Mario Hernández Arriaga
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en días recientes, a través del Boletín No. 2, el inicio de sus actividades del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Uno de sus propósitos, según la misma dependencia educativa, es disminuir la carga administrativa a los docentes y, lo más importante, que concentren sus esfuerzos en el aprendizaje de los niños, las niñas, jóvenes y adolescentes.
El SIGED es una obra encomiable porque integra información de alumnos, docentes, personal, escuelas y documentos oficiales, asequibles en una sola plataforma electrónica. Sin embargo, más allá del recién anuncio oficial de su propósito, y su entrada en vigor, el beneficio mayor es para la Autoridad Educativa Federal (AEF) y las locales, pues como se estableció en el Acuerdo número 07/03/18 por el que se emitieron sus lineamientos permite a la autoridad tener datos para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo.
Es un mito, una creencia, que con el SIGED las escuelas y sobre todo los docentes dejen de ser partícipes de la red interminable de tareas extraescolares, vanas muchas de ellas pero urgentes por atender. Tampoco es la plataforma la culpable o panacea de la descarga administrativa; son en todo caso los rituales, o prácticas arraigadas, que se resisten a fenecer en cada uno de los espacios educativos creados para esos asuntos administrativos.
Mucha de la información que da sentido al estado actual de la educación, que alimentará incluso a la plataforma, es de puño y letra de los docentes; son ellos quienes construyen y en algunos casos reportan los resultados de empresas loables –como la aplicación de las diversas pruebas estandarizadas o identificación de alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave, mediante el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), entre otras más–; pero también, en el inverso de la moneda, son quienes registran tallas y otras medidas de los alumnos para hacerles entrega de uniformes escolares y calzado gratuitos; o llenan padrones de padres y tutores para la proporción de útiles escolares, provistos todos por la administración pública estatal o municipal.
Es imposible estar en desacuerdo que las primeras son instrumentos e insumos, y están al servicio, de la mejora educativa. No hay argumento válido para afirmar que es una carga administrativa, sin sentido para el aprendizaje de los alumnos, pues su análisis en colegiado y buen uso tiene un potencial para avanzar hacia la excelencia educativa. No obstante, pasan a ser ese sustantivo agrio cuando los rituales le dan otra vida y desvirtúan su esencia: solicitar la misma información por duplicado o triplicado ¿Para qué doble o triple copia de la misma información si sólo se archivarán y a la vuelta de los años llenarán los cestos de basura? Una posible respuesta puede ser para tener fe de la entrega–recepción, más que para la toma de decisiones locales sustentadas. Mas en la incertidumbre de las respuestas está siempre la voluntad de quien la solicita.
Si las primeras tareas extraescolares ponen freno, dentro del salón de clases, a las actividades planeadas de manera sistemática por los profesores –y como consecuencia, para dar atención a lo urgente, descuidan por momentos breves el aprendizaje de los alumnos–, las segundas más. No sólo desatienden lo primario, agudizan más las actitudes de apatía hacia el discurso oficial, a los mitos de la descarga administrativa. También ensanchan los sentimientos de impotencia por integrar en su agenda acciones que las leyes educativas les prohíben realizar. En el colmo de todo: agotan energías cuando se les notifica que es necesario repetir el llenado porque el formato, la fuente u otro factor ínfimo no es el solicitado.
La descarga administrativa es un mito en las escuelas y para los profesores. Los rituales lo muestran sin tapujos, y quienes son parte de las instituciones educativas viven, obligados, esa cotidianeidad. Abatirla, o por lo menos disminuirla como reza la retórica del discurso oficial, con la implementación de plataformas electrónicas no es suficiente; obliga a cambiar viejas prácticas en el origen, en los escritorios de la administración educativa local.
Twitter: @mharriaga
