Hace unos días la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) dio a conocer los resultados de la evaluación diagnóstica de los aprendizajes de las y los alumnos correspondientes el ciclo escolar 2022-2023.
Estas evaluaciones tienen como propósito “identificar el punto de partida” del aprendizaje escolar, proporcionan retroalimentación al docente para “realizar adecuaciones didácticas” y promueven la reflexión con maestros, directivos, padres de familia y comunidades escolares en pos de la mejora.
Con estas pruebas estandarizadas, además, se puede “monitorear el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje” del Sistema Educativo Nacional para que las autoridades educativas tomen mejores decisiones. Se dice también que son ejercicios “integrales” y “formativos” porque tratan de evitar que se lesione la “dignidad de estudiantes y docentes”. No son “punitivos”, ni quieren hacer comparaciones “injustas”, calificar, estigmatizar o impulsar “acciones arbitrarias” para elevar puntajes. Esto ocasionó, según Mejoredu, “indignación y protesta entre las y los docentes”.
Por temor, corrección política o conveniencia, la Mejoredu desde su creación ha confundido la generación de información con el uso de ésta. Lo primero es un asunto meramente técnico que, por sí mismo, no causa el daño que se le atribuye; al contrario: generando datos se pueden visibilizar problemas que las personas realmente enfrentan. Lo segundo es una tarea inminentemente política y aquí, ciertamente, se han cometido errores tales como crear rankings de escuelas, buscar culpables únicos, herir el “estatus social” (Sandel), extrapolar soluciones y finalmente, desvirtuar las pruebas a partir de ligar sus resultados con cierto tipo de recompensas y recomendaciones.
Como toda acción pública, el modelo propuesto por la Mejoredu también debe ser sujeto de crítica porque, en primer lugar, los resultados de la evaluación diagnóstica llegaron tarde y a destiempo, como bien comentó en estas páginas Eduardo Backhoff. Aparte del retroceso de índole técnico resaltado por el especialista.
En segundo lugar, la información se presenta de manera muy agregada. ¿Qué “adecuaciones didácticas” requieren las telesecundarias de Querétaro, por ejemplo, en comparación con las secundarias privadas de la CDMX a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica? Si no se quiere volver a cometer el error de hacer una comparación “injusta”, sería bueno que Mejoredu presentara, de manera pública, la información desagregada por estado, tipo de escuela y modalidad.
Tercero y último, Mejoredu no ha sido capaz de construir una narrativa de “responsabilidad pública” sobre la educación y se recarga de nueva cuenta en el docente y en la escuela. Ante los “bajos desempeños en los niveles de primaria y secundaria, especialmente en cuarto y quinto grados de primaria, así como en los tres grados de educación secundaria”, se requiere mayor análisis técnico, presión social y deliberación pública. Recordemos que es la “ciudadanía democrática” una de las áreas que registra “los más bajos porcentajes de aciertos en seis de los ocho grados escolares evaluados”.
Pensar que cuidando la imagen se mejora la educación pública es un rasgo profundamente conservador. Necesitamos un modelo de evaluación distinto.
