En México, si bien gastamos más en educación básica que en educación superior en números absolutos, el gasto por alumno en educación temprana, en primaria y en secundaria es, respectivamente: 34 por ciento, 36 por ciento, y 33 por ciento del gasto por estudiante en educación superior. En otras palabras, apenas poco más de un tercio frente al promedio de los países OCDE de: 56 por ciento (temprana/superior), 54 por ciento (primaria/ superior) y 63 por ciento (secundaria/superior). 1
Esta situación no es nueva. Se ha venido agudizando, sin embargo, como resultado de la muy superior capacidad de presión sobre el presupuesto público de las instituciones de educación superior (IES) frente a la de los alumnos de educación básica. Dicha capacidad de presión ha sido muy considerable en fechas recientes, particularmente durante la administración de Felipe Calderón.
Esta distribución en el gasto por nivel educativo no sería preocupante si sus efectos fuesen positivos en el agregado, o, al menos, neutros. Existe, sin embargo, abundante evidencia de que la rentabilidad social del gasto en educación temprana y en educación básica es muy superior a la generada, por peso gastado, en educación superior en países en desarrollo. Disponemos, también, de mucha investigación que muestra que, además de ser menos rentable socialmente en general, el gasto en educación superior en países como el nuestro tiende a ser fuerte y especialmente regresivo.
Al costo colectivo anterior (especialmente alto para los que menos tienen), habría que añadir el costo de no saber en qué se gastan las universidades los recursos de todos.
¿Qué proporción del gasto de las universidades públicas se va en gasto administrativo y cuál en gasto sustantivo? ¿Cuánto contribuyen a elevar el crecimiento económico, la productividad y la competitividad, o la calidad de la democracia o del gobierno del país producen? ¿Qué tanto sus egresados se emplean en campos laborales relevantes a su campo de estudio? ¿Cuánto tardan sus graduados en encontrar trabajo y cuánto ganan? Muy difícil y costoso saberlo, pues las universidades no hacen públicos (sí es que los tienen) esos datos.
El que responsables de dirigir las instituciones de educación superior no tengan que reportar uso y resultados de los recursos de los que disponen genera muy malos incentivos. Básicamente, pues ello hace que sus incentivos personales/profesionales y lo que la sociedad esperaría de ellos no estén necesariamente alineados.
Las IES son importantes y aportan beneficios sociales considerables. El problema es que el beneficio colectivo de invertir en educación temprana, en particular, y en básica, en general, es sensiblemente mayor que el de invertir en educación superior. Por esa razón, urgirían dos cosas. Primero, transitar hacia una distribución del gasto por nivel educativo mejor alineada con lo que sabemos acerca de la rentabilidad social de cada uno de esos niveles. Segundo, exigir rendición de cuentas a las IES sobre cómo, en qué y con cuáles resultados usan los recursos presupuestarios de los que disponen.
Conseguir algo así no será, en absoluto, será fácil. Entre otras cosas, pues el presupuesto de las IES públicas además de ser fuertemente inercial y estar vinculado al crecimiento de la matrícula, misma que ha venido aumentando de forma importante en los últimos años, se ha ido volviendo, como muestra una investigación al respecto de Sebastián Garrido, crecientemente rígido.
Crecientemente rígido, pues, a diferencia de otros rubros del presupuesto educativo, ese gasto varía cada vez menos, en especial de finales de los 1990 a la fecha.
Las razones de esta rigidez son variadas, pero quizá la causal más importante tenga que ver con el fin del monopolio priista y los efectos del aumento en la competitividad y pluralidad político-electoral en términos de proteger los presupuestos de las IES públicas en las distintas entidades federativas del país.
Básicamente, porque cuando el PRI monopolizaba el poder político tenía la capacidad de imponerle los ajustes presupuestarios requeridos a todos, incluidos los gobernadores y los rectores de las distintas instituciones de educación superior nacionales y estatales. En contextos de mayor pluralidad y competitividad electoral, en contraste, los rectores y gobernadores fueron ganando mayores capacidades de presión y maniobra.
Para corregir esta situación, se requiere, sin duda, voluntad política por parte de un Ejecutivo federal dispuesto a ser la voz que hable por los alumnos de básica y de la sociedad toda. Para lograrlo, resultará indispensable, también, generar un nuevo esquema de contabilización y rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior del país.
1 Education at a Glance, 2016.
Corrección a gastos
Para corregir la situación de los gastos será indispensable generar un nuevo esquema de contabilización y rendición de cuentas por parte de instituciones de educación superior.
Twitter:@BlancaHerediaR
