Javier Rojas (@JavierRojas_R)
Desde la promulgación de la reforma al artículo tercero constitucional el pasado 15 de mayo no hay claridad sobre el sentido de las leyes que darán vida a los cambios ahí estipulados. Resulta inquietante porque el próximo 12 de septiembre vencerá el plazo para que el Congreso de la Unión modifique y apruebe dichas leyes que definirán cómo se garantizará el derecho a la educación en nuestro país.
Hasta el momento, la única iniciativa que se ha hecho pública y que permite analizar lo que los legisladores piensan hacer con el marco jurídico que regula la educación que imparte el Estado es la Ley General de Educación (LGE) publicada el 18 de julio en la Gaceta Parlamentaria.
Si nos concentramos en la parte de infraestructura física educativa contemplada en la iniciativa, los cambios representan múltiples riesgos para garantizar la funcionalidad y seguridad de los planteles. Ello porque no queda claro desde quiénes serán los responsables de la seguridad de los planteles educativos y la integridad física de los docentes, estudiantes y sus familias, hasta en quiénes recaerán las responsabilidades de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento, así como el origen de los recursos y las fuentes de financiamiento que se destinarán para estos propósitos.
El primer cambio telúrico que el proyecto hace patente es la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). En consonancia con el anuncio del presidente López Obrador de hace dos meses, en el que dejó entrever que los recursos del INIFED se entregarían directamente a las escuelas, la propuesta de LGE elimina en el artículo cuatro transitorio al INIFED sin que en el nuevo texto regule debidamente en qué autoridad o instancia recaerán responsabilidades relacionadas con la construcción, reconstrucción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación y reforzamiento de los planteles educativos.
Si aceptamos y asumimos que la intención es no cejar en dar paso a un marco en el que el papel del gobierno federal se retraiga, en el que ya no sea responsable de la construcción de los planteles, es indispensable que los legisladores definan claramente las atribuciones para cada nivel de gobierno. Por ejemplo, los diputados y senadores deben estipular que el gobierno federal será el responsable de establecer los estándares mínimos que las entidades federativas deberán adoptar a su contexto y que la verificación y supervisión de la seguridad constructiva de los inmuebles y la integridad física de las personas serán, en última instancia, responsabilidades del gobierno federal. De igual forma, deben establecer la obligación de los gobiernos estatales a proporcionar información sobre las condiciones físicas de las escuelas para su integración en sistemas de información de infraestructura física nacional y estatal, datos que deben actualizarse permanentemente para hacer un uso óptimo y transparente de los recursos. También debe aclararse que el financiamiento de la infraestructura no será responsabilidad de las familias o los alumnos.
Ya sea que derrumben el esquema anterior o que lo refuercen, los diputados y senadores tienen en sus manos la responsabilidad de no poner en riesgo las escuelas, una labor que, de incurrir en fallas en el diseño o la implementación de esta política pública, tendrá efectos visibles y políticamente costosos porque los afectados serán las niñas, niños, jóvenes y sus maestros. Los legisladores tienen menos de un mes para que estos cambios telúricos no dañen, resquebrajen ni cimbren los pilares del sistema educativo.
* Javier Rojas es Director de Investigación en Mexicanos Primero (@Mexicanos1o). Texto publicado en Animal Político
