Jennifer L. O’Donoghue*
La semana pasada, presentamos en este espacio una aspiración compartida por 124 organizaciones de sociedad civil: que todas las niñas, niños y jóvenes de México se encuentren y se desarrollen al máximo en una escuela que sea una comunidad de aprendizaje. Proponemos cuatro ejes de acción para poder construir juntos esta visión de escuela. Hoy me gustaría concentrarme en el primero de estos: respetar y promover a las maestras y maestros de México.
Cualquier transformación educativa debe poner en el centro a los maestros – los agentes sociales designados específicamente para promover el derecho a aprender –, no para culparlos de los males de un sistema ineficiente y corrompido, sino para apoyarlos y potenciar su trabajo con la población joven. Todos queremos que los maestros tengan éxito en su labor, que es nuestro proyecto social.
La reforma del Artículo 3º constitucional promulgada en 2013 marca la obligación del Estado de asegurar que los docentes tengan la formación y los apoyos necesarios para que sus alumnos aprendan al máximo. Asimismo, la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente establece que los maestros tengan acceso y sean incorporados a oportunidades de aprendizaje profesional (formación, tutoría, evaluación formativa) y procesos transparentes y justos de ingreso, promoción y reconocimiento.
A tres años de este cambio en el marco legal, hemos visto avances importantes: casi 136,000 maestros han participado en la primera evaluación del desempeño docente; más de 465,000 personas han buscado ingresar al servicio docente y 87,511 promoverse por medio de procesos equitativos (SEP, 2016). La gran mayoría de los maestros que se han presentado a estos procesos inéditos, han demostrado su compromiso con la transformación del sistema educativo y su aprendizaje profesional.
Sin embargo, como sociedad todavía tenemos una gran deuda con los maestros mexicanos. Estos mismos procesos de ingreso y promoción, por ejemplo, han sido afectados por una transparencia inconsistente e incompleta. La mayoría de los nuevos maestros no han recibido el apoyo – estipulado en la ley – de un tutor para acompañar y facilitar su proceso de inducción a la profesión; veinte estados ni siquiera cuentan con un registro de la tutoría (ICRE, 2016). Los instrumentos y procesos de evaluación han sido notoriamente inadecuados y desvinculados del aprendizaje – tanto de los maestros, como de sus alumnos, y el programa de reconocimiento docente ligado a esta misma es todavía incompleto e incierto.
Pero tal vez lo más grave es el atraso significativo en el fortalecimiento de la formación docente. Esto debió ser el primer paso de una reforma de la profesión docente para establecer la base de todo lo demás. Si bien es cierto que el gasto en formación continua ha crecido de manera importante (de 239 pesos por maestro en 2014 a alrededor de 1,500 pesos por maestro en 2016; datos de SHCP y la SEP), el programa de formación continua tardó mucho en concretarse y la formación inicial sigue desatendida. A pesar de la publicación hace un año de las directrices para mejorar la preparación en las escuelas normales (INEE, 2015), los aspirantes a ser maestros que entraron en agosto de 2016 se formarán en instituciones abandonadas y sub financiadas, con un plan de estudios desactualizado (literalmente de otro siglo en el caso de la educación secundaria, publicado en 1999).
Ser maestro es ser un aprendiz experto, un catalizador del aprendizaje de otros, un agente de cambio, un colaborador y un ciudadano democrático, en momentos distintos y todo a la vez. Esto exige oportunidades para desarrollarse continuamente, desde la formación inicial, hasta el desarrollo y avance profesional continuo, además de colaborar con una red de apoyo.
¿Cómo sí podemos asegurar esto?
- Con una formación inicial y continua centrada en el aprendizaje profesional.
- Con un proceso de ingreso y promoción docente justo y transparente, mediante concurso y respeto irrestricto al orden de prelación.
- Con tutorías eficaces para que cada nuevo maestro reciba el acompañamiento debido.
- Con una evaluación integral, que considere la contextualización y que brinde retroalimentación a cada maestro para enriquecer su práctica.
- Con aumentos salariales, reconocimientos a sus logros y promociones por mérito para maestros y directivos.
Hay mucha promesa en los cambios legales, pero la transformación educativa real sólo se construye con la implementación adecuada de estos. A todos nos corresponde tomar acciones para respetar y promover a los maestros como los profesionales del aprendizaje que son. Para alcanzar la escuela que queremos, hay que implementar las soluciones que necesitamos.
*Directora de Investigación, Mexicanos Primero
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