Hace 19 años, la prensa mexicana retomaba algunos resultados de una prueba internacional (PISA) para informar y constatar lo que la investigación educativa ya había detectado tiempo atrás: pese a la importante expansión de escuelas, nuestro país no había podido asegurar las condiciones para que todos pudiéramos aprender y actuar libre y responsablemente. Además, aquellos niños, niñas y jóvenes que vivían en condiciones más desfavorables, obtenían un logro escolar más bajo. Fue un escándalo. Algunos opositores, culparon al gobierno en turno de la mala calidad educativa y de su injusta distribución. Otros reflexionaban más seriamente las causas de nuestro fracaso escolar y en lugar de buscar un solo culpable, hablaban de la “responsabilidad pública” que cada actor tenía sobre la educación mexicana.
Bajo la idea de la democracia, veíamos un círculo virtuoso: si construíamos datos válidos del logro escolar, teníamos agencias técnicas e independientes como el INEE, se hacían comparaciones internacionales y los medios de comunicación eran libres, la crítica ciudadana y exigencia pública tomarían lugar. Esto, creímos, podía motivar a que el gobierno “del cambio” revisara sus políticas y programas educativos para revertir la mala educación de México. Al menos, habíamos ya superado la “política del avestruz” (Latapí) en la que la SEP se escudaba para ocultar los resultados de las pruebas estandarizadas.
Tristemente, ahora México ya no cuenta con un órgano autónomo y técnicamente capaz de realizar pruebas con representación nacional. La SEP ha vuelto a adoptar una postura evasiva con respecto a la evaluación. Bajo su idea, confunde al asumir que las pruebas “individualizan” el éxito o que los niveles de logro sirven para fijar a las personas en el “orden social” (Documento de Trabajo del Marco Curricular y Plan de Estudios 2022). Por si fuera poco, el ciudadano es visto como “pueblo”, las “mañaneras” fijan la agenda, y cuando un medio periodístico cuestiona el desempeño del actual gobierno con datos, se le responde o descalificándolo o con la posverdad. Poco ya se delibera.
Quizás por esto, pusimos poca atención en la publicación de los resultados del Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE-UNESCO). México ha participado cuatro veces en este proyecto (1997, 2006, 2013 y 2019), que evalúa las áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y Ciencias para tercero y sexto grado de primaria. Con base en la comparación de los puntajes de 2013 a 2019, nuestro país retrocedió en Matemáticas para tercero y sexto año y en Ciencias y Lectura para sexto grado. Apenas pudimos mantener el mismo puntaje en Lectura para tercero.
Carlos Henríquez, encargado del LLECE, observa que Latinoamérica no logra, en promedio, un “avance significativo en ninguna de las áreas o grados evaluados”. Marcela Gajardo y Sonia Morin confirman que en la región “más del 40% de los estudiantes en 3° grado en Lectura y Matemática, y más del 60% en 6° grado, no alcanzan el nivel mínimo de competencias en Lenguaje, Matemática y Ciencias”. Pese a ello, hay países como Perú que sí han progresado en todas las áreas y esto impulsa a preguntar por qué. Esto es lo útil de estos ejercicios de evaluación comparativos e internacionales. Nada nos impide mejorar nuestra educación. Para ello, requerimos datos, crítica pública, prensa libre, y la rectificación gubernamental. Esto sí sería una verdadera apuesta por el más pobre.
