Al tratar de hacer un balance de 2025 en términos de política educativa y visualizar en qué concentrarnos en el año siguiente, revisé algunos de los comunicado oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que he seleccionado por considerarlos importantes.
Advierto algunas cosas valiosas, otras que juzgo regresivas por su marcado continuismo y otras que presentan potencial, pero que no terminan de cuajar. Vamos a lo primero.
Pienso que la centralidad que ha tenido la política de educación media superior (PEMS) durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum es importante. Hace 20 años, era un tema marginal. Gracias a las condiciones creadas entonces como fue la instauración de una subsecretaría para tal nivel en 2005 y el decreto de obligatoriedad en 2012, el impulso para mejorar el currículum, combatir la exclusión y ampliar la cobertura es mayor. En julio pasado, por ejemplo, se anunció una consulta a los jóvenes bachilleres que pese a no ser representativa, será de utilidad para conocer las necesidades, experiencias y expectativas del estudiante.
Igualmente de importante fueron los cambios para reorganizar el ingreso a la educación media superior en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX). Coincido con la postura de que – en el bachillerato -, un “examen no puede determinar un derecho”. Las trayectorias académicas deben construirse sobre una base más amplia y plural de información (e.g. discapacidad, nivel socioeconómico, libertad cultural) y no sólo sobre los resultados de una prueba estandarizada.
Pero, para tratar de asegurar efectivamente un derecho, aún falta conocer cómo las personas y familias elegimos una opción escolar sobre otras y cómo tal elección condiciona nuestras trayectorias. En ello, gobiernos, sociedad y academia tienen un papel central para indagar y construir tales preferencias, las cuales muchas veces son “adaptativas” y por tanto, limitadas para ampliar nuestras posibilidades reales de vida.
Pero el acierto de imprimirle ímpetu a la política del bachillerato no estuvo exento de superficialidad y ligereza. Asumiendo que los problemas educativos se resuelven regulando externamente la conducta de las personas, se quiso elaborar una Ley de Educación Media Superior que, por fortuna, parece ya está en la “congeladora” legislativa.
Hay otros dos temas que marcan, a mi juicio, un antecedente valioso para la política educativa actual. Primero, haber realizado un diagnóstico a 7 millones de estudiantes de la educación básica sobre su estado físico a través de la estrategia Vive Saludable. Con ello, se constataron problemas de sobrepeso y obesidad en la niñez, problemas visuales y dentales. Los reportes se pueden consultar, según la SEP, por correo electrónico y desean que ocurra algo en lo que pienso que este régimen no han trabajado: hacer corresponsables a las madres y padres para que “atiendan” las recomendaciones y cuiden mejor a sus hijos. La participación ciudadana y la responsabilidad pública no está en el manual del régimen. Todo se reduce a “pueblo”.
Relacionado con la estrategia de vida saludable, otro acierto digno de comentar es que el Estado haya ganado las demandas contra algunos grupos privados que deseaban suspender la aplicación de los lineamientos para dejar de vender comida chatarra en las escuelas. El lucro a costa de la salud de la niñez no se impuso por esta ocasión y esto hay que celebrarlo; así como estas fechas. Por ello, esta columna regresa hasta el 7 de enero para seguir haciendo un balance educativo con perspectiva crítica.
