La falta de servicios básicos, la conectividad limitada, las barreras lingüísticas y las desigualdades territoriales continúan afectando el derecho a la educación en distintas regiones del país, particularmente en comunidades indígenas y rurales de Guerrero, Oaxaca y Yucatán, de acuerdo con los resultados del proyecto Cerrando brechas educativas: Políticas públicas educativas basadas en evidencia, presentados por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El encuentro reunió a especialistas, investigadores universitarios, autoridades estatales y representantes de organismos internacionales, quienes expusieron diagnósticos cuantitativos y cualitativos sobre las brechas que persisten en el sistema educativo mexicano y discutieron recomendaciones para enfrentarlas.
El estudio parte de un enfoque de derechos y analiza la educación a partir de cuatro dimensiones: asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Bajo ese marco, los equipos de investigación documentaron rezagos en infraestructura escolar, inasistencia, insuficiente formación docente, falta de pertinencia cultural y obstáculos específicos para niñas, adolescentes y población hablante de lengua indígena.
Entre los hallazgos generales se identificó que en los estados del sureste se concentran mayores niveles de analfabetismo, rezago e inasistencia escolar entre población indígena. También se expuso que las desigualdades no responden sólo a factores escolares, sino a condiciones estructurales como pobreza, violencia, discriminación, centralización de servicios, migración y falta de oportunidades laborales.
En Guerrero, el estudio —a cargo de Stefano Sartorello, del Centro INIDE de la Ibero; Paola Ortelli, del Departamento de Historia de la misma universidad; y José Luis García, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)— planteó incluso la existencia de una “crisis de educabilidad”, al señalar que las condiciones sociales y de inseguridad rebasan la capacidad de la escuela para garantizar por sí sola trayectorias educativas sostenidas. Investigadores documentaron, además, una brecha digital, carencias en infraestructura, insuficiente formación pedagógica y dificultades para vincular a la escuela con la comunidad.
En Oaxaca, el estudio puso énfasis en la complejidad derivada de su diversidad etnolingüística y en la persistencia de desigualdades de género y barreras interculturales. En Yucatán, los investigadores identificaron problemas relacionados con el abandono escolar desde niveles tempranos, los largos traslados a centros educativos y la concentración de recursos fuera de las comunidades más rezagadas.
Durante la jornada, representantes de la CEPAL señalaron que la intención del proyecto es traducir la evidencia en acciones concretas de política pública y fortalecer la colaboración entre academia, gobiernos y organismos internacionales. En ese sentido, se expuso que la iniciativa busca no sólo generar conocimiento, sino también fortalecer capacidades institucionales y abrir espacios de diálogo entre actores educativos.
Entre las recomendaciones planteadas destacan el fortalecimiento de la conectividad digital como parte del derecho a la educación, la mejora de la infraestructura escolar, la capacitación docente en contextos interculturales, el impulso a políticas focalizadas por territorio y el diseño de respuestas intersectoriales que atiendan las condiciones sociales que inciden en la permanencia escolar.
Por su parte, las investigadoras Sylvia Schmelkes y Rosa Wolpert, especialistas invitadas al encuentro, coincidieron en que uno de los principales retos es evitar que la evidencia quede sólo en diagnósticos académicos. Señalaron que garantizar el derecho a la educación exige avanzar hacia decisiones públicas que respondan a las realidades locales y prioricen a las poblaciones históricamente excluidas.
Los resultados completos del proyecto, informaron los organizadores, serán publicados próximamente y servirán como base para acompañar a gobiernos estatales en la formulación de acciones orientadas al cierre de brechas educativas.
