En México hemos avanzado conceptualmente mucho en torno a los menores de edad legal en conflicto con la ley. Siguiendo la pauta del orden internacional de derechos, en México se ha reconocido que los adolescentes sólo pueden estar privados de la libertad como una medida necesaria en casos muy contados, y en la perspectiva no de un castigo propiamente dicho, sino como cumplimiento de unas medidas mandadas por tribunal y abriendo el compás para la reinserción y para una educación socioemocional que habilite a una convivencia distinta.
Ello implicó que las comunidades de adolescentes (antes llamadas “correccionales”) se vaciaran del hacinamiento previo, y que quedasen pocos jóvenes internos. Sin embargo, en contradicción con el intento de no tener castigos desproporcionados e inhumanos, el Estado mexicano lo que propicia es profundizar el rezago educativo. Lo típico de los jóvenes en conflicto con la ley es que abandonaron relativamente pronto su trayectoria escolar prevista; estando internos es obvio que no pueden tener abandono escolar, y que tampoco se puede achacar a sus familias que no sigan estudiando, pues la custodia aquí literalmente corresponde al Estado. Sin embargo, lo típico en todo el país es que los jóvenes internos no tengan servicios educativos adecuados y completos.
De repente depende de la buena pero intermitente iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, o bien entran en contacto con los asesores del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) pero ni la autoridad penitenciaria, ni la autoridad educativa se hacen plenamente cargo de la situación. Desde Mexicanos Primero iniciamos un litigio, atendiendo al interés legítimo, para que los adolescentes internos reciban como es su derecho –como todos, pero además en el marco reforzado que su incorporación al sistema penitenciario es con fines educativos- los servicios escolares que correspondan a su edad, condición y avance previo. El juicio sigue, y las medidas que el juez ha mandatado implican de parte de unos y otros –autoridades penitenciarias y autoridades educativas- la responsabilidad de asignar educadores idóneos, según el parámetro del artículo
Tercero, y los componentes suficientes de métodos y materiales, infraestructura y organización escolar, considerando adicionalmente el ajuste debido a sus necesidades educativas especiales referidas a sus retos de conducta.
En paralelo, UNICEF y la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco se embarcaron en la construcción, en consulta y diálogo con especialistas educativos y defensores de derechos humanos, de una alternativa estable. El resultado preliminar, muy meritorio, es el componente educativo que está por presentarse en estos días como parte del Modelo Nacional de Atención para Adolescentes del Sistema de Justicia Penal, a cargo de la Comisión Nacional de Seguridad.
En este país lleno de fosas y de dramas en los que el proyecto de vida de la generación joven se malogra, desde ser víctimas de los delitos hasta ser devorados-e-incorporados a las redes de crimen organizado, es de la mayor importancia que todos apoyemos el trabajo educativo que apoya a los procesados.
Alguna autoridad me dijo que por qué nos interesábamos, si eran menos de mil los internos en el país, y alrededor de siete mil aquellos que cumplen sus medidas en libertad. Esa es parte de la mentalidad que lo explica: si no sentimos como propios, como parte de nuestros hijos –y no los “hijos de los otros”- lo que les pasa, no sólo seguirá pasando, sino que todo el proyecto de convivencia que es la sociedad mexicana queda en fragilidad y cuestionamiento de su viabilidad.
En ellos, pocos como procesados, pero muchos como involucrados en conductas destructivas, de sí y de otros, se hace evidente y punzante nuestro fracaso. El fracaso de la vida familiar, el fracaso de la propuesta educativa. Encarnan el sesgo negativo de “becarios y no sicarios”, que sigue reiterando la criminalización de la pobreza y el rezago, sin reconocer que los jóvenes son mayoritariamente víctimas, y no victimarios, de la injusticia y la grotesca desigualdad de oportunidades.
Así que es una gran noticia que se trabaje en una coalición social para intentar opciones. Lo que es verdaderamente criminal es la irrelevancia de la experiencia escolar, tan pobre de imaginación y de sentido, tan hostil con los jóvenes que los más agudos y sensibles sienten que deben irse. No va a haber beca que alcance a competir con las seducciones del narco, ni que compense la amargura de no tener educadores profesionales sensibles, firmes, confiables ejemplares por su equilibrio socioemocional. Eso sí es “punitivo”, y nos exige a todos aplicarnos.
La educación para la convivencia, para la paz y para el trabajo en equipo, la superación del bullying y la prevención del abuso no se resuelve con cambios al currículum, sino con transformación de los educadores, y de los políticos que les hacen promesas. Este es un gran reto, y le tocará al próximo gobierno federal una gran coordinación social, para la que no se vale la superficialidad y el oportunismo.
Mientras su paso por el sistema penitenciario, como internos y externos, no sea una nueva y auténtica experiencia educativa, el reproche sobre el sistema global será muy válido. Hoy unos pocos esforzados están retando ese destino impuesto.
