Los programas de derechos humanos de las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) lamentan el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato, lo que pone en peligro la vigencia de los derechos humanos de la población. Las diferentes regiones en las que se encuentran las universidades jesuitas del país no son ajenas a esta situación.
El pasado miércoles 1 de julio de 2020, 26 personas internas del centro de rehabilitación Recuperando mi Vida, en Irapuato, Guanajuato, fueron asesinadas y otras siete quedaron heridas, dos de ellas en estado de gravedad, a partir de la incursión de un comando armado al lugar.
Este no es un hecho aislado, es el cuarto ataque que se comete en centros de rehabilitación en este mismo municipio en tan solo seis meses (https://poplab.mx/article/TerrorcreceenGuanajuatoenmediodecrisispoliticasicariosasesinana24personasenanexodeIrapuato) sumado a la violencia generalizada en el estado y que lo convierte en la entidad con más homicidios registrados. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ((https://drive.google.com/file/d/1t1hLPvUkfCde1wglfjAh–r8NpLONbRf/view), en el mes de mayo se registraron mil 405 homicidios dolosos, equivalentes a 11 por ciento del total nacional, con lo que el estado ocupa el primer lugar en este tipo de violencia.
Por ello, las instituciones educativas que integran el SUJ, que tienen entre sus prioridades la promoción del respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas, manifiestan su indignación y lamentan el aumento de la violencia en Guanajuato, lo cual vemos también con preocupación que ocurre en los distintos lugares donde tienen sede nuestras universidades y pone en grave peligro la vigencia de los derechos humanos de la población.
Por lo anterior, expresan su preocupación por los hechos ocurridos y exigen:
Primero: Al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, que, en el marco de su obligación de garantizar una investigación seria, eficaz e imparcial, se esclarezcan y sancionen los hechos;
Segundo: Al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, se adopten las medidas necesarias, adecuadas y eficaces para poner fin a la violencia en la entidad, misma que ha venido en aumento por la penetración de grupos del crimen organizado y por la deficiente actuación en la impartición de justicia;
Tercero: A los funcionarios antes mencionados les demandamos que cumplan las funciones para las que han sido designados en cuanto a la salvaguarda de la seguridad ciudadana;
Cuarto: Al gobierno federal solicitamos una adecuada coordinación con las entidades de la República con altos índices de violencia para que avancemos en estrategias de seguridad ciudadana que sean eficaces y que garanticen los derechos de todas las personas en México.
Las Universidades Jesuitas apostamos por la construcción de sociedades más justas y humanas donde la paz, la justicia y la fraternidad sean una realidad.
Firman:
Programa Universitario de Derechos Humanos, Ibero León; Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Ibero Torreón; Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO; Tecnológico Universitario del Valle de Chalco; Programa de Derechos Humanos, Ibero CDMX, e Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, Ibero Puebla.
