En los Discursos sobre los primeros diez libros de Tito Livio, Maquiavelo advierte que mantener formas estables y seguras de gobierno depende de las buenas leyes y del actuar virtuoso de los gobernantes. Si las cosas no funcionan, entonces: “El principado deviene en una tiranía con facilidad; una aristocracia deriva en una oligarquía con naturalidad; y una democracia se convierte en anarquía sin dificultad”.
El 25 de abril, Excélsior reportó acciones de grupos donde tal vez no todos sean docentes o estudiantes normalistas, pero actúan cubiertos bajo el manto de organizaciones de maestros disidentes. En Guerrero, Michoacán y Chiapas, esos grupos desplegaron violencia contra instituciones y ciudadanos, saquearon edificios y sembraron miedo en la población. En los dos primeros estados quieren evitar las elecciones de junio; en los tres se manifiestan contra la Reforma Educativa. Quieren echar abajo los concursos para ingresar a la profesión docente, mantener la herencia de plazas y la asignación automática de puestos de trabajo a los egresados de escuelas normales. En los tres estados, los disidentes decretaron paros de 48 horas.
En Tuxtla Gutiérrez, las fuerzas del orden público intervinieron para desalojar a los normalistas de la oficina de la Subsecretaría de Educación Federalizada; dos granaderas resultaron heridas. Luego, los manifestantes se trasladaron, en seis autobuses que habían secuestrado, a causar destrozos en la caseta de una autopista.
Los actos vandálicos fueron mayores en Guerrero y Michoacán. En Chilpancingo los huelguistas saquearon la sede del PAN y quemaron propaganda de partidos políticos; en Acapulco tomaron oficinas gubernamentales y ratificaron que van contra las elecciones. Lo mismo sucedió en Morelia. Las oficinas del Instituto Nacional Electoral fueron las más afectadas. En estos dos estados no hubo intervención policiaca. Los manifestantes disfrutaron de libertad de movimiento. Hasta parecería que gozan de protección del gobierno o, al menos, de ciertos funcionarios.
Maquiavelo es claro. Las permutas de las formas de gobierno legítimas en sus contrarios se deben a que los gobernantes no se conducen de acuerdo con las leyes que establecen, sino que truecan el bien público para su beneficio.
No digo que la nación viva en la anarquía, por lo que sucede en esos tres estados —más Oaxaca— con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero hay otros signos ominosos, como la violencia criminal. A ésta el Estado —bien que mal— le hace frente. No obstante, tolera y hasta premia a los grupos disidentes. No extrañaría que los representantes de Guerrero y Michoacán logren mesas de diálogo con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Algo conseguirán allí.
En la misma fecha, Excélsior informó que, de acuerdo con el “Reporte Mundial de Felicidad”, México ocupa el lugar 14 entre 158 países donde la gente declara ser feliz. Tal vez eso anime a los altos funcionarios de la Segob a consentir a la CNTE, acaso piensan que sus movilizaciones no influyen en la percepción de que México sea uno de los países más dichosos del planeta.
A la CNTE le reditúan los movimientos de masas. Por más de 30 años ha logrado ganancias políticas y económicas de gran magnitud. Han doblegado a gobiernos locales y se han apoderado del control de la educación en varios estados. El gobierno de Peña Nieto contuvo al ala institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación —aunque no tanto como pareciera—, pero a la CNTE le da prebendas. Los gobernantes no cumplen con las leyes que impulsaron al comienzo del sexenio.
La impunidad con que actúan los grupos radicales les ofrece incentivos para seguir con sus estrategias de movilización y acciones cada vez más agresivas. Si el Estado no las frena, sus dirigentes regentearán la vida política local con arrogancia. De allí a la anarquía no habrá más que unos pasos.
Las reformas legales, que promovieron el gobierno, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional en el Pacto por México, están lejos de la perfección, pero contienen avances. Sin embargo, a los gobernantes les falla la acción virtuosa. El tiempo se le comienza a agotar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Él se comprometió a que el Estado sea el rector de la educación. Asunto que está en duda, no sólo en esos estados. En el resto del país los fieles del SNTE controlan la administración de la educación básica.
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