Académicos, funcionarios y autoridades educativas, coincidieron en que las actuales leyes que abordan temas en educación superior, son ineficientes y necesitan reajustarse a las necesidades y exigencias que demandan las universidades en México.
Así lo señalaron durante la mesa de debate “El estado actual de la legislación mexicana en materia de educación superior: vigencia, completitud y coherencia”, donde agregaron que es necesario generar nuevas políticas públicas para mejorar la educación superior.
La mesa de debate se celebró como parte del Foro “La legislación mexicana de educación superior”, realizado en la Antigua Sede del Senado de la República, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Roberto Rodríguez, Investigador del IISUE-UNAM, señaló que desde hace más de 75 años, cuando se publicó la Ley Orgánica de la Educación Pública, no se ha emitido alguna ley formal en la materia, por lo que los diversos reglamentos y leyes dispersas, no tienen una correcta coordinación.
En este sentido, consideró urgente plantear la necesidad de una ley de educación superior pública y privada.
Es urgente la posibilidad de abrir los cauces hacia la formulación de una ley de educación superior o, cuando menos, de un título especial en la Ley General de Educación, dedicado a la regulación de ésta en el sector público y particular.
Por su parte, el Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, advirtió que la actual ley no responde a las necesidades de la educación superior.
Uno de los principales retos, dijo, es el tema de la evaluación, pues con más de 30 mil programas que existen actualmente en las distintas casas de estudio, es muy complicado tener parámetros claros.
Entre otras cosas, pidió trabajar por normar la evaluación, el financiamiento, la vinculación, la internacionalización, la oferta de instituciones extranjeras, la educación a distancia, la certificación de profesiones, tiempo de estudios, la doble titulación o simultánea y crédito, entre otros elementos.
En su turno, la investigadora del Cinvestav, María de Ibarrola, insistió que tenemos un cuadro normativo insuficiente, poco pertinente e impreciso. Consideró que se debe tomar en cuenta la participación de los investigadores y profesores en todos los servicios prestados, en las innovaciones y las patentes.
Finalmente, Marisol Silva, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, advirtió en que es necesaria la formulación de una ley de educación superior, que además de regular también garantice el cumplimiento al derecho a la educación y el acceso de los jóvenes a la educación superior.
