La admisión por parte del poder judicial de las demandas de amparo elaboradas por una serie de académicos universitarios contra la prórroga al rector y el arbitrario proceder de la Junta de Gobierno, abre un nuevo escenario en el movimiento en defensa de la legalidad universitaria.
La admisión de los amparos no significa que vayan a resolver a favor del movimiento, pero abre una esperanza. Los jueces y magistrados están valorando la impugnación al proceso, revisando las pruebas y analizando si proceden. Eso ya es un buen principio frente a la manifiesta ilegalidad y una manera de enfrentar jurídicamente la arbitrariedad.
En el terreno de las leyes, está claro que el rector se abrogó un derecho que nadie le dio; que no tiene la edad requerida ni el respaldo de la comunidad. Que la Junta fue cómplice y comparsa, aceptando la solicitud de prórroga y luego inventando un mecanismo irregular por fuera de los ordenamientos que estructuran los procesos de renovación de la rectoría de la Universidad establecidos en la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el propio reglamento interno de la Junta de Gobierno. Que sin fundamento, la Junta omitió la convocatoria a la que está obligada, que canceló las posibilidades de competencia y de análisis de proyectos, que no hubo participación de la comunidad ni una auscultación verdadera. Que de espaldas a la comunidad y sin transparencia la Junta tomó decisiones equívocas que provocaron la renuncia indignada de dos de sus integrantes. Que la Junta avaló la prórroga sin un análisis crítico del informe de actividades del rector, donde queda manifiesta la incapacidad y la negligencia de su gestión actual; que la Junta no observó que el programa de trabajo que se presenta es casi el mismo de hace cuatro años, con las mismas metas que no pudieron cumplir.
Por fuera de los amparos, los jueces tendrían que considerar que la Junta ha sido colonizada por un grupo de interés y que no responde a los intereses de la comunidad, que viola sistemáticamente la legislación universitaria y no cuenta con la legitimidad de los universitarios. Además tiene que observarse la actuación autoritaria de la administración central que ha tratando de silenciar a la comunidad y acallar su protesta frente a la arbitrariedad con frecuentes amenazas y presiones que indignan a los estudiantes, trabajadores y académicos. Que desde algún lugar de las lomas del estadio se ha diseñado una campaña de medios llena de metiras e inconsistencias que ofenden la inteligencia de los universitarios, que han contratado bots para denostar e insultar a los profesores y que han hecho uso de los recursos institucionales para justificar ante la opinión pública su erróneo proceder.
No lo ha hecho con la comunidad, ni con el Consejo Universitario, pero es probable que la Junta se vea obligada a rendir cuentas ante el poder judicial. Harían bien los jueces en verificar los vínculos de sus integrantes con el grupo de interés que controla la rectoría; revisar si sus acciones, acuerdos y resolutivos se apegan a las leyes universitarias; analizar si sus decisiones han violentado los derechos de los universitarios; deberían de considerar que el rector ha sido designado para un nuevo periodo incumpliendo los criterios de edad y de buen desempeño.
Mientras los jueces inician la revisión de los amparos, el movimiento en defensa de la legalidad universitaria se fortalece y avanza en su organización. Cientos de universitarios ya conforman una red y han firmado un pronunciamiento contra la prórroga y la actuación de la Junta. Se preparan nuevas movilizaciones y aunque haya periodo vacacional, cada vez son más los universitarios que se informan y conocen las causas de la protesta. Para la comunidad son claras la demandas del movimiento: renuncia del rector, renuncia de los integrantes de la Junta y elección en el Consejo Universitario de una nueva Junta que reestablezca el camino de la legalidad. También se comienza a construir un consenso sobre la necesidad de transformar con un sentido democrático las formas de gobierno en la Universidad, de construir un sistema de equilibrios entre órganos personales y órganos colegiados de gobierno, de limitar las facultades excesivas del rector y de garantizar un sistema de información confiable que posibilite la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones de las autoridades. Además, se comienzan a impugnar los tradicionales mecanismos de control autoritario y se habla de democratizar el sindicalismo universitario.
La crisis institucional que deriva del equívoco proceder de la Junta y el obsecado actuar del rector, es también una oportunidad para aprender de esta experiencia y para construir de manera colectiva un nuevo proyecto de Universidad. El repudio a la ilegalidad y a la imposición autoritaria habrá de convertirse en inspiración para el cambio democrático, los integrantes de la comunidad tienen en sus manos el futuro de la UV.
