultura que espera todo de lo alto. ¿Es la nuestra? ¿Vale la pena el regalo? Hay dudas.

mgil@colmex.mx

Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México

Publicado en El Universal