Hace décadas, los gestores del sistema público de la educación superior en México han sostenido que ya no hacen falta abogados, administradores o médicos. Aducen contar con pruebas irrefutables: profesiones saturadas, sin mercado. Pasaportes al sub o desempleo. Estudien otra cosa es el mensaje. Urgen técnicos, no taxistas titulados. Detuvieron el crecimiento de la matrícula de estas y otras carreras, y en las instituciones de nueva creación es imposible considerar que se impartan. ¿Es cierto? ¿Hay evidencia inobjetable? No.
El argumento tiene que ver con el futuro laboral. Si fuese cierto, las instituciones de educación superior (IES) privadas que viven de (o medran con) las colegiaturas, no las ofrecerían; y nadie cuerdo, dispuesto a gastar decenas de miles de pesos mensuales en la formación de sus vástagos, los inscribiría en esas trampas cuyo destino es la penuria. Los grandes empresarios, así como los directivos de las órdenes religiosas dedicadas a la educación de las elites, son expertos en calcular bien la relación entre oferta y demanda. No abren espacios de estudio sin garantizar altos rendimientos futuros a quienes pagan fortunas por ello.
En 2011, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, estaban inscritos en escuelas superiores particulares 208 mil estudiantes. El 13%, 28 mil, cursaban Derecho. Si consideramos nada más a las afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 10% de sus 92 mil alumnos estudia leyes. Y 16 de cada 100 en las restantes. ¿Es un error abrir estos programas o procurar los diplomas? Si la saturación fuera tal, sería absurdo.
La Universidad Anáhuac tuvo 7 mil 700 inscritos: 19% en Medicina, 11 en Administración, 10 en Comunicación, 7 en Derecho y 6 en Arquitectura: 53 de cada centena estaban en el grupo de las atiborradas según la SEP. ¿Tantos se equivocan, y pagan millones por tercos? Los legionarios yerran, cierto, mucho y hondo, pero no en asuntos de dinero. La Ibero reproduce el patrón: más de 9 mil alumnos, y de cada 100, 14 en Administración, 12 a Contaduría, 9 y 9 en Arquitectura y Derecho, y 6 en Sicología. ¡La mitad de su matrícula en profesiones sin futuro! ¿Los jesuitas despilfarran recursos o sus clientes son lerdos? En La Salle, 19 y 12% corresponden a Medicina y Derecho: casi un tercio de atolondrados mal inscritos desamparados por San Juan. ¿La Panamericana? Igual: 38 y 17% en Administración y Derecho: uno de cada dos estudia para desempleado. ¿El Opus también defrauda siervos?
En el ITAM, 27% cursa Economía, que es lo suyo. Bien, pero hay 15 y 9% pagando para administrar y litigar en el futuro. ¿Acaso en balde? De los paganos a la Universidad ICEL, 19% porfía en ser abogado, y en la Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA, o la GUAY) 11 de cada 100 de sus estudiantes, luego de nadar 500 metros libres, se secan y van a clase de Penal.
De haber sobreproducción absoluta de estos profesionales, como se dice, no sería coherente este comportamiento de la oferta privada, orientada por la utilidad o la recuperación ampliada de sus costos. El efecto de esta decisión estatal lo que hace es garantizar, en exclusiva, el ejercicio lucrativo de estos saberes a ciertos sectores sociales. Al reducir el egreso, la escasez asegura que no caigan las tarifas que cobran. ¿Acuerdo con los gremios?
Miles de presos, por robar dos panes, no tienen defensa que les ampare: ¿no hacen falta abogados? Se busca un Seguro Universal en salud: ¿no se requieren médicos? El negocio educativo vende lo que sirve. ¿Profesiones reservadas para los que tienen dinero o pueden acceder a los lugares públicos, reducidos y estancados? Otra forma, vergonzosa, de multiplicar ventajas y carecer de creatividad ante las necesidades nacionales. Tienen, si acaso, muy poca…
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