Por René Espinosa Hernández (*)
Una buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto diversos actores del espectro político, intelectual, sociedad civil, sindical y de los medios de comunicación, han discutido sobre la mal llamada Reforma Educativa, lamentablemente las opiniones siguen aún muy polarizadas. Por un lado se ha “satanizado” al magisterio como culpable de todos los males de la educación, así como también por la formas en que la CNTE se ha opuesto a la evaluación. Por otro lado un sector organizado de maestros que rechazan los cambios introducidos en la legislación educativa, así como las disposiciones de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y del INEE, anhelan regresar al estado de cosas prevalecientes en el pasado inmediato.
Esos polos han obnubilado los fines de la educación y los derechos laborales y solamente han hecho visible la praxis política y el corporativismo sindical, calificándolos, a los dos últimos, como una de las partes más nefastas de la cultura política del magisterio; nada más parcial y faccioso en un debate que pretende imponer por la fuerza sus razones.
Ciertamente el fin último de la educación es formar un “ciudadano ideal”. Para el caso mexicano esto se a delineado en el Artículo Tercero Constitucional, para lograrlo se diseñan y aplican planes y programas de estudio, concretizados por medio de un amplio currículo escolar, el cual contiene todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, considerados indispensables para el aprendizaje de millones de alumnos del país. El gobierno federal presentó el modelo educativo y el diseño curricular apenas el 20 de julio pasado. El aspecto más importante por el cual todo grupo hegemónico imagina el deber ser del ciudadano y de la sociedad, el gobierno peñanietista se tardó más de tres años en concebirlo, ¡ah! y se va a poner a consulta, para implementarlo en el ciclo escolar 2017-2018. En términos de estrategia política, ¡error garrafal!
La creación de un modelo educativo marco fue una exigencia de diversos grupos de académicos, algunos de los cuales se pronunciaron públicamente después de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca. Pero fue como la voz que clama en el desierto. También desde la subalternidad el magisterio increpó la propuesta federal, pues esperaban un nuevo plan de estudios, programas de asignaturas por niveles educativos actualizados, libros de texto acordes al nuevo enfoque pedagógico, pero de esto nada ocurrió.
El haber invisibilizado la voz del magisterio nacional, cayó en el desdén tanto oficial, como sindical. Considerando a los docentes como imposibilitados intelectuales, para opinar en su materia de trabajo. Tal cosa es como cavar un pozo petrolero, sin la opinión de geólogos especializados; es como reparar un carro, sin la mano de obra de un mecánico automotriz; es como diagnosticar a un enfermo, sin la auscultación de un doctor. Sirvan las analogías para ilustrar lo grave de la omisión gubernamental. Por lo tanto se gestó y sigue gestando una gran irritación en el magisterio.Por otro lado los cambios introducidos en la Ley GCNSPD, del INEE, así como los lineamientos para ingreso al servicio docente, concurso por ascensos en plazas directivas, de apoyo técnico pedagógico y la evaluación al desempeño docente, prevén candados y medidas afectando los derechos laborales adquiridos desde la aparición del SNTE en 1943.
Aspectos como la estabilidad laboral, automaticidad en los incrementos salariales, pago de estímulos, bonos, aguinaldo y seguridad social, ha quedado en la zozobra. Todo el esquema que el estado de bienestar proporcionó durante largos años a las maestras y profesores de México, la evaluación vino a destruirlo. Aún con esto, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil exigen a los afectados aceptar tales medidas sin chistar. Es como sacrificar seres vivos y pedirles que no griten; como torturar humanos y solicitarles que no se quejen; es pedirle a un grupo de profesionales que vivan siempre arrodillados, sin derecho a la dignidad laboral.
Como siempre los grupos de interés hacen énfasis en los aspectos que les benefician, por ello, muestran que las consecuencias de las protestas magisteriales afectan los derechos de los niños, las economías locales, derechos de terceros, la estabilidad política y un largo etcétera. Nada más verdadero, pero los maestros que protestan, igual tienen hijos que van a la escuela, son ciudadanos en pleno uso de sus derechos constitucionales, que tiene necesidad de surtir su despensa, de transitar, igual que cualquier mexicano. El concepto “campo de fuerza”, ayudaría al análisis serio y profesional.
Pero lo peor de todo es que el debate propiciando por grupos de interés, defenestra a las profesoras y maestros de México, los pone como indeseables, violentos, revoltosos y demás epítetos que minan su autoridad moral en la sociedad, por otro lado ensalzan a las ONG, periodistas e intelectuales que apoyan las transformaciones emprendidas por el gobierno, ellos son el bando bueno, progresista y modernizador de la nación.
Nada hace más daño que culpar al magisterio por defender su estado de bienestar, pues al fin y al cabo cada docente que está en el aula, en la escuela, en la comunidad rural, no es la élite sindical, que disfruta y ha dilapidado el patrimonio del SNTE y de la CNTE, esos no son los maestros de México. En fin, el gobierno de Peña Nieto y sus defensores se aferran a aplicar “La ley del embudo”, una canción del colombiano Hernando Marín que tristemente dice: “Le ley de embudo, lo ancho pa´ ellos y lo angosto pa´ uno […] La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes”.
(*) Red de Investigadores Educativos San Luis Potosí. Presidente.
investigadoreseducativos.slp@gmail.com
