Por: Eva Astorga
El Estado se ha encargado de otorgar educación pobre para niños pobres, señaló el Doctor Carlos Rafael Rodríguez Solera, miembro del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE).como parte de la ponencia “Educación, migrantes y jornaleros agrícolas”, que formó parte del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en Acapulco, Guerrero.
Al respecto, José Antonio Ávila Quevedo, académico de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), cuyo trabajo de investigación de enfoca en la situación de los niños migrantes en Cuauhtémoc, Chihuahua, hizo hincapié en que la mayoría de individuos de entre 6 y 18 años en dicha región no van a la escuela y, más aún, muchos menores ni siquiera están registrados, por lo cual no cuentan con la documentación necesaria para acceder a la educación básica.
Los principales problemas detectados en Chihuahua por el académico Esteban García Hernández, miembro de la Red Temática de Investigación de la Educación Rural (RIER), son la insuficiencia de aulas para atender a todos los alumnos, la falta de docentes bilingües y, sobre todo, el desconocimiento de autoridades locales acerca de la oferta y demanda de educación básica.
La clave para proporcionar educación efectiva en este sector es no solo el dominio de la lengua materna del alumno, sino también la recuperación del saber acumulado por los menores a través de experiencias de vida. Los niños migrantes no deben ser vistos solo como sujetos vulnerables. Es importante reconocer que tienen algo que aportar a su comunidad.
Es fundamental “atender las necesidades específicas del sector al que los programas educativos van dirigidos”, señaló García Hernández. Ante la tendencia a invisibilizar a niños migrantes, cuyos padres, en muchas ocasiones, son jornaleros agrícolas que se desplazan de una entidad federativa a otra durante el año, se deben coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno y recuperar estrategias de atención. Aunque los conocimientos técnicos para ello estén plenamente identificados, el problema es la estrechez del presupuesto.
En el estado de Chihuahua, donde la mayoría de las iniciativas de apoyo a la comunidad migrante viene de organizaciones religiosas, Rodríguez Solera destacó que es responsabilidad únicamente del Estado garantizar educación pública de calidad similar para todos los estudiantes de nivel básico, si bien considerando las circunstancias particulares de los niños migrantes. Para llevar a cabo un programa regularización exitoso solo hacen falta recursos. De lo contrario, se corre el riesgo de que la reforma educativa se vuelva simple retórica
