El cerco policiaco que se aplicó a los docentes que presentan la evaluación de desempeño es completamente inadmisible y no es, de ninguna manera innocuo, señaló Pedro Flores, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Entrevistado, por Educación Futura, al término del conversatorio “La mirada analítica y las claves para el estudio de las políticas educativas”, realizado en la Universidad Iberoamericana, Flores Crespo consideró incorrecto que el gobierno utilice un discurso de “nosotros ganamos y los disidentes perdieron”, porque esta situación no es un juego de vencidas.
Agregó que la Ley de Servicio Profesional Docente establece un mecanismo de obligatoriedad para que los maestros se evalúen, sin embargo, plantea que se debe pensar en una participación voluntaria, pues los maestros “son personas pensantes e intelectuales, por lo que no se les debe tratar como niños”.
Durante la alianza por la calidad de la educación no había obligatoriedad para la evaluación docente, y las cifras demostraban que cada año el número de profesores aumentaba. Así se debería de replantear la Ley General de Servicio Pofesional.
Estas modificaciones, puntualizó, deberían darse en espacios abiertos y con la participación de todos los actores educativos; “en el diseño de las actuales leyes, no se realizaron estas prácticas”.
En este sentido, consideró que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),tiene que reconsiderar las pruebas de evaluación y hacer una pausa en su implementación, a fin de establecer un diseño claro y equitativo.
“Va a generar más problemas una prueba mal diseñada que la reestructuración de las mismas”.
Sin embargo, consideró que bajo un discurso de cerrazón y amenaza, este panorama será difícil de ver.
Finalmente, advirtió que en estas circunstancias hace falta una voz sensata y clara, y el INEE debería tomar el liderazgo; “para eso es autónomo, reconocido e independiente, por lo que podría hacerlo sin ningún problema”, concluyó.
