El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Miguel Bazdresch Parada
Defender y promover el derecho a la educación en nuestros días se confronta con culturas y realidades sociales que se oponen a los principios y prácticas congruentes con tal derecho.
Una pregunta puede mostrar esa confrontación. Nunca antes los seres humanos habían disfrutado de más oportunidades educativas que las que tienen en el siglo XXI. ¿Por qué entonces, por ejemplo, no se logrado reducir la violencia social, simbólica y criminal contra las mujeres? Podemos hacer muchas preguntas de esa clase. La educación al modo de la Ilustración, la modernidad y la posmodernidad debieran producir una capacidad de control del odio hacia las mujeres, entre otros. ¿Estamos ante el fracaso del derecho a la educación? o ¿las fallas están en la estructura misma de la sociedad humana y de la educación?
Una de las finalidades de la educación según el texto constitucional mexicano es:
“Contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos” (CPEUM, art. 30, Ins. II –c).
Es tan explícita la finalidad citada, que es imposible no relacionar la situación deteriorada de la sociedad mexicana, como la violencia hacia las mujeres, con el fracaso de la educación nacional y la vulnerabilidad de las condiciones sociales, económicas y políticas del país.
¿Cómo ha fallado la educación? Conviene reconocer que no se trata de una restricción al derecho de acceso a la educación. La escolaridad promedio entre la población en edad escolar en México se ha incrementado de manera constante en los años recientes. Cada vez más niños, niñas y jóvenes se incorporan al sistema educativo y los sistemas de educación de adultos ayudan cada vez más a reducir el rezago educativo. También el número de profesores ha aumentado. El presupuesto público no ha disminuido y el sector educativo ha tenido en los años recientes uno de los primeros lugares en el porcentaje del gasto público. El fallo, entonces, no es cuantitativo. Es cualitativo.
La calidad educativa ha fallado y no se han cumplido con los fines constitucionales, en especial en lo que se refiere a garantizar una clase de convivencia humana aceptable. Ésta no es mejor que hace veinte o treinta años. El derecho a la educación no se ha traducido, en la población escolarizada, en aprender a convivir.
Veamos, a modo de ejemplo, algunos datos sobre la convivencia social. En el área metropolitana de Guadalajara (AMG), el Observatorio Ciudadano de la Calidad de Vida “Jalisco Cómo Vamos” realizó una encuesta sobre la calidad de la vida a una muestra de 2,400 habitantes, y detectó en noviembre de 2016, los siguientes datos relacionados con la convivencia humana alrededor de las mujeres[1]:
- 2% de las tapatías respondieron que es muy alto el nivel de desigualdad. Los hombres opinan de modo similar en un 25.7%.
- La percepción de las situaciones de discriminación por género es más alta entre las mujeres: 1% de ellas dicen haber presenciado que una persona fuera tratada mal o injustamente por su género, y el 25.8% de los hombres tapatíos también lo percibió así.
- Durante 2016,5% de las mujeres encuestadas afirmaron haber sido discriminadas o maltratadas por su género. En el caso de los hombres solo 6.6% dijo lo mismo.
Los datos, no obstante están referidos a una zona concreta del país, es una muestra del nivel de convivencia humana, muy diferente a lo establecido y esperado como fin de la educación nacional según lo mandata la Constitución.
Ahora, vale reconocer, si de derecho a convivir se trata, la política del gobierno mexicano, quien a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación iniciaron el 20 de febrero de este año 2017, un Plan de acción para el fortalecimiento de la convivencia escolar y la prevención social de la violencia. El documento en el cual se comunica este Plan, afirma que las secretarías ya citadas, en acuerdo con la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Sindicato de Trabajadores de la Educación y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, estrecharán la colaboración para llevar a cabo nueve líneas de acción.
Ante la imposibilidad de revisar todas las líneas nos referimos aquí a la primera, mediante la cual se decide impulsar, o más bien reimpulsar, el Programa Nacional de Convivencia Escolar en la educación básica, ya conocido como el Programa Construye-T en la educación media superior, vigente desde el sexenio anterior. Ambos programas son estrategias para facilitar el aprendizaje, dominio y desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes, como el desarrollo del autoestima, el respeto, la responsabilidad social, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Es una buena noticia, sobre todo en lo que se refiere al derecho a la educación, en función de suscitar aprendizajes escolares congruentes con la práctica de una mejor convivencia humana, tan lastimada actualmente por la creciente discriminación, el racismo y la desigualdad.
Sin embargo, hay una mala noticia también, que hace dudar de la reparación de la falla comentada aquí. Se trata del modo “programa” de estas acciones gubernamentales, esto es, actividades que deben desarrollarse en un tiempo adicional o superpuesto a las tareas cotidianas del profesorado. Exige capacitación a profesores, una alta demanda y la producción y entrega de materiales idóneos en el tiempo óptimo. Sin embargo, el mensaje tácito a los estudiantes termina siendo el mismo: un asunto de “relleno” en la cotidianidad escolar. ¿Estamos otra vez ante buenas intenciones y propuestas bien elaboradas, pero con una probable desatención de las condiciones reales de escuelas y profesores, cuyas características conspiran contra el éxito de esos programas?
Convivir pide a todos los humanos un aprendizaje complejo y una fuerte dosis de aprender haciendo. El derecho a la educación así lo valida. La educación nacional no puede fallar ante esta finalidad. Esperemos lo mejor y mantengamos la atención estudiosa y vigilante en este vital punto para mejorar el país.
[1] Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2016, realizada por Jalisco Cómo Vamos. Disponible en: http://www.jaliscocomovamos.org/2272
