El Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes contribuyó a la irrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como un organismo intergubernamental con poderes de mando en los sistemas de educación de casi todo el mundo. PISA devino en la medida de todas las cosas.
Varios académicos teorizan sobre la importancia de PISA, ya a favor, ya para criticar. Los primeros la categorizan como proveedora de datos para la toma de decisiones, sustento intelectual para la nueva gerencia pública y dotadora de baterías de las mejores prácticas.
Para los críticos es un instrumento ideológico, tiende a homogeneizar la enseñanza a escala global con énfasis en matemáticas, lenguaje y ciencias. Al mismo tiempo estratifica en ganadores y perdedores a los sistemas con los rankings.
Un artículo de Sotiria Grek, Governing by Numbers: the PISA ‘Effect’ in Europe. Journal of Education Policy, 24, 1, 2009: 23–37) inició un enfoque crítico que discute que PISA no es un instrumento científico. Sirve a los grupos dominantes para gobernar la educación por medio de números. ¿Es así en México? México es socio de la OCDE desde 1994 y participa en PISA desde su primera edición. Pero, según Israel Moreno-Salto y Susan L. Robertson, PISA no causa esos efectos.
En su artículo, On the ‘life of numbers’ in governing Mexico’s education system: a multi-scalar account of the OECD’s PISA (Globalisation, Societies and Education, 19, 2, abril 2021), razonan que, si bien PISA informa y legitima cierto tipo de decisiones, es un aparato de propaganda que entró en la política educativa de México por la puerta trasera.
Los maestros apenas se dan cuenta de lo que significa PISA y saben del programa porque cada tres años entra en la plaza pública y sospechan que la prensa y los medios los culparán del bajo aprendizaje de los estudiantes que concluyen la educación básica.
Se supone que PISA marida a la ciencia con la definición de políticas para impulsar mejoras en la educación. Sin embargo, ni los legisladores de las comisiones de educación que entrevistaron ni funcionarios de alto rango en varias partes del sistema toman en cuenta los números que arroja PISA.
Uno de los legisladores consultados les contó la neta a Moreno-Salto y Robertson: “La mayoría votó [la institución de la Ley General del Servicio Profesional Docente] por instrucción de sus partidos políticos, incluidos los miembros de la Comisión de Educación, algunos de los cuales son profesores, entienden de estas cosas, han sido dirigentes sindicales; sin embargo, argumentaron que era una decisión política”.
Empero, la iniciativa que envió el gobierno de Peña Nieto estaba cargada de sugerencias de la OCDE.
Tal vez, pienso, en ciertos países donde la tecnocracia se aprecia como la esencia de la toma de decisiones con base en evidencia científica, gobernar por números tenga cierta racionalidad. En México no. Menos en este gobierno que desconfía del conocimiento.
