Eduardo Navarro*
Es un hecho, el nuevo gobierno está lejos de hacer algo por mejorar la calidad de la educación superior mexicana, y parece que tendremos que irnos mentalizando a un panorama cada vez más complicado, pues no sólo son los fuertes recortes presupuestales a centros de investigación, la desconfianza y rechazo a las universidades públicas, y la aprobación de la reforma constitucional que hace obligatorio el nivel superior, sino que también hay problemas que se han arrastrado por años y otros que a ojos de muchos parecen ni siquiera ser problemas. Uno de ellos es el que tiene que ver con la calidad de la educación superior.
Hace unos días, me topé con un artículo de Georgina Zerega de El País donde califica de “fantasmas” a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, dadas sus características precarias y su funcionamiento poco claro. En ese espacio, Georgina señala cómo en un santiamén comenzaron a operar 83 de 100 universidades con programas educativos diseñados a vapor y en instalaciones “provisionales”. El objetivo: dar cabida a los aspirantes que tienen pocas oportunidades de acceso a la educación superior, y con ello aumentar la cobertura educativa. Cero rechazados, dice AMLO.
Pero esa relación ya la hemos discutido varios: no por abrir universidades y programas la cobertura va aumentar de manera automática, ni tampoco va a destrabarse el tan complejo problema del acceso a la educación superior. Incluso Alma Maldonado ha señalado que “los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, lo que realmente es una cifra muy pequeña para la diversidad de necesidades de acceso del sistema educativo mexicano. Pero aparte de eso, la realidad es que las 100 universidades nunca van a funcionar a su máxima capacidad. Lo sabemos. Y esto es porque la capacidad institucional de una universidad no depende de cuántos estudiantes quepan ahí, sino también de cuántos se logren retener a partir de la calidad de los programas, docentes e instalaciones, estrategias de mejora continua, etcétera. Justo lo que con mucho esfuerzo, historia y tradición han logrado muchas de las universidades públicas del país, las cuales han sido prácticamente marginadas de la “planeación” de la educación superior en este sexenio.
¿Pero cuál es el origen de las 100 Universidades para el Bienestar? Simple, son la evolución de las universidades de Morena; es decir, tienen más un origen político que académico y educativo, que se ha cubierto bajo el discurso de la apertura de oportunidades educativas sin tener resultados visibles, ni sobre su funcionamiento ni sobre su desempeño. Una vez más, es un proyecto opaco del que no sabemos casi nada. No por nada, desde varios sectores la crítica ha sido que tanto las universidades de Morena como las 100 universidades en la práctica parecen operar más como un mecanismo de proselitismo político que de educación superior. Y aunque muchos defiendan el proyecto a capa y espada, diciendo que no todas las instituciones de educación superior deben ser iguales y que hay que darles chance, la verdad es que las formas desde el origen han sido muy criticables.
Recordemos que uno de los principales conflictos con las universidades Morena fue que siempre se mostraron renuentes a solicitar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y esta vez las cosas no son tan diferentes pues la legalidad de las 100 universidades parece que estará amparada en un futuro decreto presidencial ad hoc y, aunque son instituciones públicas y no requerirán RVOE, no es muy claro cómo estarán constituidas legal y organizacionalmente, ni tampoco la manera en que dotarán de validez oficial a los estudios que imparten. Lo poco que sabemos lo hemos escuchado en Las Mañaneras de AMLO o en breves entrevistas a través de los medios, pero hasta el momento sigue sin haber un documento formal oficial que dé cuenta de los pormenores del proyecto, de su creación, financiación y lineamientos para operar, ni tampoco donde expliciten los mecanismos de ingreso, el perfil de los profesores o el diseño de los planes de estudio, aun cuando ya están en funcionamiento la mayoría de planteles, ya cuentan con un cuerpo docente de 459 profesores y, según eso, ya atienden a una matrícula de 7,575 estudiantes.
Y es entonces cuando nos da una sensación de familiaridad, una sensación de haber vivido esto antes. Condiciones precarias, programas a vapor, establecimientos improvisados, dudosa calidad… ¡Por supuesto! Estamos hablando de las universidades patito, las mismas de las que hablaba Rodolfo Tuirán en 2011 cuando sentenciaba que “entre 70 y 80 por ciento de la matrícula de las instituciones de educación superior particulares cursa programas o carreras que no están reconocidos por su buena calidad”. Este problema tiene más de 20 años sin ser resuelto, y aún hoy en día podemos ver este tipo de instituciones por todos lados. Como sabemos, estas instituciones se caracterizan por ser de pésima calidad, regularmente son de costos bajos y medios, se concentran en la docencia a nivel licenciatura ofreciendo programas orientados hacia el sector de los servicios, y es común que operen en establecimientos que no son adecuados para la función educativa. Además, no hay un solo estado del país en donde no se haya hecho eco de al menos un fraude relacionado con la operación de estas instituciones.
La persistencia del problema se ha atribuido a varias razones, que van desde una regulación laxa derivada de la postura “neoliberal” de los gobiernos anteriores, hasta que es el efecto colateral de las políticas orientadas a la contención de la oferta pública en carreras tradicionales. Sea como fuere, este segmento de la oferta privada se ha mantenido en constante crecimiento sin que el RVOE –aun con las modificaciones hechas en los años 2000 y 2017– le haya podido encontrar la llave a sus dinámicas expansivas. De esta manera, las universidades patito siguen causando malestar en el sistema educativo mexicano, sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables, que son las mismas a las que están orientadas las Universidades para el Bienestar. Para darnos una idea del panorama, de acuerdo con datos de la ANUIES, en México el sector de instituciones privadas muy pequeñas (de entre 1 y 100 estudiantes inscritos) creció un 35% en los últimos cinco años, y hoy en día representan el 43% (856 instituciones) de la oferta privada total; de dicha cifra, el 71% cuenta con una oferta académica limitada de únicamente una o dos carreras, concentradas o en las áreas de Administración y Negocios, o en Ciencias Sociales y Derecho.
Dadas esas características en ambos tipos de oferta educativa, la proliferación y persistencia del sector de universidades patito, así como la operación opaca del proyecto de las 100 Universidades para el Bienestar fomentan y agravan un problema que se encuentra en las raíces más profundas del sistema educativo mexicano: la conformación de circuitos de educación precaria. Este problema fue señalado por primera vez por Olac Fuentes al identificar aquel segmento de la educación mexicana que no cumple con las condiciones mínimas de operación, aquel que no cuenta con la capacidad institucional que permita ofrecer un servicio educativo de calidad. Los perjuicios que representa para los estudiantes transitar por este tipo de circuitos no son pocos, pues no sólo los ubica en desventaja frente a estudiantes que transitan en instituciones de mejor calidad (en términos de aprendizaje, posibilidades para continuar los estudios o para incorporarse al mercado laboral), sino también los somete a experiencias formativas y escolares de total incertidumbre.
Los más afectados, por supuesto, son los sectores de la población más vulnerables en términos de capital cultural y económico, por ejemplo, aquellos estudiantes que han sido rechazados de las universidades públicas al no pasar los rigurosos procesos y exámenes de selección, pero que tampoco cuentan con el dinero suficiente para estudiar una carrera en alguna universidad privada prestigiosa, o bien aquellos provenientes de sectores históricamente marginados, principalmente las comunidades indígenas. Usualmente, estos estudiantes han transitado toda su vida educativa –desde la educación preescolar hasta la educación superior– en este tipo de circuitos de baja calidad, en programas que ofrecen bienes culturales vacíos de contenido, y que eventualmente no tienen ninguna utilidad social efectiva ni para ellos ni para el desarrollo social y económico del país.
Los defensores del proyecto de las Universidades del Bienestar dirán que estamos exagerando, que vale la pena tomar el riesgo cuando lo que se intenta hacer es una “transformación” por el bienestar de la gente más vulnerable y que como buenos mexicanos deberíamos de apoyar este tipo de proyectos en lugar de cuestionarlos. No obstante, la realidad es que las universidades patito también se han conformado como oportunidades de acceso educativo para sectores de la población que han sido marginados de la educación superior –tales como los rechazados de las universidades públicas, personas de bajos recursos e incluso población indígena en algunos estados como Chiapas o Tabasco–, y aun así las hemos criticado hasta el cansancio durante más de dos décadas, justamente porque operan con baja calidad educativa, lucran con la educación y su aportación al desarrollo del país es muy cuestionable.
Es por ello que con un contexto educativo como el de México, en el que hay tanto por hacer, la justificación de ningún proyecto deben ser las buenas intenciones, pues ya lo dice el conocido refrán “el infierno está lleno de ellas”. Al contrario, las políticas y proyectos educativos deben de ser resultado –al menos– de un trabajo diagnóstico profundo y una planeación bien pensada, que oriente las acciones hacia el alcance de objetivos claros, concretos y que puedan ser medibles, para después, si es necesario, reajustar a partir de las lecciones aprendidas. Parece ser que ese camino no está en las mentes de AMLO y su equipo, y con un panorama de “fantasmas”, “patitos” y “cuentos de hadas” –citando a Roberto Rodríguez– no podemos presumir que la educación superior en México tendrá un futuro muy prometedor en términos de calidad, al contrario, nos genera la inquietante sensación de que las cosas más bien caminan hacia atrás, esta vez no sólo de la mano del sector privado más precario, sino amparadas en un proyecto educativo de carácter público.
*EDUARDO NAVARRO MEZA es Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica de México (FLACSO-México) y cuenta con una Especialización en Sociología de la Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue ganador del premio ANUIES 2017 a la mejor tesis de maestría, y durante 2017-2018 se desempeñó como Jefe de análisis de políticas y programas en la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Actualmente, cursa el programa doctoral Educational Policy and Leadership en University at Albany-State University of New York, y es miembro de The Program for Research on Private Higher Education (PROPHE).
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Desde finales de los años ochenta