Para que a los de arriba en el gobierno, el SNTE y las cámaras legislativas no se les haga bolas el engrudo con la iniciativa de Ley del Issste, repartiendo culpas, arguyendo errores de redacción o haciendo supuestas explicaciones de lo que no perjudica a los maestros y los empleados al servicio del Estado, es necesario poner en claro qué es lo que puntualmente exigen los trabajadores de la educación y si lo que presentan como propuesta de reforma responde a sus demandas.
1) Regresar al régimen solidario de pensiones, eliminando las cuentas individuales y transfiriendo a un sistema público los ahorros de los trabajadores, que son administrados por la banca privada.
2) Quitar la tabla de edad ascendente para la jubilación, con la cual extendieron, por mucho, los años laborables de manera diferenciada; de ahí que la demanda sea regresar al derecho de retiro a los 27 años seis meses de servicio, en el caso de las mujeres, y 29 años seis meses, los hombres, para disfrutar de una vejez con dignidad.
3) Tasar y definir las jubilaciones con base en salarios mínimos, no como se hace a partir del sexenio anterior con la unidad de medida y actualización (UMA), debido a que esta última precariza aún más las percepciones de los trabajadores en retiro y no está permitiendo su crecimiento sustancial. En este mismo sentido, se demanda que la UMA no debe imponerse como tope de 10 unidades mensuales; esto es absolutamente desigual con el IMSS, que puede llegar hasta 25 unidades.
4) En resumen, la abrogación completa de la Ley del Issste de 2007 impuesta por Felipe Calderón y de las UMA, en el gobierno de AMLO.
Ninguno de los puntos contenidos en la iniciativa o de los explicados por la Presidenta recoge las demandas centrales del magisterio nacional, bien conocidas desde hace cuatro sexenios y puestas en común en infinidad de mesas de diálogo que se han desarrollado con los equipos de la doctora Claudia Sheinbaum. Aunque corrijan o esclarezcan que el incremento de aportaciones de trabajadores en activo sólo es para medianos, altos funcionarios y de confianza, que no afectará a los maestros, la reforma neoliberal de 2007 y la UMA quedan intactas.
La iniciativa es regresiva y no progresiva, dado que no está ampliando o devolviendo ningún derecho fundamental; están cargando los costos de la corrupción sobre los hombros de los servidores públicos; sin embargo, los verdaderos millonarios son intocables. No existe propuesta ni planteamiento alguno de distribución equitativa de las ganancias para gravar con mayores aportaciones las grandes fortunas nacionales que se han acrecentado como nunca en la historia durante la Cuarta Transformación, a costa del trabajo y el consumo de los mexicanos.
Esta protección de los intereses económicos de la oligarquía es lo que está detrás de la negativa a modificar el régimen pensionario que administra la banca privada; razón por la cual, el magisterio se siente defraudado. Luego de que la iniciativa referida ni siquiera contempla la promesa de AMLO (ya descartada por Fernández Noroña) de eliminar la tabla de jubilación, se vino el desbordamiento magisterial en masivas y emergentes protestas en plantones en la Cámara de Diputados y en Toluca, en calles, plazas, edificios públicos y paros intermitentes en Baja California, Sonora, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Colima, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, estado México y otras entidades donde brotan manifestaciones a diario.
Muy distantes al propósito de apaciguar el descontento social, los discursos al unísono de las principales figuras de los poderes Ejecutivo, Legislativo y del sindicalismo patronal, que conforman el bloque hegemónico de la Cuarta Transformación, han suscitado el encono del magisterio; toda vez que pretenden construir una narrativa descalificadora en la que el pueblo ya no es bueno y sabio, sino que ahora los maestros inconformes, como parte de este vulgo, son ignorantes, incapaces de entender un texto jurídico, están desinformados y protestan sin justificación alguna.
En esta intentona regresiva, el senador de Morena, presidente de la Comisión de Seguridad en el Senado, ilegalmente secretario general del SNTE y artífice de tal aberración reformista, está jugando un papel deleznable contra sus propios agremiados, más preocupado por la venta de filiaciones partidistas al por mayor en favor de Morena, que defendiendo a los maestros. Lo mismo se repite en las secciones sindicales estatales, que hasta hace pocos meses fueron a elecciones “democráticas” por medio del voto universal, sin que esto cambiara los controles institucionales y de cooptación del charrismo de siempre. No obstante, contra esos aparatos de contención del sindicalismo patronal, las bases magisteriales están rompiendo el cerco, inusitadamente en los territorios donde la CNTE no tiene fuerte presencia.
Frente a esta propuesta de reforma a la seguridad social, que se siente como una traición a los trabajadores estatales, se desvanece cada vez más la posibilidad de un proyecto legislativo que elimine el sistema de carrera magisterial, instrumento de despojo de los derechos laborales de los docentes, lo cual está agudizando y escalando, con toda razón, el conflicto en el sector educativo. Todo indica que más mesas dilatorias con los funcionarios de primer nivel o con la Presidenta misma, ya no son soluciones viables para los maestros. Las posiciones intermedias para terminar el conflicto se agotan: se está con el pueblo o con la oligarquía bancaria.
