El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció que a partir de noviembre aplicará la primera medición integral al sistema educativo -paralela al censo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP)- para conocer las condiciones de los siete aspectos que garanticen el derecho a la educación bajo criterios de equidad, desde el acceso al servicio hasta la infraestructura y los materiales escolares.
Ahora aplicó una prueba piloto de la prueba de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (Ecea) en tres estados del país: Hidalgo, Nayarit y Tabasco.
Se trata de conocer las condiciones de “infraestructura para el bienestar y el aprendizaje de los niños; mobiliario escolar y equipo básico para la enseñanza y el aprendizaje”.
El Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi) cuantificó por primera vez las condiciones de las escuelas en todo el país, y por primera vez el país cuenta con un atlas educativo.
Ahora el INEE prevé también revisar la dotación de materiales de apoyo educativo; recursos humanos en la escuela; gestión del aprendizaje; organización escolar y convivencia escolar.
En la fase piloto del Ecea se midieron -del 1 al 3 de abril- 156 escuelas primarias de tipo multigrado (uno o dos maestros dan clases a niños de primero a sexto grado), generales, indígenas, privadas y de tipo comunitario.
El INEE informó que “el objetivo de la fase piloto es validar la estrategia general de aplicación y el funcionamiento de los instrumentos de recolección de datos para, en su caso, ajustarlos para la aplicación final de la evaluación a realizarse en noviembre próximo”.
En un comunicado, el instituto indicó que hasta ahora se sabe poco sobre las características y condiciones con que se brindan los servicios educativos, o “la información existente es escasa y esporádica”.
Las escasas investigaciones y evaluaciones “reflejan que existen carencias importantes en las condiciones y formas de operar de las escuelas, pero pocos estudios enfocan estos aspectos como su propósito central y menos a gran escala”.
El último de los tres argumentos, refiere que algunas investigaciones y evaluaciones reflejan que los estudios sobre oferta educativa, por lo general, parten de una perspectiva de eficacia escolar y no de derechos humanos, por lo que no se enfocan en aspectos básicos que el Estado debe garantizar y que son necesarios para asegurar igualdad de condiciones educativas.
