Por Fernando Ruiz Ruiz*
En el cierre del ciclo escolar 2015-2016 no todo son malas noticias. Aunque las recientes movilizaciones magisteriales han sido trágicas para las generaciones enteras de niños oaxaqueños, michoacanos, guerrerenses y chiapanecos, que nuevamente se vieron impedidos de contar con clases todos los días, algo ha empezado a cambiar respecto a otros años.
El nuevo contexto político e institucional abrió la oportunidad para iniciar el fin de una de las peores prácticas sindicales de nuestro país. Y se puede observar claramente en Oaxaca. Los niños oaxaqueños que ingresaron a primaria en el periodo comprendido entre 2001-2006 perdieron más de un ciclo escolar (278 días sin clases) debido a los constantes paros de la Sección 22. Los niños que ingresaron en 2014 a primaria y este 2016 terminan el tercer grado escolar, perdieron 81 días de clases. ¿Qué fue lo que cambio? La reforma educativa de 2013 y la desaparición jurídica del viejo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Hay una clara reducción en la pérdida de días de clase, además también se ha reducido el impacto de la Sección 22 en el control de las actividades magisteriales, ya que a diferencia de otros años no participaron todas las escuelas de educación básica, salvo los días del 16 al 20 de mayo, y 20 y 21 de junio en el que más del 50% de las escuelas pararon actividades, el resto de los días el número se redujo llegando a estar sólo 379 escuelas en paro (dato del 16/jun/2016).
Adicionalmente, las recientes movilizaciones magisteriales de mayo-julio no contaron con la participación de la totalidad de los maestros. ¿La razón? Que ahora el IEEPO puede aplicar descuentos y sancionar las faltas laborales. Aunque todo este tiempo siempre estuvo vigente la normativa laboral que permite descontar los días no laborados y la rescisión del contrato después de tres días consecutivos de faltas no justificadas, fue necesario un mandato político explícito y claro para que las autoridades educativas de Oaxaca actuaran. El resultado ha sido positivo, después de más de 36 años muchos niños de Oaxaca contaron este ciclo escolar con más días de clase.
Sin embargo, estos cambios son todavía frágiles. En las recientes mesas de diálogo que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) estableció recientemente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incorporó dentro de sus demandas no sólo la abrogación de los artículos 3º y 73º Constitucional sino el “resarcimiento de los daños” por su aplicación. ¿Qué significa esto? Entre otros aspectos, suspender el cese de aquellos maestros que durante dos meses no trabajaron en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, y regresarles los descuentos a los maestros que tuvieron faltas injustificadas.
Existe la posibilidad que los políticos en su deseo de apaciguar a los dirigentes sindicales disidentes decidan brindarles la impunidad que exigen. Con ello, perpetuarían los incentivos para que sigan lesionando los derechos educativos de los niños. No hay que ser ingenuos y esperar madurez de funcionarios y dirigentes sindicales pues hay demasiados intereses en juego.
Ya no podemos ser sólo espectadores, las organizaciones civiles podemos contribuir al cambio. Recientemente el Poder Judicial otorgó a Mexicanos Primero una sentencia de amparo que le da la razón e invalida cualquier acuerdo político contrario a la ley. Debe quedar claro, la reforma educativa no son piezas para el intercambio político, sino instrumentos que permiten defender los derechos de los niños de carne y hueso. Cambiarlos o evadir su cumplimiento pone en riesgo su futuro, no debemos permitirlo. ¡Defendamos la educación en Oaxaca!
*Investigador de Mexicanos Primero.
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