Por Fernando Ruiz Ruiz
Este fin de semana se llevaron a cabo elecciones en 16 entidades federativas. En 12 de ellas hubo elección de gobernador. Ahora, a diferencia de los años ochenta y noventa, la disputa democrática ha dejado de concentrarse en la actuación del árbitro y el fraude electoral. Sin embargo, esto no devino en una mejor oferta de políticas hacia los ciudadanos, sino en campañas electorales enfocadas en la descalificación del adversario.
Ante eso, ya no basta con participar como electores, también es necesario crear un entorno ciudadano exigente para que los gobiernos electos actúen en la transformación de sus sistemas estatales de educación básica. Un indicador alentador sería que los gobiernos estatales plantearan metas educativas claras, ambiciosas y medibles. La formulación de programas educativos estatales – o la ausencia del mismo – nos da una idea acerca de las intenciones gubernamentales. En 2015, hubo cambios de gobierno en Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, y a un año de dicha elección ninguna de ellos cuenta aún con un programa educativo formal – de hecho, Baja California Sur tiene diez años de no contar con él – y sus respectivos programas estatales de desarrollo sólo hacen pronunciamientos genéricos sobre el tema.
En los procesos electorales que se llevaron a cabo hace unos días en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, además de los obvios llamados a que la educación pública será prioridad de sus gobiernos, las promesas de campaña versaron sobre la entrega de útiles escolares, becas, enseñanza del inglés, eliminación de colegiaturas a los mejores promedios, escuela para padres, enseñanza de valores, entrega de tabletas, celdas solares en escuelas, incorporación de todos los egresados de secundaria en el nivel medio superior, la incorporación de la enseñanza del náhuatl, conectividad, o incluso el retrógrado planteamiento de entregar los nombramientos de los secretarios de educación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Cabe preguntarse sobre qué obstáculos, además de las limitaciones financieras, impiden a los candidatos o posteriormente a los gobernadores vigorizar su intervención educativa y asumir su responsabilidad, no sólo para enfrentar los retos en materia de cobertura sino también para asegurar la inclusión y la calidad de los aprendizajes.
Ahora que los partidos ganadores de la contienda electoral de este año asuman la dirección política en sus entidades, debemos exigir la formulación de programas educativos ambiciosos, que pongan en el centro el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. En la coyuntura actual las entidades federativas pueden aprovechar el empuje que el gobierno federal hace de la reforma educativa para potenciar sus propias iniciativas, tales como formación docente continua, infraestructura escolar y depuración de la nómina educativa, por mencionar algunas de las más importantes.
La implementación de la reforma educativa no es impedimento para impulsar la creatividad y la innovación local. El reto es identificar, reconocer, promover, conducir y acompañar las iniciativas generadas por los propios docentes, así como de las comunidades escolares y de los ciudadanos. La formulación de metas ambiciosas sin lugar a dudas debe contemplar una nueva forma de participación de todos los actores sociales, y los gobernadores recién electos tienen la oportunidad de iniciar sus respectivos mandatos de una forma diferente a sus antecesores.
Investigador de Mexicanos Primero
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