El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, reconoció que en su entidad existe un gran problema de organización en temas educativos, puesto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) controla diversos aspectos en la materia.
“La sección 22 controla el 82 % de la estructura del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO)”, explicó ante senadores en la Primera Mesa de Análisis Intergubernamental, celebrada con la Segunda Comisión de la Permanente, situación que atribuyó a las negociaciones de octubre de 1992, cuando se firmaron 16 convenios, tras el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación.
Además, aceptó que en la entidad, existen 600 comisionados sindicales de la Sección 22, los cuales cobran sin dar clases en ninguna escuela, por lo que se mantiene una deuda de dos mil 150 millones de pesos para cubrir los gastos en este rubro.
Sin embargo, dijo que el gobierno estatal no será rehén de ningún grupo magisterial y prometió que se llevará a cabo exitosamente la implementación de la reforma educativa.
Cabe recordar que la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) señala que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el mismo.
Cué explicó que la evaluación no se ha suspendido en su estado, que más bien se han diseñado estrategias para evitar la violencia. El mandatario estatal consideró necesaria una reforma político-educativa de profundidad que tome en cuenta las características de la región y las condiciones de cada localidad oaxaqueña.
Ante ello, pidió al Congreso de la Unión hacer una evaluación diferenciada, por lo que solicitará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) un sistema de evaluación que reconozca la realidad del estado y los usos y costumbres de los municipios.
Por su parte, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, señaló que existe una gran frustración y a la vez esperanza, “pero da la impresión de que los poderes públicos sufren el síndrome de Estocolmo, porque el gobierno se expone como víctima y podemos señalar que los acuerdos previos son irresolubles.”
Además, señaló que la iniciativa de ley para homologar la ley educativa estatal con la reforma constitucional que presentó el ejecutivo estatal es contradictoria y se contrapone a la propia reforma. Preguntó si se han sancionado a maestros faltistas y quienes han cometido delitos porque la ley no puede aplicarse a un 70 u 80% sino al 100%.
El gobernador respondió que él ha insistido en mejorar la legislación en materia educativa, sin embargo, dijo, no han existido las condiciones necesarias para su implementación.
Finalmente, los senadores de los diversos partidos reconocieron que el titular del ejecutivo local asistiera a responder las dudas con honestidad, señalando que próximamente acudirán los gobernadores de Chiapas y Michoacán para realizar la misma dinámica.
