En sus famosas tesis sobre la dominación legítima, Max Weber argumentó que la credibilidad es la base de esa legitimidad. Si la gente no acepta como buenas las propuestas del gobernante y su cuadro administrativo (burocracia, partido y afines en el parlamento), disminuye su confianza en el gobierno.
El presidente López Obrador se esfuerza en cumplir con sus promesas, “soy un hombre de palabra”, y hasta el momento su técnica le reditúa frutos; las encuestas recientes muestran que su grado de aprobación es alto, la menor le concede el 62 por ciento. Ergo, la mayoría confía en él, pero ¿qué de su cuadro administrativo?
Se supone que la racionalidad política de un Estado emana de su orden jurídico y el Congreso es el responsable de dictar leyes que disponen el andamiaje institucional para esa dominación (o gobernabilidad para aligerar el lenguaje de Weber) legítima. Pero el Congreso es irracional, muchos legisladores se la pasan en pleitos vulgares, les interesa el poder, legislar es una tarea subsidiaria.
Si el Presidente goza de carisma, el Congreso carga con desprestigio (tal vez esa sea su tradición) porque, además de las querellas, siempre andan con rezagos. Hoy, Morena tiene mayoría y puede aprobar leyes sin necesidad de consensos y parece que quiere agradar al Presidente.
Por ejemplo, el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional del 15 de mayo ordena que a más tardar en 120 días el Congreso deberá expedir las leyes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y la General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El plazo se vence este jueves 12 y si bien ya hay iniciativas, no han discutido más allá de pequeños corros.
Los textos que ya se conocen, con todo y que acaso tengan virtudes, generan desconfianza por todos lados. Organizaciones de la sociedad civil y académicos les ponen peros porque eliminan criterios de mérito para ingreso, promoción y recompensa de los docentes. Además de que se corre el riesgo de que, como en el pasado, sean las camarillas sindicales las que determinen la trayectoria profesional de los maestros.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —con todo y que obtiene canonjías— ve fantasmas neoliberales y los combate con paros y gritos. Dice que las iniciativas de leyes secundarias mantienen las propuestas de los organismos internacionales y asegura que la intención es privatizar la educación pública. Pocos le creen.
Y es aquí donde entra el quid. El presidente López Obrador insiste en mantener una alianza con la Coordinadora. Le concede plazas, reinstalación de rescindidos, reconocimiento ideológico y hasta fotografías con sus líderes en el Palacio Nacional.
Aunque quizá no de inmediato, conjeturo que la mezcla de un mandatario carismático con una organización sin credibilidad le restará puntos a su legitimidad. Y más si el Congreso con la mayoría que ya tiene Morena saca leyes a modo y en el último momento.
