Evaluación docente, implementación de la reforma educativa, depuración de la nómina magisterial y una mayor transparencia y rendición de cuentas, son los principales retos que enfrenta el rubro educativo en el marco del recorte presupuestal y la aplicación de un Presupuesto Base Cero.
Ante la caída de los precios del petróleo y la gran dependencia a esta fuente de ingresos, se produjo un recorte presupuestal de de 221 mil millones de pesos para el 2016.
Ante este panorama, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se vio en la necesidad de reestructurar la forma en la que se gasta el dinero público, a fin de eficientar el presupuesto.
Por ello, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), propone para aliviar las finanzas públicas, la implementación del Presupuesto Base Cero, una metodología económica que busca reducir al máximo el gasto a fin de evitar duplicar programas y eficientar las inversiones realizadas en los diversos rubros.
Según Ana Martínez, Consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en teoría, el Presupuesto Base Cero es un reinicio de todos los gastos; una especie de “borrón y cuenta nueva” donde se analiza cada uno de los rubros y se decide cuál de esos sí está generando un impacto positivo para mantenerlo, y, así, eliminar todos los que no lo hagan.
Sin embargo, explica que dadas las circunstancias del Estado Mexicano, donde la mayoría del gasto ya está comprometido, el Presupuesto Base Cero tiene poca lógica.
“Hasta el momento, tenemos una inercia de gastos que no pueden pararse para ser evaluados, pues esto provocaría un quiebre en la dinámica económica de nuestro país”.
Además, reconoce que la estructura de ingresos del gobierno está cambiando drásticamente.
“Este cambio necesariamente implica que la forma en la que hemos venido gastando desde la década de los setenta, tiene que variar; ya no tenemos los mismos ingresos provenientes del petróleo, con los cuales se basaron las negociaciones de muchos sindicatos y otros gastos que hora son insostenibles y necesarios de revisar.”
En este sentido, Manuel Molano, Director General Adjunto del Imco, señala que un Presupuesto Base Cero tiene que ser un presupuesto equilibrado, pues “lo ideal sería no gastar más de 12 puntos del Producto interno Bruto (PIB); sin embargo, tenemos un problema cuando el gasto programable es de 24% del PIB.
Explicó que hay rubros del presupuesto que son difícilmente ajustables movibles y optimizables como los de educación, salud pública y pensiones, que son compromisos de gasto que llevan una continuidad.
“Por ello, es poco factible, políticamente, aplicar una correcta metodología Base Cero”, puntualizó.
“Lo más sensato es que esta metodología fuera de gasto balanceado y no estrictamente de Base Cero. De los cinco grandes rubros: educación, salud, infraestructura, programas sociales y seguridad pública; se tendría que pensar que con alrededor de 11 puntos del PIB nos tendría que alcanzar para financiar esos temas; y un punto adicional tendría que irse a todo lo demás. En este momento eso es un sueño de opio, es impensable”.
Educación: el gran reto presupuestal
En el panorama educativo, la aplicación del Presupuesto Base Cero pareciera aún más complicada.
En entrevista con Marco Fernández, Profesor Investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e Investigador de México Evalúa, señaló que en el rubro educativo, inevitablemente habrá puntos que van a requerir recortes presupuestales, sin embargo, el gobierno tiene que esforzarse para que éstos sean mínimos, y no descuiden políticas importantes como la implementación de la reforma educativa
El experto explicó que existen dos tipos de gastos: los nodales y los accesorios que “aún pueden esperar”. Del primer rubro, menciona que los elementos de evaluación de formación docente son fundamentales, pues son considerados como el eje central de la reforma educativa.
También, dijo, se debe garantizar el mayor número de espacios posibles para atender la cobertura en educación media y superior.
Agregó que la reforma educativa debe evaluarse en todos sentidos a fin de detectar cuáles son los principales problemas de calidad, y con base a estos resultados, comenzar a diseñar políticas públicas encaminadas a corregir esos problemas.
“Ese tendría que ser el corazón de la reforma educativa. Ese es el propósito de la evaluación.”
Estas importantes evaluaciones, más allá de la complejidad económica, representan una complejidad técnica muy importante, lo cual pone una presión presupuestal adicional, porque el diseño de los instrumentos adecuados para la evaluación “no es gratis, cuesta. Justo estamos ante el gran reto de hacer los mejores instrumentos posibles de evaluación en un contexto de menores recursos”.
Después de tener los resultados de las evaluaciones, se tiene que planear cómo hacer para mejorarlos, por lo que se debe apresurar una reforma de las escuelas normales y de educación superior encargadas de la formación de docentes y diseñar cursos de formación para maestros que están en funciones. Sin embargo, insiste, todas estas acciones fundamentales requieren recursos importantes, que no se pueden recortar.
Estos recursos, agrega, se tiene que ver como una inversión y no como un costo sin beneficio.
“Se debe sensibilizar a la clase política para que protejan, presupuestalmente, al máximo, áreas fundamentales en el marco de la reforma educativa”.
Lo que se puede esperar
Hay otras políticas que son accesorias, porque aún no quedan claros los beneficios que aportan para mejorar la calidad educativa.
Uno de estos programas es el reparto de tabletas que ha venido haciendo el Gobierno Federal.
“Sin duda alguna el mundo necesita alfabetización digital, sin embargo la experiencia internacional apunta a la importancia imprescindible que ese diseño de políticas de incorporación digital se acompañe de buenos cursos de formación docente para que puedan utilizarlas correctamente, verlas como aliadas. Sin embargo, eso no está sucediendo en México y lamentablemente no vemos grandes iniciativas para que ello suceda”.
Este gasto, señala Marco Fernández, es uno de los grandes “talones de Aquiles” del diseño e implementación de los programas de las tabletas que, aunque tengan gran aprobación pública, si no está acompañado por elementos de política educativa, pocos efectos tiene sobre la mejora de la calidad.
Cabe recordar que durante la administración de Emilio Chuayffet, se compraron 450 mil tablets a la empresa JP-IUSA, a un costo de 124 dólares por cada unidad, lo que representa un gasto total de 55 millones 800 mil dólares.
Por otro lado, señaló que las Universidades Públicas necesitan recursos para tener espacios que les permitan alcanzar las metas de cobertura de educación superior, sin embargo, considera que una alternativa complementaria es realizar mayores alianzas con el sector privado, a fin de crear un gran diseño que ayude a cubrir las demandas de cobertura en este rubro.
Adicionalmente, se requieren recursos fundamentales para la investigación, por lo que, en la revisión de los gastos de cobertura y de desarrollo, es necesario ser más estrictos con la vigilancia de los presupuestos asignados.
Otro reto, apuntó es el programa de las Escuelas de Tiempo Completo, que la presente administración ha multiplicado pero no existe ningún estudio y evaluación adecuada de los impactos sobre el aprendizaje de los niños.
“El objetivo de las Escuelas de Tiempo Completo tiene que ver con mejora en el desempeño académico de los alumnos, del aprendizaje de un idioma extranjero y la realización de un deporte, principalmente. Sin embargo, hasta el momento, las evaluaciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no hay efecto sustantivo en los niños y jóvenes ni han logrado los objetivos implantados.
Transparencia y rendición de cuentas: grandes pendientes en la educación
En el contexto de reajuste presupuestal como el que vivimos, uno de los grandes pendientes en el rubro educativo es la transparencia y rendición de cuentas, cuyo objetivo es hacer más eficientes todos los gastos y vigilar que se estén ejerciendo correctamente.
“Veo con preocupación que poco se ha avanzado en ese tema en el caso de la educación pública. Actualmente, se exigen cuentas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero eso mismo se le tiene que pedir a la administración de la Secretaría de Educación Pública”.
“Un ejemplo de esta falta de transparencia es que no tenemos información sobre los contenidos de los contratos colectivos de trabajo de las universidades públicas; conocemos poco sobre los concursos de las plazas que se abren, entre otras cosas”, explicó.
Por ello, se debe aprovechar el momento de la restricción presupuestal para que, al mismo tiempo, que se esté tratando de preservar al máximo los recursos que se le dan a este sector, se puedan aprobar y aportar medidas a favor de la rendición de cuentas y la trasparencia.
En este sentido, Manuel Molano insiste que debe generarse más transparencia en cómo se está gastando, no solamente en el tema de la nómina, que, al igual que Marco Fernández coinciden en que debe depurarse, sino en las decisiones de cómo se asigna el presupuesto a cada escuela.
“Es sorprendente que en países como Uganda se conoce perfectamente el presupuesto de cada escuela, niño y maestro; y en México no se sabe nada, apenas se está generando esa información”.
Reconoció que en nuestro país el presupuesto educativo es más una “caja chica” que se utiliza para muchas cosas distintas a la educación, por lo que el margen de gasto para este rubro es mucho menor.
Agregó que el dispendio es tan grande que muchos expertos lo han llamado “el gran fraude del siglo” porque realmente ahí existen mucho más recursos de lo que podríamos imaginar.
Sobre la nómina educativa, Marco Fernández, de México Evalúa señala que recientes investigaciones, muestran que durante los primeros seis meses de este año, aún cuando se ha implantado la centralización de la nómina magisterial y la reforma educativa, se siguen detectando muchas irregularidades al respecto.
Aunque reconoce que han disminuido estas irregularidades, “el primer semestre tuvimos 2 mil 237 comisionados de sindicato pagados de forma ilegal que nos costaron 145 millones de pesos”.
Para el segundo trimestre del 2015 hemos pagado mil 800 comisionados, lo que se refleja en el pago de más de cien millones de pesos.
“Estos comisionados pagados a través de Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) son ilegales, pues la Ley de Servicio Profesional Docente señala con precisión que las comisiones sindicales se deben realizar sin goce de sueldo”, argumentó.
Es momento de evaluar todo el sistema educativo
Para Marco Fernández y Manuel Molano, es momento de evaluar todo, de averiguar qué está fallando en el sistema educativo y, a partir de ahí, crear políticas que subsanen este aparente resquebrajamiento de calidad.
En entrevistas separadas, coincidieron que no se puede saber con certeza cuál sería la consecuencia de dejar de invertir en educación, porque hasta el momento no se ha medido el impacto que esto puede tener.
“ Es preferible que al hacer estos ajustes presupuestales se afecte la vida de un funcionario corrupto, un sindicato opaco o de un maestro que sin dar clases cobra, a la de un niño que con mucho trabajo asiste a la escuela o la de un docente que apenas si puede cubrir sus necesidades básicas”, explicó Molano.
Pero, sin duda, insistieron, que la evaluación en todos los aspecto, y una clara rendición de cuentas y transparencia, ayudará a que el impacto negativo del Presupuesto Base Cero sea mucho menor.
Democratizar el gasto, el gran reto
Finalmente, para Ana Martínez, Consultora del Imco, hay que evitar la politización del gasto educativo y mantener las verdaderas prioridades para mejorar los niveles de enseñanza es el gran reto en el marco económico.
Insistió que se debe explotar al máximo los recursos y evitar que caiga en pocas manos que lo canalicen a rubros electorales.
“Sin embargo, desafortunadamente no se ve eso. Una clara señal fueron los nombramientos de la semana pasada, donde los aparentes personajes fueron puestos en las secretarías donde existen más recursos, como fue el caso de Aurelio Nuño en la SEP”, puntualizó.
Para Molano, el gasto más importante del país debe ser en la inversión del capital humano, lo que se debería traducir en mejorar los sistemas de salud y educación, los cuales, se deben privilegiar sobre otras inversiones.
Sin embargo, reconoce que el Estado no lo está haciendo en su totalidad, pues se ha venido observando que las familias están gastando enormes cantidades de dinero que viene de su bolsillo para estos rubros.
“Que el presupuesto sirva para generar bienestar social y no para pagar clientelas políticas y electorales”, finalizó.
Por último, Marco Fernández recordó que todo lo que se gasta en el ámbito educativo se debe ver como una inversión, y no como un gasto sin retorno para el gobierno.
“Desafortunadamente, veremos que quien jale la cobija presupuestal más fuerte para no quedar económicamente más desprotegido, tendrá que ver más con un “músculo político”, que con verdaderas necesidades sociales”, concluyó.
