“No basta, con llevarlos a la escuela a que aprendan,
Porque la vida cada vez es más dura,
Ser lo que tu padre no pudo ser.”
Franco de Vita.
HERNAN OCHOA TOVAR
Recientemente, la Presidencia de la República, por conducto del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, ha delineado un acuerdo para el uso de celulares en las escuelas, mismo que entrará en vigor a partir de noviembre próximo. Ello, ante una coyuntura y una problemática que se ha suscitado por años en los planteles -de educación básica a medio superior- y que ha fagocitado prácticamente a la sociedad toda, el cual es el uso indiscriminado de celulares y aditamentos tecnológicos en aulas y recintos escolares. La decisión tomada por las altas autoridades federales ha creado polémica.
Algunos especialistas, como el psicólogo norteamericano Jonathan Haidt, autor del libro una generación ansiosa, recomendó a priori llevar a cabo dichas medidas, por lo que, se infiere, las recibiría con beneplácito. Sin embargo, Marco Fernández, de México Evalúa, ha expresado que la resolución gubernamental ataca una parte del problema, pero que no lo observa en su totalidad; esto porque, aduce, en los planteles existirá esta resolución cuasi total, pero en las casas se enfrentarán a un panorama adverso: una muy probable desregulación o permisividad por parte de los padres de familia, misma que llevará, a como la consabida política del Gatopardo, a que “todo se cambie para que todo siga igual”. Por ende, haciendo este breve preámbulo, conviene preguntarnos: el reciente acuerdo ¿es inviable, o, por el contrario, resulta inviable? A continuación otorgo mi consideración al respecto.
Desde el punto de vista del escribiente, el acuerdo es pertinente. Quizá pueda tener claroscuros, sobre todo en su aplicación. Sin embargo, la premisa de la cual parte, me parece muy acertada. Esto porque, de unos años para acá, hemos visualizado una universalización de la tecnología, la cual, aunque ha impactado a la sociedad en su conjunto, ha tenido efectos adversos sobre todo en los más jóvenes.
Esto lo vemos cuando determinados sectores de las juventudes ya no pueden tener espacios amplios de concentración y atención, y requieren estar visualizando las notificaciones telefónicas con una frecuencia cuasi obsesiva. Por ende, cortar de tajo este hábito nocivo y comenzar a querer cambiar el chip de los jóvenes es un objetivo meritorio. Quizás algunos piensen que el gobierno está actuando queriendo tapar el pozo una vez que el niño ya no está. Sin embargo, resultaría peor querer dejar intacto el estado actual de las cosas, sobre todo cuando el panorama actual no está exento de ser preocupante. De ahí que le conceda el beneficio de la duda a la medida que desean tomar las autoridades federales, para modificar el devenir de las generaciones actuales y venideras.
Sin embargo, creo que el reto estribará en su aplicación. Si las entidades federativas contarán con un lapso de 180 días para armonizar sus legislaciones con la nacional, muy probablemente el resultado no sea el mismo en Mérida que en Tijuana, sino que algunas vertientes podrían cruzarse y lo que veamos al final sea el reflejo de un crisol multicultural.
Aunado a ello, también veremos otra cuestión. Al ser un precepto un tanto local y abierto, dependerá de la manera en la cual las y los docentes lo apliquen, para así tener los resultados esperados (como se menciona en las metodologías de la investigación). Por el bien de todos, ojalá logremos dar un giro de 180 grados a la narrativa actual y no se convierta en un rosario de buenas intenciones.
Respecto a lo que dijo Marco Fernández de la permisividad extraescolar, desgraciadamente es una posibilidad inmediata y no remota. Aquí convendría socializar el acuerdo con la comunidad (la NEM posee dicha tesitura) para lograr el compromiso de padres y tutores para cuando el alumnado no esté en el aula, y así se puedan cristalizar los resultados de manera más efectiva.
