Por: Alberto J. Olvera y Adalberto Tejeda-Martínez*
Entre el exrector Martín Aguilar y la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana se va haciendo recurrente la conducta de la evasión.
Para evadir el requisito de la edad menor a 65 años para ser rector, en vez de acudir a los juzgados en busca de un amparo, el rector, del brazo de la Junta, se sacó de la manga la carta tramposa de la prórroga.
Para evadir la falta de quorum y las protestas de cientos de académicos y estudiantes, el 27 de agosto, a última hora el informe rectoral fue trasladado al salón de un hotel, recinto privado y de renta no baja, para albergar un acto que debió ocurrir en las instalaciones propias de la Universidad.
Para evadir la toma de protesta ante el pleno del Consejo Universitario General, en esa misma ceremonia, sin anunciarlo en el orden del día, una comisión a modo de la Junta a modo, le entregó un papel donde lo prorroga como rector por cuatro años más, fuera de toda lógica y método, que por cierto debían defender a toda costa los integrantes de la Junta que en su vida profesional se desempeñan al amparo de la lógica y del método científico.
Para evadir el cotejo de resultados que haría la comunidad, el informe estuvo plagado de cifras engañosas y careció de ideas y propuestas académicas de largo alcance.
La prórroga y la ceremonia del remedo de informe violan abiertamente la legislación universitaria y son una auténtica burla a los principios básicos de la convivencia universitaria.
Esta burda imposición ha fracturado y lastimado a la comunidad universitaria como nunca en la historia. La irresponsabilidad de la Junta de Gobierno es tan imperdonable como inédita, así como lo es la pretensión del doctor Aguilar de mantenerse en la Rectoría a pesar de no cubrir los requisitos del cargo y haber evitado pasar por un proceso de evaluación de su desempeño y de confrontación de ideas y proyectos con otros aspirantes al cargo. La escasa democracia interna en nuestra universidad está siendo cancelada por la ambición de unos cuantos.
La sensatez aconseja la inmediata renuncia de Martín Aguilar Sánchez, rector ilegal e ilegítimo desde este 1 de septiembre. Lo mismo vale para la actual Junta de Gobierno, ya sin autoridad moral frente a la comunidad universitaria y la sociedad. Un Consejo Universitario General realmente representativo debería nombrar a una nueva Junta, que de inmediato se aboque a reponer el proceso de designación rectoral. Pero esto sólo ocurrirá si la comunidad organizada lo demanda con suficiente fuerza.
Las autoridades universitarias han caído en una auténtica crisis moral. El único efecto positivo de este proceso ha sido el surgimiento de un importante movimiento en defensa de la legalidad en la Universidad Veracruzana, que por primera vez en décadas ha activado a comunidades de académicos y estudiantes que exigen ser escuchados y sus derechos respetados. En este movimiento florece la esperanza de un mejor futuro para generaciones de jóvenes que enfrentan un horizonte laboral incierto y un clima político oprobioso.
*Exintegrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana.
Los que a continuación firmamos, exmiembros de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, lamentamos que la actual Junta haya impulsado y concluido un inédito e ilegítimo proceso de “prorrogación de mandato” del rector en ejercicio, Martín Aguilar Sánchez, a petición de él mismo. Este hecho no sólo establece un ominoso precedente para futuros procesos de designación rectoral, sino que constituye un acto de abuso por parte de la Junta de Gobierno de la confianza que en ella tenía la Comunidad, al atribuirse capacidades de las que carece y al impulsar acciones contrarias al espíritu de la Legislación Universitaria.
El irregular proceso ha producido una designación ilegítima, así como la cancelación de los sanos e indispensables procesos de auscultación, presentación y debate de proyectos de aspirantes a la Rectoría, así como de un debate crítico en torno a un balance de la gestión del rector en ejercicio. Esta vez ese balance lo ha hecho la Junta sin tomar en consideración a la comunidad universitaria (más allá de una precipitada “consulta”) ni propiciar un debate amplio. Más aún, el desacuerdo con este proceder produjo la renuncia de dos integrantes de la Junta sin que ésta los haya explicado a la Comunidad.
Las consecuencias de este proceso anómalo son y serán muy importantes en la vida interna de la UV. Para empezar, hay un manto de ilegitimidad en la designación que será muy difícil de borrar. Además, el prestigio y la confianza que sucesivas generaciones de miembros de la Junta de Gobierno habían construido al respetar fielmente la legislación universitaria, están ahora en crisis.
Exhortamos a la comunidad universitaria a que reflexione y analice nuevas formas de gobierno dentro de la Universidad, buscando mayor transparencia, participación y debate informado, protegiendo siempre el principio fundamental de la autonomía universitaria.
La crisis actual debe conducir a una nueva época de la vida universitaria caracterizada por una mayor democracia interna, el fortalecimiento de las capacidades académicas, la ampliación de la oferta universitaria y la ratificación del compromiso social de la Universidad.
Muy malos tiempos vivimos cuando las personas y los grupos que conformamos somos incapaces de distinguir entre lo que es ético y moral y aquello que responde a nuestros deseos personales disfrazados de bien común, de sacrificio por la comunidad o de mejor solución para los problemas colectivos.
Favorecer acciones arbitrarias que trastoquen el sentido de las leyes, normas y costumbres, las cuales contribuyen a fragilizar las incipientes democracias que se exhiben en todos los ámbitos de nuestra América Latina porque así conviene a los intereses de unos cuantos, es abonar a la continuidad de una subordinación que, al parecer, nunca nos permitirá alcanzar la mayoría de edad como colectivo que discute racionalmente en el espacio público. Interpretar a modo la letra de la ley es una falencia ética que impide, tal como dice Fernando Buen Abad, “la construcción de una comunidad de iguales”.
Este escenario es el que enfrentamos actualmente en la Universidad Veracruzana ante el inminente recambio en la rectoría. A pesar de que uno de los contendientes no cumple con los requisitos señalados en la Ley Orgánica, se está apelando a la decisión de seis, sí, SOLO SEIS miembros de la Junta de Gobierno para que se pasen por alto las condiciones no solamente más racionales, sino más sentidas de nuestra legislación.
Mediante el subterfugio de decir que una prórroga permite duplicar el tiempo del mandato (sí, mandato otorgado por la comunidad universitaria a una persona por confiar en que conducirá certeramente los destinos de casi cien mil personas), es una trampa que da carta blanca a algo con lo que bien puede no estar de acuerdo la mayoría de dicha comunidad. Asimismo, tal prórroga debería también cumplir los requisitos que se exigen para que se dé pie a esa continuidad.
Pero, consultemos las definiciones que brinda el propio Derecho sobre lo que significa una prórroga:
«Prorrogar» significa continuar, extender o ampliar el plazo de vigencia de algo, como un contrato, un plazo judicial o una competencia. Es como dar más tiempo a algo que tenía una fecha límite.
Ejemplos de prórroga en derecho:
Prórroga de un contrato: Se alarga la vigencia de un contrato más allá de su fecha de vencimiento.
Prórroga de un plazo judicial: Se extiende el tiempo para que un proceso legal continúe.
Prórroga de la competencia: Se amplía la autoridad de un juez o tribunal para conocer de un asunto específico, incluso si originalmente no era competente.
Prórroga de un plazo de pago: Se permite a una persona pagar una deuda con un tiempo adicional.
“En esencia, ‘prorrogar’ en derecho implica un aplazamiento o extensión de un término o plazo, permitiendo que un proceso o una situación legal continúe más allá de su fecha original” (DRAE, 23ª edición).
Pretender la continuidad del actual rectorado por un periodo similar al que ya disfrutó no es, por supuesto, una prórroga. Es un trastupije flagrante al espíritu de la Ley Orgánica que no puede resultar en nada bueno, sobre todo cuando el albazo está preparado para que el Consejo Universitario General a mano alzada apruebe mañana irreflexivamente sin medir las consecuencias, que el emperador se pasee en su traje nuevo.
En semanas recientes, distintos planteles de la UNAM, el IPN y la UAM han sido escenario de múltiples movilizaciones estudiantiles. La aprobación de instructivos de seguridad en la UAM, las modificaciones a artículos de reglamentos universitarios en la UNAM y las denuncias por abuso de autoridad en el IPN son sólo algunos de los factores que han provocado el descontento de amplios sectores de la comunidad estudiantil en cada institución.
A ello se suman otras demandas que han motivado protestas, como la exigencia de comedores subsidiados que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y a bajo costo, la lucha contra las cuotas de inscripción en el posgrado de la UNAM, así como el mejoramiento de la infraestructura e instalaciones necesarias para el desarrollo de las tareas sustantivas en los planteles.
Aunque a primera vista estos conflictos puedan parecer aislados y específicos de cada casa de estudios, todos comparten un trasfondo común: la falta de democracia en la vida universitaria. La toma de decisiones sin una consulta amplia a las comunidades académicas ha dado lugar a múltiples asambleas, tomas de instalaciones y marchas en rechazo a las omisiones o por las medidas impuestas desde las autoridades.
En el caso de la UNAM, la modificación del reglamento del Tribunal Universitario fue decidida por el Consejo Universitario, considerado el máximo órgano de decisión de la institución. Esta iniciativa tenía como objetivo “fortalecer la aplicación de la disciplina universitaria” bajo el argumento de fomentar la tolerancia cero contra el “vandalismo”. Sin embargo, el Tribunal Universitario está diseñado para sancionar presuntas faltas cometidas por el alumnado y el personal académico, pero no contempla mecanismos de evaluación o sanción para directivos u otros funcionarios de alto nivel. La medida, que finalmente fue cancelada tras las protestas estudiantiles, fue aprobada en su momento por mayoría y con sólo cuatro abstenciones dentro del órgano colegiado.
En la UAM, fue el Consejo Académico del plantel Azcapotzalco quien aprobó el “Instructivo para la Seguridad en las Instalaciones”, con el propósito de “regular” diversas actividades al interior del campus y dejaba a criterio de las autoridades qué podría ser sancionado, cómo se utilizan las instalaciones o qué eventos están permitidos. Esta decisión, aunque tuvo resistencia por parte de la representación estudiantil de este órgano colegiado, fue aprobada bajo el argumento de salvaguardar la seguridad dentro de las instalaciones. Sin embargo, esta situación provocó un fuerte rechazo por parte de la comunidad que respondió con un paro de labores en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa, mostrando el repudio ante lo que se percibió como una medida autoritaria.
Por su parte, en el Instituto Politécnico Nacional, varios planteles han optado por realizar paros de labores indefinidos, así como movilizaciones en los alrededores de sus instalaciones. Aunque cada escuela tiene particularidades propias, las demandas comunes incluyen: el cese del abuso de poder por parte de autoridades y profesores, la mejora de la infraestructura, el incremento de insumos para prácticas profesionales, y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de recursos. Hasta el momento, estas demandas no han sido atendidas de forma efectiva, y en algunos casos, las autoridades han optado por promover clases virtuales en lugar de establecer un diálogo directo con el estudiantado.
Las movilizaciones estudiantiles en las tres universidades, si bien no enarbolan una demanda explícita por la democracia universitaria, reflejan un claro rechazo a la forma en que se toman las decisiones dentro de las casas de estudio. Estas decisiones, así como ciertas aquiescencias que vulneran los derechos de las y los estudiantes, evidencian lo alejadas que se encuentran las autoridades universitarias de las comunidades que afirman representar. Expresiones como los “cambios sin estridencias” (UNAM), el compromiso de “no imponer un instrumento de represión” (UAM) o la intención de un “acercamiento necesario a nuestros jóvenes para saber qué tipo de educación están demandando” (IPN), contrastan con la realidad cotidiana que enfrenta el estudiantado, dejando en claro que el camino actual no es el adecuado. En este contexto, se vuelve urgente construir nuevas rutas que realmente apunten a fortalecer la democracia en la vida universitaria.
El camino hacia la democracia universitaria es largo, pero necesario. Resulta fundamental ampliar los márgenes de participación y replantear quiénes son los únicos que toman las decisiones dentro de las instituciones. Pero, si las autoridades insisten en mantener el rumbo actual y continúan excluyendo al conjunto de la comunidad universitaria, queda claro que la democracia no llegará desde arriba. Por el contrario, sólo será posible a través de la movilización y la articulación de las propias comunidades.
Es necesario prestar atención a lo que hoy está ocurriendo, pues podría sentar las bases de un movimiento más profundo, aunque sólo la experiencia y la acción colectiva de las y los estudiantes nos marcarán este posible camino hacia una verdadera transformación universitaria. Independientemente de cómo se desarrolle la coyuntura actual, una afirmación se impone en todos las casas de estudio: el cambio en las universidades es impostergable.
Soy egresado de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), generación 1995-2000.
Durante mi formación, participé activamente en la vida institucional como consejero alumno universitario y formé parte de diversas comisiones del máximo órgano de gobierno: comisión especial del programa legislativo del Consejo Universitario; miembro de la entonces llamada comisión de procesos electorales e integrante de la comisión especial de glosa, para el conocimiento y estudio de la segunda y tercera evaluación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (1997-2001).
Posteriormente, como profesor de asignatura en el plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la escuela preparatoria, participé también en el consejo de gobierno de esa institución. Paralelamente, asumí la coordinación general de grupos de trabajo de la región centro-sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En aquel periodo, la presidencia de este órgano colegiado estaba a cargo del maestro en administración Uriel Galicia Hernández, entonces rector de la UAEMéx. Cabe destacar que el maestro Galicia, quien previamente se desempeñó como secretario de administración de la universidad, compitió por la rectoría con el doctor Edgar Samuel Morales Sales, distinguido académico y exdirector de la Facultad de Humanidades, lamentablemente fallecido en diciembre de 2024.
Con el doctor Rafael López Castañares como rector (2001–2005), comenzaron las designaciones en el cargo de rectoría con candidaturas únicas. Este hecho marcó un antes y un después en la vida institucional de la universidad, pues institucionalizó la simulación de un proceso democrático que, en realidad, ya no ofrecía alternativas reales ni fomentaba el debate de proyectos académicos distintos. A partir de entonces, la rectoría dejó de ser un espacio de representación plural para convertirse en el vértice de una estructura cerrada, donde el relevo del poder se organizaba verticalmente, de forma anticipada y cupular.
El propio Rafael López Castañares, quien en 1996 se desempeñó como director de la Facultad de Química de la UAEMéx, comenzó a construir su candidatura a la rectoría desde su cargo como coordinador general de investigación y estudios avanzados (1997–2001). Durante ese periodo, sostuvo reuniones estratégicas con consejeros alumnos y docentes, directores y exdirectores de facultades, así como con funcionarios universitarios y miembros de la administración estatal. De esta manera logró consolidar su camino hacia la rectoría.
La intromisión del gobierno estatal en los asuntos de la universidad resultó más evidente. Como señala sarcásticamente un maestro y amigo mío, el método de elección se volvió digital. Y no se refiere con ello a un avance tecnológico, sino a la vieja práctica autoritaria de designar sucesores sin consulta real, bajo el disfraz de un proceso institucional: eldedazo. Esta expresión resume con crudeza cómo la democracia universitaria fue sustituida por el acuerdo entre cúpulas, donde el “consenso” se alcanza antes de que la comunidad siquiera tenga noticias del proceso. El “dedazo” cancela la deliberación y convierte los procedimientos de auscultación en un simple trámite.
Las implicaciones del “dedazo” y de la práctica de las candidaturas únicas son profundas: debilitamiento de la vida colegiada, pérdida de confianza de la comunidad en los procesos institucionales, cooptación de espacios críticos y una creciente apatía y miedo a la participación.
Conocí de cerca el funcionamiento de nuestra universidad, sus valores, pero también sus inercias. Y por ello, no puedo guardar silencio ante la crisis que hoy atraviesa.
Hace más de dos décadas escribí un breve ensayo titulado La universidad imperial, que generó incomodidad en la administración universitaria de aquel entonces. En él, criticaba el modelo centralista heredado de la universidad napoleónica, donde todo el poder se concentraba en la figura del rector: desde el rumbo académico hasta los nombramientos más mínimos. En esa visión, la universidad no era una comunidad plural ni crítica, sino una extensión del poder del Estado. Aquella publicación, junto con mi oposición pública a la modificación de la legislación universitaria que permitiría la reelección de López Castañares como rector, generó diversas presiones que finalmente derivaron en mi salida de la UAEMéx en 2003. Sin embargo, el tiempo me ha dado la razón.
El modelo de gobierno universitario sigue reproduciendo esa lógica vertical, donde el rector conserva facultades prácticamente ilimitadas. Hoy, en pleno 2025, el poder rectoral continúa siendo vasto y discrecional. Por ello, muchas voces hemos insistido desde hace años en la necesidad de revisar los mecanismos de elección, y de avanzar hacia un modelo verdaderamente democrático, basado en el voto universal, libre, directo y secreto.
Lo que hemos vivido en las últimas semanas en la UAEMéx, con paros escalonados, tomas de planteles y protestas estudiantiles, es la expresión de un reclamo legítimo: queremos una universidad que represente a su comunidad y no a un proyecto personal o faccional. Es comprensible la indignación que ha movilizado a una parte importante del estudiantado, pero también es necesario señalar que las acciones de protesta deben cuidar a la propia universidad. Las pintas, los daños a instalaciones y el maltrato al patrimonio común no abonan a la legitimidad del movimiento, sino que pueden ser usados como excusa para desacreditarlo. Defender la universidad no debe significar destruirla.
Y lo sé bien, porque en su momento salí a las calles junto con mis compañeros de Historia, Letras Latinoamericanas, Ciencias de la Información Documental, Filosofía, Arte Dramático y Antropología. No sólo marchamos para conmemorar acontecimientos como el 2 de octubre de 1968, sino también para defender la universidad pública y exigir más recursos para nuestra alma máter. Hicimos colectas, pintamos mantas, aprendimos consignas y las gritamos con fuerza. Recorrimos Ciudad Universitaria invitando a estudiantes y docentes a sumarse. Siempre procuramos que nuestras marchas fueran pacíficas. Aprendimos a identificar a los porros que se infiltraban en los contingentes y a mantener la calma cuando los grupos de choque intentaban sabotear nuestras manifestaciones.
En este sentido, expreso mi preocupación por la posibilidad de que las y los universitarios que han encabezado este movimiento enfrenten represalias, administrativas o legales. La historia de nuestra universidad —y de muchas otras— está llena de ejemplos de estudiantes y docentes sancionados por ejercer su derecho a disentir. Por ello, es indispensable pronunciarse con claridad: la protesta no debe criminalizarse. Disentir no es un delito. Participar activamente en la vida pública de la universidad no debe ser causa de persecución. Si la UAEMéx quiere construirse como un espacio verdaderamente democrático, debe garantizar que toda voz crítica tenga lugar, sin miedo a la represión.
La crisis actual no tiene precedentes. Comenzó con negar el registro a los tres aspirantes varones y la exclusión de una aspirante al cargo de rectora, a quien sólo se le reconoció el derecho a participar tras ganar un juicio de amparo. Esto dejó claro la desigualdad del proceso, pero también demostró que la legalidad puede —y debe— prevalecer.
Ahora bien, el hecho de que cinco de las candidatas a la rectoría de la UAEMéx hayan decidido unirse para denunciar una serie de irregularidades en torno a la aspirante considerada como “oficial” tiene enormes implicaciones, pues revela una fractura en el pacto de silencio que tradicionalmente ha rodeado los procesos sucesorios universitarios y expone públicamente las prácticas de simulación, favoritismo y uso patrimonialista de la institución.
Esta alianza representa un acto de resistencia frente a una estructura hegemónica que por años ha operado sin contrapesos reales. La denuncia colectiva pone sobre la mesa cuestionamientos de fondo: la captura de lo público por intereses particulares y la ausencia de condiciones equitativas para la contienda. En términos políticos, este hecho abre una grieta en el discurso de legalidad y transparencia institucional, y visibiliza que incluso en entornos históricamente controlados, el disenso puede articularse y adquirir fuerza frente a la imposición.
Ahora bien, la filtración de un audio en el que supuestamente el rector en funciones expresa su respaldo explícito a una aspirante y lanza una amenaza velada al resto, evidencia la traición de una persona cercana al rector, que grabó y compartió este audio que se hizo viral. La deslealtad de la acción hace patente lo que un exfuncionario universitario me llegó a decir en otro momento: “en política, los amigos son de mentira, pero los enemigos de verdad”.
La denuncia de favoritismo hacia una de las candidatas y su reciente declinación a participar en el proceso, en medio de la presión social, muestran la fuerza del movimiento universitario y la voluntad de muchas y muchos por corregir el rumbo.
Será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que tenga la última palabra respecto a la grabación. Pero el efecto generado en la comunidad universitaria ha sido impresionante. Los universitarios tomaron el audio por auténtico y tuvieron la impresión de que el hecho representaba no sólo una falta de ética institucional, sino el reflejo de una lógica de poder profundamente arraigada. Como suele pasar, este tipo de declaraciones, reales o no, socavan la legitimidad del proceso y fracturan la confianza de la comunidad.
Frente a este escenario, emergió la demanda de las y los directores de 34 planteles por cancelar el proceso y reponerlo integralmente. Parecen sugerir, con ello, que no hay condiciones para elegir a la primera rectora en la historia de la UAEMéx, bajo un proceso marcado por la opacidad, la imposición y la desconfianza.
Coincido en que es necesario velar porque quienes aspiren a dirigir la máxima casa de estudios de la entidad mexiquense cumplan con los requisitos legales, y cuidar también que haya equidad en el proceso electoral y no se vulneren los derechos humanos de ningún aspirante. Sin embargo, anular el proceso de elección no sería conveniente. Equivaldría, como se dice popularmente, a “tirar al niño con el agua sucia”. El daño a la institución y el precedente de tirar el proceso sería fracturar las bases fundamentales de la legalidad y la estabilidad. Lo que se requiere no es reiniciar desde cero, sino reencauzar el proceso con reglas claras, máxima transparencia y una vigilancia efectiva por parte de la comunidad, para garantizar la legitimidad de quien resulte electa y avanzar hacia una gobernanza universitaria verdaderamente democrática y representativa.
Adicionalmente, mientras redactaba este texto, estudiantes del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria se unieron a las movilizaciones. Esta constituyó la primera manifestación de las instituciones de bachillerato universitario. De igual forma, la UAEMéx emitió un comunicado en el que la máxima autoridad universitaria resolvió posponer la etapa de auscultación cuantitativa del proceso de elección de la Rectoría. En el mismo aviso, se anunció la designación provisional de una persona encargada del despacho de la Rectoría y la creación de una Comisión Especial para el Diálogo, integrada por estudiantes, docentes, directivos y miembros del gabinete universitario. Dicha Comisión tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los pliegos petitorios y al desarrollo de mesas de trabajo en cada espacio universitario.
Desde mi perspectiva, lo primero representa el reconocimiento institucional de los señalamientos hechos al rector. Esta medida, aunque necesaria frente al clima de inconformidad y movilización, pone en entredicho la imparcialidad del proceso y la actuación de las autoridades involucradas, lo que puede tener consecuencias en la gobernabilidad institucional a corto y mediano plazos.
Asimismo, la salida (que no renuncia) del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz en medio de este escenario, a un día del término de su gestión, así como la designación provisional de una persona encargada del despacho, confirma que la universidad se encuentra en un momento de transición muy delicado, donde lo que se busca es evitar un vacío de poder.
Finalmente, considero que la creación de la Comisión Especial para el Diálogo es una respuesta política orientada a contener el conflicto y mostrar apertura; sin embargo, su eficacia dependerá de su legitimidad, de la transparencia de su actuación y de la voluntad real de atender las demandas de estudiantes y docentes. No obstante, lo peor que puede pasar es que esta instancia se convierta en una estrategia dilatoria que, lejos de apaciguar los ánimos, profundice la desconfianza social hacia las autoridades universitarias.
Estoy convencido de que, hoy más que nunca, la Universidad Autónoma del Estado de México debe reconstruirse. Pero no desde los discursos vacíos o los pactos de élite, sino desde el diálogo abierto, el reconocimiento de los errores y la transformación real de sus estructuras. Es momento de imaginar una universidad distinta: autónoma, incluyente, crítica y verdaderamente democrática. Esa universidad es posible, pero únicamente si tenemos el valor de reconstruirla desde sus cimientos.
