Mauro Jarquín Ramírez
Un diputado panista de Chihuahua, simpatizante de Javier Milei y Charles Kirk, se ha declarado abiertamente en contra del “lenguaje inclusivo” en las escuelas porque, según su criterio, “destroza la educación”. De esta forma, ha intentado reanimar la guerra educativa en el norte del país. Así, pretende que un conflicto previamente perdido por el gobierno estatal, que en su momento buscó –finalmente sin éxito– expulsar a la nueva generación de los libros de texto de las escuelas del estado por su contenido “ideológico”, ahora regrese bajo la forma de una política de control educativo por la vía del lawfare.
A juzgar por las afinidades políticas del legislador, la guerra que ha emprendido contra el “adoctrinamiento” mediante el lenguaje no responde tanto a una preocupación por la promoción de una educación que atienda las necesidades de las comunidades educativas, sino corresponde a un síntoma más de la obsesión educativa de fuerzas conservadoras –y también el pensamiento reaccionario– que encuentran en el espacio escolar la punta de lanza de su “batalla cultural”.
Tal obsesión educativa ha tenido en Estados Unidos, centro de producción discursiva de la reacción pedagógica, su principal escenario.
Episodios de dicho interés en el país vecino pueden encontrarse al menos desde el siglo XIX, en las propuestas educativas anticomunistas de mediados del siglo XX, a la luz de la denominada “guerra de los libros de texto” y en el pánico moral sobre contenidos polémicos, relativos generalmente a sexualidad y justicia social. En tiempos recientes, esta tendencia se ha agudizado, y ello ha dado pie a una vorágine legislativa en contra de la denominada “teoría crítica de la raza” en decenas de estados, así como a la censura y expulsión de miles de libros de escuelas del país, y de forma alarmante en Florida.
La obsesión educativa reaccionaria resulta curiosa. Las fuerzas que la mantienen desarrollan una campaña sistemática que busca desdeñar la educación formal (particularmente la pública), instan a jóvenes a abandonar las universidades para que en su lugar “emprendan” e incluso hacen uso del “derecho a huir”, escapando tanto de los sistemas de educación pública como de escuelas privadas “incluyentes”, con el fin de llevar a cabo versiones conservadoras del homeschooling y la creación de sus propias instituciones educativas profesionales, que se constituyen como centros ideológicos promercado. No obstante, al mismo tiempo muestran un gran interés por la educación pública. Mantienen un asedio permanente a los contenidos educativos, a las políticas de organización escolar, al trabajo docente y a la financiación, donde buscan impulsar esquemas de privatización, como váuchers. Niegan retóricamente que la educación pública pueda tener un futuro, mientras en los hechos, son ellos quienes buscan diseñar su porvenir.
Aunado a lo anterior, plantean que su propuesta educativa busca alejar a la escuela de “ideologías”, y regresar a una supuesta –en esencia falsa– neutralidad, pasando por alto que, por definición, la educación está vinculada a un conjunto de problemáticas que se anclan en el terreno ideológico, como las formas y conceptualización de las leyes educativas, el contenido curricular, las formas de organización escolar, el denominado currículum oculto, etcétera. Hablar de una educación aséptica es una falacia. Sin embargo, la apuesta reaccionaria toma la defensa de una educación no ideológica como un ariete político que abre la posibilidad al impulso de otro tipo de políticas, abiertamente programáticas, e incluso doctrinales.
En un contexto de norteamericanización de una buena parte de la derecha regional, donde el radicalismo de mercado ha ampliado su articulación con el interés imperialista estadunidense, esta obsesión se expande por toda la región bajo cánones comunes. Ya sea en el proyecto político de María Corina Machado, recién nombrada Premio Nobel de la Paz y felicitada eufóricamente por el CEO de su aliada Atlas Network; en las propuestas electorales de Johannes Kaiser, el candidato “libertario” chileno; o en la aún limitada retórica libertariana en nuestro país, apoyada también en el discurso de redes globales promotoras del terraplanismo de mercado.
En todas esas manifestaciones, el proyecto es el mismo: construir mercados y controlar contenidos y prácticas en la educación.
En México, la derecha “nacional”, paulatinamente norteamericanizada, moldea también su discurso educativo en clave trumpista, construyendo enemigos ad hoc, recuperando sus estrategias políticas y tratando de copiar el mismo horizonte educativo hacia el cual camina la nueva extrema derecha global. Además, han seguido el guion internacional de la disputa educativa reaccionaria, buscando el boicot y la censura de materiales educativos “peligrosos”, así como el fomento a leyes que tienen como fin controlar lo que se dice o no en los salones de clase y, de forma amplia, el trabajo docente. Aunado a ello, buscan crear mercados donde existe interés público.
La campaña contra la “educación inclusiva” es parte de un nuevo ciclo de expresiones reaccionarias en la educación, inaugurado con la última guerra contra los libros de texto en 2022. En el actual ciclo participan no sólo nodos nacionales vinculados a Atlas Network, sino también gobiernos locales, asociaciones civiles, medios de comunicación, etcétera.
Ahora bien, los sectores reaccionarios en México comparten una limitación con su modelo a seguir estadunidense: una gran falta de conocimiento respecto a lo que sucede en las aulas. A la capacidad organizativa del magisterio, a la vibrante vida comunitaria, y al compromiso de miles de maestras y maestros que, más allá de leyes y censuras, dedican su vida cotidiana a la causa de educar para la justicia social.
