La historia de la educación pública en México no puede entenderse sin comprender la relación —tersa a veces, tensa en otras: versátil— entre el Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y sus réplicas en las entidades federativas mediante el vínculo, a su vez variable, de los gobiernos locales y las secciones sindicales asentadas en sus linderos.
“Simbiosis atípica”, nítido ejemplo del corporativismo en que descansó la estabilidad política durante décadas, creatura del gobierno en su momento: instrumento de control del magisterio y no una organización surgida a partir de los intereses de los trabajadores.
Desde hace años Carlos Ornelas propone, para explicar la relevancia que ha tenido el SNTE en la administración del sistema educativo, que la cúpula del sindicato ha “colonizado” el espacio correspondiente a las autoridades: se ha apropiado de él y asume las funciones del gobierno en el sector. La SEP, incluso, emplea esta noción como eje de la reforma actual, al señalar que es necesario “recuperar la rectoría de la educación”. Se recupera lo que se ha perdido o fue arrebatado y, a mi juicio, no es el caso.
¿Qué es colonizar? La Real Academia es parca: “formar o establecer colonia en un país”. Otra acepción del diccionario indica: “ocupar (un Estado extranjero) un territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y dominarlo administrativa, militar y económicamente”. En ambas, se advierte la acción unilateral de una fuerza que se instala en sitio ajeno y lo hace patrimonio, por la fuerza, para su provecho. Javier Tello, al coordinar una sesión del seminario que organizó el INEE en torno a la reforma educativa, escuchó a Ornelas y al subsecretario Granados hablar de la colonización y, con inteligencia, preguntó: “¿no habrá sido una colonización por invitación?”. Ornelas respondió que sí, que la colonización ha sido a petición de parte, o bien por contrato o convenio. Es equívoco, entonces, el término. No es que la autoridad ejerciera sus funciones y, en algún momento, el SNTE las usurpara. Fue un pacto desde el inicio, un arreglo entre grupos políticos que subordinaron, en conjunto y al unísono, la educación a sus intereses.
El SNTE ejerció siempre las atribuciones que el Estado le concedió: ambas burocracias administraron el mercado de venta y herencia de plazas, regularon por acción y omisión procedimientos al margen de la ley. Generaron amplias clientelas y usaron los recursos públicos como propios. ¿Colonización unilateral? No se sostiene el argumento. Es falso que haya habido una autoridad educativa preocupada por la formación de los ciudadanos, impoluta y noble, a la que asaltó una pandilla y tomó el botín.
El pacto corporativo tuvo rendimientos variables para las partes. Fueron cómplices, de tal suerte que, si los términos del convenio ya no convenían al Estado, rompió la componenda previa y propicia nuevas condiciones para renovar la asociación. ¿Cuáles? Propongo una: los gerentes educativos se legitiman con la evaluación y emiten listas de prelación por “mérito”, pero el orden de las plazas a ocupar queda en manos de las autoridades locales, en muchos casos indistinguibles del SNTE: a los más destacados les ofrecen trabajos distantes de su domicilio y, al lugar 65, que es primo del hermano de un secretario, le asignan un puesto a dos cuadras de su casa. No es un caso imaginario: hay evidencia y el propio INEE reconoce que, respeto al orden de los puestos, hay problemas. El pacto se reordena.
El secretario del SNTE, a lo largo del sexenio, aparece siempre junto a los de la SEP. Impulsa la reforma, adiestra a sus agremiados para las evaluaciones, aplaude: ¿a cambio de qué? La nueva alianza es más que un partido: es el partido.
