Las prácticas de lectoescritura con las y los niños se deben poner al centro de los planes educativos, no solo como estrategias pedagógicas, sino como prácticas sociales y de incidencia.
Esto lo señaló Luz María Moreno Medrano, investigadora de la Universidad Iberoamericana y Directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), donde agregó que deben existir puentes entre la investigación educativa y los movimientos sociales para amplificar las mejores prácticas e incidir en la toma de decisiones en la materia.
En el marco del II Coloquio Internacional sobre Prácticas Letradas en clave Interseccional y Postcolonial, Moreno Medrano explicó que este tipo de incidencia se pudo reflejar en el Proyecto Educativo Autónomo Otomí en la Ciudad de México, en el cual desarrolló una serie de estrategias, en colaboración con la Comunidad Otomí organizada en la Ciudad de México, a través del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), con el fin de atender las necesidades educativas de un grupo de niñas en edad escolares que habitaban en el campamento de la colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Explicó que durante esta intervención se logró contribuir al seguimiento a los procesos de aprendizaje de la lectoescritura a través de distintos mecanismos con el uso de tabletas electrónicas, material impreso y didáctico.
“Durante este proyecto, las y los niños pudieron tener experiencias gratificantes de lectura y escritura. A través de ellas pudieron expresar y entender su realidad y crearon lazos afectivos de experiencias académicas”, señaló.
De esta experiencia, destacó que se deben poner al centro las prácticas letradas como prácticas sociales y políticas, a fin de incidir en la mejora del ejercicio del derecho a la educación, además, de enriquecer las visiones del mundo a través de la experiencia de los menores, a fin de comprender los diversos contextos en los que se desarrolla.
El pasado octubre del 2020, integrantes de la Comunidad Otomí organizada en la Ciudad de México tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que se garantice su derecho a la vivienda, al trabajo, educación y servicios de salud. Ante ello, este grupo sufrió una serie de desalojos violentos de sus campamentos y los menores no tienen garantizado el acceso a la salud, educación y vivienda.
