Ana Patricia Urióstegui*
La educación no sólo es un derecho universal, sino también, es un mecanismo para promover la protección de los derechos humanos y el fomento de una cultura de paz entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Por lo tanto, que una persona tenga acceso a ella es fundamental para su óptimo desarrollo biopsicosocial, y es necesario que exista una corresponsabilidad que sume a una ruta de acceso al alcance de todas y todos. Si bien, cuando hablamos de “protección”, la solemos concebir como un derecho determinado, es necesario reconocer que no es un derecho aislado, ya que funciona como eje transversal en todos los derechos y la educación es una de sus herramientas más fuertes para promoverlo.
Comúnmente, la educación es erróneamente considerada sólo como el medio para adquirir conocimientos, sin embargo, hay una necesidad latente de visibilizar el gran impacto que tiene en la vida de una persona, debido a que aporta bienestar, promueve el sentido de posibilidad, oportunidades de crecimiento y mejora, impulsa exorbitantemente el desarrollo cognitivo, físico y emocional y, por ende, contribuye al desarrollo social. Esto sin contar que es el medio clave para el reconocimiento y apropiación de los derechos humanos.
Educar es sinónimo de proteger, prevenir y transformar, sin embargo, estamos lejos de apropiarnos de la educación como motor de una cultura preventiva, pues hemos asumido que mediante la educación conoceremos las herramientas y estrategias necesarias para hacerle frente a una problemática personal o colectiva, sin embargo, ¿por qué necesitamos esperar a que exista una problemática para intervenir, en lugar de intervenir para que no exista? Esta es una premisa clave que necesitamos adoptar como sociedad, pues debemos asumir y promover que la educación nos otorga la posibilidad de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de todos y todas, en especial de los NNAJ.
Que NNAJ tengan acceso a una educación de calidad y con enfoque de derechos humanos genera idealmente que se asuman como seres capaces de reconocer las situaciones de vulneración y riesgo a las que podrían estar expuestos, que estén comprometidos a promover el respeto de los derechos de todas y todos y, sobre todo, que posean la capacidad de aportar a las soluciones de los problemas sociales que les rodean. Como sociedad, tenemos la corresponsabilidad de que todos los NNAJ tengan acceso a la educación formal, así como espacios seguros donde puedan seguir construyendo aprendizajes mediante actividades extracurriculares, lugares donde se pueda continuar con la transformación que muchas y muchos desean, donde la educación deje de ser un privilegio y sea visto como lo que es, un derecho universal y una necesidad.
Otro factor indispensable para que NNAJ puedan ejercer, promover y proteger sus derechos es que cuenten con herramientas socioemocionales, ya que mediante ellas, desarrollan habilidades sociales y de resiliencia, lo cual posibilita que ante un evento de crisis, emergencia o violencia, tengan capacidad de resolución, autogestión y un proceso de canalización socioemocional adecuado, debido a que reconocen y fortalecen redes de apoyo y cuidado entre pares, generando que, eventualmente, en su vida adulta, dichas capacidades se vean reflejadas a través de acciones de cooperación y responsabilidad social.
El día que se deje de asumir que la educación entraña sólo acudir a la escuela o generar un proyecto escolar, que hay un rango de edad o un espacio determinado o una metodología global para adquirirla, se romperán paradigmas que no han permitido reconocer que la educación es un proceso infinito, que tiene múltiples impactos y beneficios, que es un medio de transformación, de creación, invención, adquisición, crecimiento y protección, que es un medio para hacer posible lo que muchas veces se considera imposible.
Es necesario que como sociedad asumamos que, mediante la educación, no solo podemos conocer los derechos humanos, sino también, es con ella que podemos ejercerlos.
*Tutora Educativa en Radix Education
