Archivo de Etiquetas: Roberto Rodríguez

¿Qué tanta ciencia y de qué calidad se hace en México?

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Ahora que parece estar de moda cuestionar los privilegios, prerrogativas e incluso la actividad misma de quienes se dedican a la actividad científica en el país, es de interés ofrecer alguna aproximación a la pregunta que titula esta colaboración. Para ello acudiremos a algunos datos que ilustran los resultados de la producción científica nacional.

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Autonomía universitaria y órganos internos de control ¿Fallos contradictorios en la SCJN?

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En 1980 se elevó al nivel constitucional la autonomía universitaria. Se añadió al artículo 3ro. una fracción con garantías para las universidades autónomas por ley. Estas consisten en la facultad de autogobierno, de formular sus propios planes y programas de estudio, de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, y de administrar su patrimonio. Desde entonces un número de amparos contra actos de las universidades autónomas, y de estas instituciones en oposición a decisiones de los poderes del ámbito federal y estatal han sido ventilados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que, por un efecto acumulativo, ha integrado un corpus jurisprudencial en materia de autonomía universitaria. Abundan los amparos en temas laborales, algunos enfocados a hacer valer las exenciones fiscales de las que gozan estas instituciones, y otros relacionados con temas estudiantiles.

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Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica (Cuarta parte)

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La creación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en reemplazo de la anterior Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) se explica por varios factores: la adopción en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) de instrumentos y mecanismos de nueva gerencia pública, recomendados por la banca multilateral y otras agencias; una mayor presencia de los partidos de oposición en el escenario político nacional, y la estrategia del “nuevo federalismo” emprendida en el mismo periodo, por citar los más relevantes.

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Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica/ III

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Los años en que estuvo vigente la segunda ley orgánica de la Universidad Nacional (1933 a 1945), aquella que establecía su separación del gobierno federal, se caracterizaron por la precariedad económica y el conflicto interno. Los términos de la autonomía, así como la postura gubernamental de marginar a la Universidad de las decisiones educativas del Estado, abrieron espacio para la actuación de fuerzas interesadas en controlar la institución. Además de los debates ideológicos de la época —la confrontación entre nacionalistas, socialistas, liberales y fascistas— en la Universidad encontraron refugio y ámbito de expresión actores y grupos opuestos al régimen revolucionario. La etapa se inicia con la elección de Manuel Gómez Morín (1933-1934) como rector. Duró menos de

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Autonomía y rendición de cuentas. Una revisión histórica / II

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La Universidad Nacional fue declarada autónoma por ley del Congreso de la Unión en 1929 y en 1933. No fue la primera universidad pública del país en conseguir esa prerrogativa, la precedieron las universidades de Sinaloa (1917) y Michoacán (1918) en que circunstancias de los contextos políticos locales impidieron la estabilidad temporal del régimen autonómico. El otro antecedente importante corresponde a la Universidad de San Luis Potosí, establecida en 1923 por el congreso estatal como institución autónoma al transformar el anterior Colegio Científico y Literario del estado en universidad.

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La agenda Anuies 2020. Logros y pendientes

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Han transcurrido más de veinte años desde la integración de la primera agenda global para el desarrollo de la educación superior, la derivada de la Primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París 1998). Se insistía entonces en la importancia de ampliar el acceso a la educación superior para mejorar los niveles de cobertura y equidad del sistema, en superar la calidad y la pertinencia de los servicios educativos, en diversificar las modalidades de enseñanza, y en reforzar la cooperación con el mundo del trabajo. Se enfatizaba también el potencial de las entonces nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el valor estratégico de los procesos de evaluación y aseguramiento de calidad.

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Obligatoriedad y gratuidad ¿un cuento de hadas?

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Desde su campaña por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar lugar a todos los jóvenes que tras cumplir el ciclo de bachillerato tuvieran la intención de continuar con estudios superiores. El eslogan de “cero rechazados” ya había sido utilizado en su campaña de 2012, cuando abanderaba a la coalición PRD-PT-MC. Entonces prometía duplicar la matrícula de educación superior, de tres a seis millones de estudiantes, para lograr cobertura plena. (Regeneración, 12 de abril 2012).

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El asedio a la ciencia

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Es llamativo que tres gobiernos latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, con distinto signo ideológico, coincidan en limitar la inversión pública en investigación científica y desarrollo tecnológico. En los tres casos se ha puesto en riesgo la estabilidad de las instituciones promotoras, se han reducido los fondos públicos para proyectos de investigación, e inhibido el acceso de las nuevas generaciones de científicos a los centros e institutos de producción de ciencia y tecnología.

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Derecho a la educación

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El artículo tercero de la Constitución comienza así: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación.” Pero va a cambiar una vez que se decrete la reforma educativa en trámite. Entonces dirá “Toda persona tiene derecho a la educación”. Parece un cambio mínimo de redacción y ha pasado prácticamente desapercibido en la discusión parlamentaria y en los debates en medios y redes a propósito de la reforma. Pero no es así, la nueva formulación implica un cambio trascendente en la base conceptual del derecho educativo mexicano y tiene consecuencias.

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