Aunque parece que está empezando el trabajo-disputa por los votos, en realidad nunca se ha ido, ni ha cesado en los indefinidos tiempos no electorales. Los partidos políticos subordinan en diversas circunstancias su responsabilidad pública a intereses que no son congruentes con ella. El trabajo-disputa por los votos siempre está en la vida social, con la presencia de los partidos y, desafortunadamente, con muchas acciones de los gobiernos,
La pregunta enunciada requiere atender otra previa: ¿deben educar los partidos políticos a los ciudadanos? Sí lo deben hacer, eso es claro, pues de acuerdo a la Constitución federal “son entidades de interés público”, y agrega nuestra norma fundamental que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público (…) mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo…” (Artículo 41, I).
Como puede apreciarse, dos cosas son relevantes: que los partidos son entidades de interés público, por un lado, y tener una tarea muy trascendente de educación política de los ciudadanos, asunto de interés público, por el otro. El primer elemento, de entrada y por su naturaleza, los vincula con los valores constitucionales, con la convivencia social democrática, pues, si bien de origen los partidos son expresiones de los intereses de individuos y grupos sociales por participar en la vida política, al ser incorporados al orden normativo del país deben ser institutos encaminados al bien público, y para ello reciben miles de millones de pesos que tendrían muy buen destino en otras necesidades de la población. El segundo elemento es aún más claro al indicar los fines que deben perseguir, los cuales tienen profundas implicaciones para la formación de los ciudadanos.
Es importante aquí conjuntar dos cuestiones: el fin de la actividad de los partidos es promover la participación del pueblo en la vida democrática, no en cualquier tipo de actividad que pudiesen decidir los partidos, lo que les exige funcionar con procedimientos democráticos, muchos de cuyos rasgos están contenidos en la misma Constitución, empezando por el reconocimiento de los Derechos Humanos en su artículo 1o., a cuyo cumplimiento están obligados los partidos. Es muy sencillo, entonces: sin los procedimientos democráticos, ¿cómo promoverían los partidos algo que no vivieran? Esa es una cuestión, y de ella tienen serias carencias. La otra cuestión proviene también de un artículo constitucional, el 40, que establece: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal…”. De acuerdo con esto, los partidos quedan vinculados a un principio esencial de nuestro proyecto de sociedad, como es la voluntad del pueblo, que elige la forma de gobierno, y lo hace en virtud de otro principio: en el pueblo reside esencial y originariamente la soberanía nacional Artículo 39).
La responsabilidad que tienen los partidos políticos en la vida política es enorme, pues según el mismo artículo todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. La responsabilidad moral es inmediata, pues los partidos -todavía mayoritariamente- son la vía para presentar candidatos a los puestos de elección popular y tales candidatos deben tener las aptitudes, los conocimientos, la moral que exige ocuparse del gobierno para beneficio del pueblo. Por eso actuaron de manera errónea e injusta cuando, por medio de sus miembros en las legislaturas de varios estados de la República, pusieron requisitos exagerados a los candidatos independientes. En pocas palabras, actuaron de forma excluyente, no democrática y enviaron un pésimo mensaje a la sociedad.
¿Qué resulta entonces? Una cosa de singular importancia para la sociedad mexicana: la responsabilidad de la educación política de los ciudadanos, según sus edades y formas de participación social, está repartida entre dos instituciones: la escolar y los partidos. Mucho se le exige a la escuela y a los docentes, y está bien que se haga si la sociedad les da los medios para ello, pero, ¿quién les exige a los partidos? Deben estos corregir desde la forma de elegir candidatos, dejando el dedazo y el centralismo, hasta el uso del dinero, renunciando, por ejemplo, a novecientos millones de pesos para que no se recorte el gasto al CONACYT, que afecta las becas de posgrado, entre otras cosas. Por lo menos, ahí pueden empezar, si es cierto que les interesan las necesidades de la sociedad.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
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