“Vincularse, establecer relaciones sinérgicas y procurar encuentros propositivos, potencia las capacidades de todos”, afirmó Salvador Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), durante el Seminario Internacional de Vinculación: Modelos y experiencias de organización y gestión.
En días recientes se aprobaron las políticas generales de vinculación de la UAM, por lo que Vega explicó que “ahora surge la necesidad de fortalecer nuestras modalidades de vinculación habituales, y sobre todo de incursionar en las prácticas de modalidades de vinculación para las cuales no contábamos con un marco normativo”.
En el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, de la Rectoría General, el funcionario resaltó que “la UAM, prácticamente desde su fundación, hace más de cuatro décadas, realizó actividades de vinculación y propició, con ello, procesos de intercambio de ideas, información y conocimiento”.
Instituciones educativas con marcos poco amigables para vinculación: Conacyt
Las instituciones educativas, así como los sectores privado y público, poseen marcos regulatorios poco amigables que complican las labores de vinculación entre la academia y la industria, lo que limita el desarrollo tecnológico y económico del país, señaló Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, director Adjunto de Planeación y Cooperación Internacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“Los marcos normativos que rigen la vinculación generan problemas de interpretación y lo transforman en un proceso burocrático, a ello se suman las líneas regulatorias de cada institución que son dispares, por lo que la vía institucional se torna poco factible”.
El tema de desarrollo y tecnología es muy dispar en todo el país, lo cual genera desbalances en el quehacer de los Centros Públicos de Investigación (CPI), por lo que el Conacyt se propuso fortalecer y apoyar esas actividades mediante diversas acciones, indicó en al dictar una conferencia magistral.
Carreón Rodríguez informó que se han establecido agendas de innovación, en conjunto con los gobiernos estatales, en cuya elaboración participación municipios, universidades, el sector privado y miembros de la sociedad, quienes indicaron las prioridades de ciencia, tecnología e innovación de cada entidad federativa.
