La UNAM ante el proyecto de Ley de Ciencia
Esta semana se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta suscrita por la gran mayoría, casi la totalidad, de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM, el cual se compone de 35 institutos, 13 centros de investigación y 13 programas universitarios. Además, suscriben la misma comunicación la mayoría de los representantes académicos que forman parte de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica de la Universidad.
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La nueva escuela mexicana: modelo para armar (Parte II)
Al inicio de actual periodo de gobierno se perfilaba la construcción de la NEM a través del desarrollo de un enfoque pedagógico centrado en propósitos de calidad, equidad, inclusión, humanismo, compresión del entorno y articulación pedagógica entre los niveles de la educación obligatoria; en la importancia de desarrollar nuevos materiales educativos, incluida la renovación de los libros de texto gratuitos; así como en la reforma gradual de planes y programas de estudio. De manera complementaria, la NEM debería incorporar los enfoques y acciones de las estrategias nacionales indicadas. En 2019-2020 se adelantaba en esa dirección, aún con énfasis en la planeación y programación, más que en la implementación. Entonces llegó el Covid y todo cambió.
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La nueva escuela mexicana: modelo para armar (Parte 1)
Quienes esperaban que el referido “acuerdo educativo nacional” se plasmara en un documento suscrito por las autoridades educativas y los agentes involucrados en la esfera educativa, se quedaron esperando. Bajo ese rótulo se expresó, más bien, la disposición de la autoridad federal de tomar en cuenta el punto de vista del magisterio, los estudiantes, las autoridades estatales y otros interesados en la formulación de las estrategias y programas de la administración educativa. No un acuerdo concreto, más bien un referente abstracto para legitimar las intervenciones gubernamentales en ese campo. Algo similar habría de ocurrir con la “nueva escuela mexicana”. En lo sucesivo, bajo esa denominación, serían cubiertos los programas y acciones de la SEP. ¿Cómo fue definida entonces la nueva escuela mexicana y cómo se ha transformado su enfoque? Lo revisaremos en la próxima columna.
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¿Quién en la SEP?
Al momento de escribir esta columna se mantiene incógnita la designación del relevo al frente de la SEP, posición que será desocupada una vez que su actual titular, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entre en funciones como coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México, en su camino hacia la candidatura de Morena en la elección para gobernar esa entidad.
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Antecedentes de la reforma curricular: La RIEB 2011
La propuesta de articulación de la enseñanza básica fue un objetivo planteado desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), que no se cumplió en la forma pretendida, aunque se sentaron bases para facilitar su continuidad. En la administración encabezada por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el tema sería abordado desde el inicio del sexenio. La SEP de ese periodo contaría con algunas ventajas para dar viabilidad a la iniciativa. La primera, de fundamental importancia, la convergencia política entre el gobierno federal y la dirigencia del SNTE, que se materializaría en la designación, en diciembre de 2006, de José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, así como en la suscripción de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en mayo de 2008. La ACE incluía el acuerdo de impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, la enseñanza de inglés desde preescolar y la promoción de la interculturalidad.
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Antecedentes de la reforma curricular. Los planes de estudio de preescolar y secundaria en el sexenio de Fox (2002-2006)
El 19 de agosto de 2011 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica”, documento en que se cristaliza el proyecto de reforma integral de la educación básica, definida sintéticamente, en ese texto, como “una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño Docente y de Gestión.”
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Asignaturas o campos formativos. La reforma de Echeverría (1972-1975)
La reforma curricular de la educación primaria, secundaria y formación de docentes implantada a partir de 1960, que incluía la recomendación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte) de articular la enseñanza de materias conforme a áreas de conocimiento, no rindió los frutos esperados. Por varias razones: se mantuvo como prioridad estratégica la expansión del sistema bajo los lineamientos del Plan de Once Años iniciado en 1958; los nuevos libros de texto gratuitos (colección 1962) conservaron la estructura de asignaturas y no la de áreas; se tuvo en cuenta, además, el riesgo de abrir un frente adicional de confrontación con el magisterio y con sectores de la opinión pública.
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Asignaturas o campos formativos ¿es ese el dilema?
El documento “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana”, suscrito por la Dirección de Desarrollo Curricular de la SEP y dado a conocer, para su consulta y aportaciones, en el primer trimestre del año, se inicia con un apartado introductorio en que se presentan los rasgos fundamentales de la propuesta de transformación curricular.
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El proyecto de ley de ciencia: retroceso federalista
En materia de financiamiento para las actividades científicas en los estados el proyecto de ley es poco claro. En lugar de proponer los medios e instrumentos para garantizar el acceso de las entidades a los recursos públicos correspondientes, se limita a señalar la posibilidad de que los gobiernos locales puedan “promover y proponer, ante las autoridades competentes, criterios y esquemas de distribución participativa de las Aportaciones Federales vigentes en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los convenios suscritos para ese efecto, con el propósito de garantizar la obligación del Estado de apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 23). Si se toma en cuenta la reciente extinción de los fondos mixtos que apoyaban la realización de proyectos de investigación e iniciativas similares en los estados, el panorama no es alentador.
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La inaceptable exclusión de académicos de IES privadas en el proyecto de ley de ciencia
Esa redacción refleja la intención, del Conacyt, de abrir el ingreso al SNI exclusivamente a académicos de IES públicas. Pero también abre la puerta para evitar que los académicos de IES privadas, que actualmente cuentan tales nombramientos tengan la opción de renovar su adscripción al sistema. Ello es abiertamente discriminatorio, además de que tendría repercusiones adversas para que las IES privadas participen en el sistema nacional de posgrado o en proyectos de investigación financiados por Conacyt si subsiste el criterio de favorecer a los programas y proyectos que cuenten con académicos miembros del SNI. Es un gravísimo error.
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