En días recientes, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció con bombo y platillo que la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Francisco Garduño como nuevo director de los Centros de Formación para el Trabajo. Este nombramiento resulta profundamente cuestionable por al menos dos razones de fondo que no pueden pasarse por alto.
La primera tiene que ver con su gestión como titular del Instituto Nacional de Migración (INM). Durante su administración, las personas migrantes fueron objeto de hostigamiento, represión y múltiples formas de violencia institucional. El episodio más visible —y trágico— fue el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas privadas de su libertad. Estos hechos no pueden entenderse como un accidente aislado, sino como el resultado de una política migratoria sostenida en la criminalización, el encierro y la negligencia sistemática durante su gestión. Por acción u omisión, Garduño fue responsable de lo ocurrido y, sin embargo, lejos de enfrentar procesos claros de rendición de cuentas, hoy es premiado con un nuevo cargo público en la SEP.
El segundo motivo de cuestionamiento se relaciona con una práctica recurrente en la política educativa mexicana: la asignación de cargos estratégicos a personas que no cuentan con una trayectoria vinculada al campo de la educación, la pedagogía o, en general, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se trata, en muchos casos, de perfiles cuya experiencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito burocrático o administrativo, alejados de las discusiones sustantivas sobre los procesos educativos, las condiciones reales de las escuelas y los desafíos cotidianos que enfrentan docentes y estudiantes. Francisco Garduño no es la excepción a esta lógica: no se le conoce experiencia relevante en educación ni participación activa en debates pedagógicos ni en política educativa.
Estamos, entonces, ante un doble problema. Por un lado, la persistente falta de acceso a la verdad y a la justicia respecto de lo ocurrido en Ciudad Juárez durante su administración. Por otro lado, la reproducción de una política de nombramientos que profundiza la brecha entre quienes toman decisiones desde los escritorios y quienes, día a día, sostienen los procesos educativos en aulas, talleres y centros de formación.
Este tipo de designaciones en la SEP no sólo tensiona la política educativa, sino que envía un mensaje preocupante: la educación puede ser administrada sin conocimiento pedagógico, sin sensibilidad social y sin compromiso con los derechos humanos.
A ello se suma una idea profundamente cuestionable: que una trayectoria prolongada en la administración pública es suficiente para dirigir espacios educativos. La experiencia burocrática, por sí sola, no justifica que los cargos en la Secretaría de Educación Pública estén desprovistos de reflexión pedagógica y educativa. Gobernar la educación no puede reducirse a la resolución inmediata de trámites, indicadores o urgencias administrativas. Por el contrario, exige situar en el centro de la reflexión y de la toma de decisiones a las y los sujetos que hacen posibles los procesos de enseñanza y aprendizaje: docentes, estudiantes, formadores y comunidades educativas. Sin esa centralidad, la política educativa se vacía de sentido y se convierte en mera gestión técnica.
Si la política educativa del país continúa por este camino, el mensaje es no solo claro, sino alarmante: la impunidad no tiene consecuencias, la falta de experiencia pedagógica no importa y la educación es un espacio intercambiable para reciclar a funcionarios. En ese escenario, la SEP se está consolidando como una estructura burocrática ajena a la ética pública, a la justicia y a las necesidades reales de quienes sostienen la escuela todos los días. No se trata de una cuestión cualquiera, sino de una decisión cuestionable que se fundamenta no solo en la necesidad de repensar las instituciones educativas, sino también en la de mirar críticamente los perfiles designados en función de las discusiones educativas actuales.
