Tal como lo establece la ley, el pasado 20 de febrero, el auditor, Juan Manuel Portal, entregó a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. Del discurso del Auditor sobresalen, a mi juicio, al menos cuatro puntos. Primero, la declaración de que con el actual sistema de rendición de cuentas no es posible combatir la corrupción. Esto, dijo, afecta la credibilidad y la calidad de nuestra democracia. Segundo, la necesidad de crear un tribunal de sanciones; tercero, la existencia de “los precarios contrapesos para la rendición de cuentas” a nivel estatal. En el plano local, no hay independencia ni autonomía de los entes fiscalizadores. Cuarto y último punto, la advertencia sobre los fondos de las pensiones que, según Juan Manuel Portal, representa “uno de los mayores riesgos para la sustentabilidad de las finanzas públicas”.
El tema de las pensiones adquiere relevancia para la educación superior pues, según el Tomo Ejecutivo del Informe, el monto por estas obligaciones laborales en los 28 regímenes de pensiones de las universidades públicas estatales (UPE), es de 575,212.7 millones de pesos. Esto presenta 9.1 por ciento del total de los pasivos laborales. Basándose en los análisis actuariales, la ASF determina que 43 por ciento de las UPES pueden presentar “insuficiencia financiera” entre 2012 y 2018; 35 por ciento estarán en problemas entre 2019 y 2027; 11 por ciento sufrirán entre 2034 y 2065 y sólo el 11 por ciento restante “garantizó” la suficiencia de recursos para su plan de pensiones. Parece que las universidades estatales requieren formar buenos planificadores financieros que trabajen en ellas, así como es urgente poner mayor atención a las peticiones de los secretarios generales de los sindicados universitarios, muchos de ellos, permeados por los mismos vicios de otros gremios del sector educativo.
Para la fiscalización de la cuenta de 2012, se abarcaron 127 dependencias y entidades, correspondientes a los tres Poderes de la Unión, cuatro organismos constitucionalmente autónomos, 19 universidades públicas y los 32 gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, se revisaron los fondos federales de 190 gobiernos municipales y de siete delegaciones del Distrito Federal. De este mundo de información, sobresalen las observaciones hechas a las instituciones de educación superior. Por ejemplo, la ASF señala que los convenios de transferencias financieras suscritos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) con los gobiernos de los estados siguen presentando un “carácter inercial” que impide contrarrestar la inequitativa asignación de los recursos. Por si esto fuera poco, en 15 de las 19 universidades auditadas se pagaron “conceptos” que no estaban establecidas en dichos convenios, hubo subejercicios, faltas de comprobación y algo más grave: la organización que debería privilegiar el mérito académico, realizó “pagos a personal que no acreditó cumplir con los perfiles requeridos para los puestos desempeñados”. ¿Cuatismo?
Lo que llama la atención de este uso inapropiado de los recursos públicos es que las instituciones de educación superior son, para el trabajador común, cada vez más rigurosas y estrictas en el manejo burocrático-administrativo. ¿Por qué entonces se siguen reproduciendo vicios en ambientes de severa normatividad? ¿No será que los controles administrativos están ahorcando actividades sustanciales —e.g. investigación, discusión y reflexión intelectual— mientras se deja manga ancha en otras áreas?
Pero no todo hacemos mal en nuestras instituciones. Reconociendo el sentido positivo de la autonomía universitaria, la ASF destaca que instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la de Chapingo “han iniciado la implementación de acciones de mejora para la actualización de su normativa, así como procedimientos de control para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”. Incluso, el Informe de la ASF destaca que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió sólo una observación y que ésta fue una mera solicitud de aclaración.
El Informe de la ASF es una base sólida para sustentar la confianza que la sociedad ha puesto sobre las instituciones generadoras del conocimiento. Asimismo, puede ser un documento que permita identificar los problemas que enfrenta la actual política educativa y alerta sobre las acciones que hay que evitar en el futuro. Sobre esto hablaremos la próxima semana.
El autor es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
Publicado en Campus Milenio.
