Es tiempo de campañas políticas, de debates —ahora sí de a de veras los que organiza el Instituto Nacional Electoral— y de promesas, más que de planteamientos programáticos. Las primeras implican ofertas que tal vez será imposible cumplir; los segundos, trazos concretos que implican propósitos, estrategias e instrumentos políticos e institucionales. Hasta la fecha predominan los indicios que, sin embargo, apuntan a ciertos compromisos.
Andrés Manuel López Obrador es quien ha sido más explícito en las propuestas. En el Proyecto alternativo de nación, de Morena, que es un esbozo de plan de gobierno, AMLO ofrece trabajar en dos puntos de los que no me ocuparé hoy. Primero, una idea interesante, algo así como servicio nacional educativo para jóvenes; incluso, evoca el programa que el presidente estadunidense Franklin D. Roosevelt aplicó para mitigar los efectos de la gran depresión. Segundo, que ningún joven será rechazado si trata de ingresar en escuelas preparatorias y universidades públicas y que los exámenes de admisión dejarán de ser obligatorios. Hoy trataré de sus apuestas para la educación básica.
Ricardo Anaya comenzó a esbozar su puja con defensa al principio de la Reforma Educativa y, a la vez, con críticas a la manera como el gobierno la ejecuta. Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, sin spots ni mucha cobertura, no han dicho nada significativo sobre el tema. Antonio Meade, contra todo pronóstico, no ha salido en defensa de la reforma; sólo que buscará la manera de elevar salarios y prestaciones de los decentes. Deja la tarea al secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán.
En su retórica, tanto AMLO como Anaya no sólo atacan la Reforma Educativa, sino que ambos hablan de promover una auténtica revolución educativa. Con la inclusión de la palabra auténtica, sugieren que la que puso en marcha esta reforma no lo es; AMLO repite la idea de que sólo es laboral y que atenta contra la dignidad de los maestros. El punto 43 de su Proyecto alternativo estipula: “Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a garantizar que nadie, por falta de espacios, maestros o de recursos económicos se quede sin estudio”.
La semana pasada, en Ciudad Juárez, Ricardo Anaya ofreció “dar forma a una auténtica revolución educativa de la mano de los maestros, padres de familia y del sindicato magisterial; presentó un paquete de propuestas con énfasis en la capacitación y formación de los maestros que, sostuvo, es lo que realmente va a permitir que puedan obtener los conocimientos y habilidades que después transmitirán a sus alumnos en el salón de clases” (Reforma, 20/04/2018).
Los dos plantean caminar con los maestros; AMLO refuerza la idea laboral y Anaya, la de capacitación. Ambos critican la evaluación punitiva. Los dos apuestan por mantener el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (AMLO también con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación); no hay asomo de crítica al corporativismo.
El candidato López Obrador va más allá, en el “Acuerdo para la transformación de la educación en México y la defensa de los derechos plenos de los maestros” que firmó con la facción del SNTE fiel a Elba Esther Gordillo, destacó en su primer punto que se: “reconozca la carrera sindical como atributo de la gestión y desarrollo del sistema educativo”. En otras palabras, regresarle comisionados al SNTE con cargo al presupuesto público.
El candidato José Antonio Meade no ha propuesto ni dicho algo relevante sobre este expediente. Pero el gobierno sale en defensa de su proyecto por voz del secretario de Educación Pública. En una de sus declaraciones recientes, en la sesión del Consejo Consultivo de la Unesco, Otto Granados guarneció la Reforma Educativa; expresó: “Como en todo el mundo, las reformas educativas requieren convertirse en una política de Estado y exigen ser defendidas ante la mezquindad de los intereses políticos o electorales”. Tengo dudas de que el candidato Meade haga suyas esas posturas.
¡Qué bueno que se debata la política educativa! No tiene caso mantener una disputa soterrada en una cuestión tan importante para la República. Si bien esta elección no resolverá la contienda por la educación, más vale tener presente qué dicen y ofrecen los candidatos, qué pueden hacer —o deshacer— en el sistema escolar, aunque, por el momento, sean más augurios que trazos estratégicos.
