De nueva cuenta, lo que debiera ser en esencia un acontecimiento que ofreciera conocimiento, valoración racional y objetiva del estado de la nación, y creación de certidumbre para todos los mexicanos, me refiero al informe de gobierno del presidente Enrique Peña, ha sido ocasión, en parte, para dar continuidad a la pugna política e introducir el miedo, la incertidumbre. Dijo el presidente en su mensaje que “la disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo 21 o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado” (Reforma, 3 de septiembre de 2017: 1). La afirmación, aunque parece clara, no lo es, está encriptada. La disyuntiva tan categórica que menciona debe probarse y explicarse, tanto porque el país no es dicotómico y debe atender su futuro con los medios de la democracia, como por el hecho de que el partido en el gobierno tiene mucho que ver con el modelo fracasado.
La disyuntiva está atravesada por el problema de la desigualdad social, económica y política que debe ser objeto de intensa atención y de transformación por parte de las políticas públicas para el desarrollo, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 25: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
Sobre ese tipo de desarrollo es pertinente destacar dos cosas con las que está relacionado. Primera, así, en su formulación constitucional -que debe complementarse con otros artículos como el 1 y el 26-, con su conjunto de rasgos y variables, no es el objeto primario o fundamental de las preocupaciones y de la acción del gobierno federal y sus múltiples ramificaciones en los Estados de la república. Si bien ha habido crecimiento o progreso en la atención a las necesidades sociales, el poder centralizado, con todos sus riesgos sociales y beneficios para pocos, es la disputa oculta en la disyuntiva; es el 2018 como objeto de contienda. El contexto político del informe, con la disputa por la Fiscalía General de la República en proceso, por ejemplo, así lo hace ver.
La segunda cosa con la que está relacionado el desarrollo del cual el Estado debe ser garante, es la educación. Esta se encuentra en reforma, es decir, en un proceso de cambio del que ya hay señales positivas por la aplicación de las leyes que la fundaron, pero aún le falta una parte importante del camino y para recorrerlo necesita sobre todo instituciones gubernamentales y políticas estables, que construyan certidumbre de diversos tipos para la escuela: financiera, pedagógica, de gestión, de democracia. De todas las certidumbres son responsables los partidos y el gobierno en sus tres niveles; son responsables en diverso modo, pero confluyen por vía de los actores que llegan a elaborar e implementar las políticas públicas para la educación.
No hay que olvidar que el núcleo de los fines de la educación que la reforma ha enarbolado estaba ahí antes de ella; la reforma es un proceso para garantizar el derecho a la educación que no fue descubierto por este gobierno.
En la disputa política que se vive –el presidente del PAN hizo una declaración de guerra al PRI; se hace referencia a las oficinas de los partidos o a las oficinas de campaña como cuartos de guerra-, no sale a relucir de forma inmediata y prioritaria la Constitución como referencia clave para dirimir los medios que permitan atender las demandas sociales.
Lo actores en las escuelas necesitan ver a los responsables del gobierno separados de los que aspiran a obtener el voto popular en el 2018, pues de otra manera, la contienda producirá efectos nocivos en la reforma de la educación.
El reto del presidente Enrique Peña es trabajar para que sus palabras sean guía clara de su trabajo y de todos los que participan en el poder del gobierno por haber recibido un encargo público por el voto popular. Dijo el presidente que “… hacer política implica sumar a todos a favor del interés general” (Ibídem). Cada partido necesita descentrarse y volteara a la sociedad, a los ciudadanos.
Tan importante para la sociedad es que el Estado recupere la rectoría de la educación y garantice este derecho, como dejar a la sociedad su facultad de decidir de manera informada, libre, consciente, a quiénes encargará los siguientes años del gobierno.
En realidad se trata de dos cosas muy relacionadas, aunque estén separadas institucionalmente. Pero el gobierno de hoy debe ser capaz de que en cada tiempo y en cada institución –la educativa y la electoral-, los ciudadanos actúen con libertad y su dignidad sea respetada. De otra manera, ¿qué harán las escuelas?
