La reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado ser un gatopardismo: han cambiado todo para que nada cambie.
Las reformas políticas y cambios legislativos en la materia, que, en un principio y en el discurso, habían prometido mejorar e impulsar por completo nuestro sistema educativo y revalorizar la figura de los trabajadores del sector, han sido francamente insuficientes.
Este año, la Secretaría de Educación Pública llega a su primer centenario entre un ambiente complejo y desilusionante. Y aunque para la institución y el gobierno todo marche bien, en los hechos no es así.
Si bien en el discurso pareciera que se le han quitado las afiladas garras con que las políticas de sexenios anteriores amenazaban al magisterio, hoy hemos visto que estos afilados y peligrosos colmillos sólo han cambiado de lugar, pues las afrentas a los trabajadores de la educación, estudiantes normalistas, comunidad científica e integrantes del sistema educativo nacional, persisten.
Y ejemplos sobran.
Recientemente, la titular de la dependencia, Delfina Gómez Álvarez, hizo llegar un documento dirigido a los titulares de Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que les pedía explícitamente una propuesta de reducción del personal. Esto, más allá de responder a las políticas de austeridad del actual gobierno, representa una falta de sensibilidad y atentado a la estabilidad económica y laboral de las familias de los trabajadores que serán despedidos, sobre todo en época de crisis económica y de salud derivada de la pandemia que atravesamos.
En pocas palabras, la SEP se da un balazo en el pie, y los costos sociales, políticos y electorales los tendrán que asumir.
A esto se suman los diversos pendientes y señalamientos de irregularidades. Tal es el caso del curso que imparte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) a aspirantes para ingresar a la docencia de nivel medio superior, y que tiene un costo de mil 250 pesos. Dicho curso es un requisito que solicita la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), sin embargo, ante los señalamientos de ilegalidad del cobro, el propio titular de la Usicamm, Francisco Cartas, ha reconocido que este requisito es ilegal, cayendo en una contradicción muy fuerte.
Por otro lado, los cambios al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) representan una ofensa para todos aquellos que buscan impulsar y desarrollar los diversos proyectos científicos de nuestro país.
Uno de los puntos más preocupantes es la desaparición y reducción de estímulos a investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores que trabajan en instituciones privadas de educación superior.
También, la reducción o eliminación de becas para estudiantes de posgrado que deseen realizar alguna estancia en el extranjero.
Lamentablemente, no hemos visto los cambios profundos que se prometieron. Las acciones realizadas y la decepción que se ha llevado buena parte de la comunidad educativa y científica del país es un reflejo de la falta de liderazgo en el sector.
Nos dieron gato por liebre y se está perdiendo la oportunidad de enderezar el rumbo educativo. El país lo merece
* Director editorial de Educación Futura.
Twitter: @elErickJuarez
