Académicos de las universidades Nacional Autónoma de México y de la Autónoma Metropolitan rechazaron, las recientes modificaciones a la Ley General de Aguas pues promueven un sistema de concesiones que amenazan con convertir al recurso en un derecho económico y no humano.
Los investigadores de las dos instituciones se pronunciaron, por separado, para rechazar el dictamen promovido desde las Comisiones Unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, con la oposición del PRD y de Morena, quienes impugnaron dicho dictamen.
Pedro Moctezuma Barragán, investigador de UAM, Unidad Iztapalapa, explicó que un grupo de investigadores apoyará la impugnación de los diputados que se opusieron “y a involucrar a la Camara Receptora el Senado, integrada por 19 senadores”.
Indicó que la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas no fue considerada en el reciente dictamen, a pesar de tratarse de una propuesta legal largamente elaborada por 450 investigadores, entregada el pasado 9 de febrero a un grupo de diputados en el Club de Periodistas y llevada al Senado el 23 de febrero.
La postura en la UNAM
Por su parte, investigadores de la UNAM, a través de un comunicado, denunciaron que el dictamen criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales, elimina la participación ciudadana y viola el derecho humano al agua.
Consideraron que se trata de un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de gas shale, además de beneficiar a empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Finalmente, los académicos de la UNAM acusaron que la nueva Ley General de Aguas elimina la participación ciudadana, siendo que todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca.
