En días pasados, en el marco de la discusión actual sobre las políticas de desarrollo científico y educación superior para los próximos años, un grupo de académicos de la UNAM y la UAM, especialistas en temas de política universitaria y procesos de evaluación en ese nivel de estudios, dieron a conocer el texto titulado “A debate la educación superior y la ciencia en México: Recuperar preguntas clave”. Dicho documento es, en un sentido amplio, continuidad del trabajo “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la valoración del trabajo académico”, que el mismo colectivo publicó el año pasado.
El documento plantea las siguientes preguntas: ¿Qué educación superior queremos y necesitamos?, ¿Cuáles son las acciones prioritarias que conducirán el desarrollo sostenido en los aspectos académico, profesional, científico y laboral? y ¿Qué debe permanecer, cambiarse o eliminarse de las políticas que han orientado la educación superior del país, durante los últimos treinta años?
Para abordarlas, el punto de partida consiste en una reflexión crítica acerca de dos de las tendencias que parecen predominar en el actual ambiente de construcción de las políticas sectoriales respectivas: la tendencia a homologar las políticas y programas institucionales (por ejemplo los estímulos a la productividad académica) en todo el campo de la educación superior pública y en los centros de investigación; y la tendencia de fijar la austeridad como un nuevo principio para el desarrollo de las funciones de docencia e investigación dirigido a las instituciones públicas de educación superior y desarrollo de ciencia y tecnología. Esto es la recomendación de “hacer más con menos”.
A partir de ese marco de referencia, el pronunciamiento plantea seis recomendaciones dirigidas al diseño de nuevas políticas en el sector. Se transcriben a continuación:
1. Reforzar y ejercer la autonomía institucional rompiendo la supeditación de lo académico-científico a los dictados de lo político. Lograr el compromiso del gobierno con una política de financiamiento sostenida y multianual, con la participación responsable en la definición y ejercicio del presupuesto, de autoridades educativas y hacendarias en los órdenes federal y local, autoridades de las instituciones de educación superior, académicos y organizaciones sindicales.
2. Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula; la equidad en la asignación presupuestal entre instituciones; la definición de los mecanismos que garanticen la aportación de los gobiernos estatales, cuando corresponda; revisar los mecanismos pautados bilateralmente en esquemas de jubilación y otras prestaciones. En suma, evitar los déficits presupuestales que ponen en riesgo la operación cotidiana y las actividades sustantivas. Garantizar la existencia de las plazas académicas necesarias para cubrir las metas de crecimiento institucional.
3. Establecer los cambios necesarios en las formas de contratación y las condiciones de trabajo de los profesores de asignatura y de tiempo parcial. Aplicar una política general en una población desigual, perjudica más a los que tienen menos y pone en riesgo los avances de quienes han logrado consolidar una trayectoria.
4. Considerar la recuperación de un salario digno, de tal manera que constituya un justo reconocimiento del trabajo académico, al mismo tiempo que se revisan los programas de estímulos para separar la evaluación académica de la distribución de ingresos económicos, sin precarizar las condiciones de trabajo de los académicos.
5. Generar posibilidades para un recambio generacional garantizando esquemas de retiro y jubilación dignos. Finalmente, estamos convencidos que las políticas en el sector educativo del nivel superior y en el de ciencia, innovación y tecnología, deberán derivarse de la definición colegiada de las grandes líneas de un proyecto educativo, científico y cultural nacional incluyente, que asegure la libertad de cátedra y de investigación, y el derecho a la educación. Adicionalmente, coincidimos en reforzar el compromiso con el uso óptimo de los recursos públicos asignados a las instituciones. Estos deben ser destinados a la buena marcha de las actividades docentes, de investigación y de difusión; sin escatimar la aplicación de medidas más contundentes para la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el ejercicio presupuestal: autoridades, sindicatos y académicos.
6. Por lo expresado hasta aquí, consideramos que centrar la reflexión colegiada en la conveniencia de cambiar las leyes de ciencia y tecnología o ampliar la cobertura de la educación superior, es reducir y fragmentar los problemas que requieren ser atendidos. Los cambios legislativos y el establecimiento de metas deberían ser una consecuencia y no el impulso inicial de las transformaciones necesarias y pendientes.
Los autores del texto (Angélica Buendía, UAM; Susana García Salord, UNAM; Monique Landesmann, UNAM; Roberto Rodríguez, UNAM; Norma Rondero, UAM; Mario Rueda, UNAM, y Héctor Vera, UNAM), insisten sobre la importancia del diálogo entre los tomadores de decisiones y los actores directamente involucrados en las prácticas académicas.
