Deben existir consecuencias administrativas y penales para aquellos comisionados sindicales y autoridades gubernamentales que violaron la Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Servicio Profesional Docente, por dar y recibir dinero por las tareas sindicales, aún cuando la ley derivada de la reforma educativa lo prohíbe puntualmente, asegura Marco Fernández.
El investigador asociado de México Evalúa y Profesor de la Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, en entrevista con Educación Futura advirtió que aún cuando las autoridades y agremiados sindicales sabían de las prohibiciones de la ley, se beneficiaron ilegalmente a costa del erario.
Cabe recordar que el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente estipula que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Ante la molestia del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, por llamar “aviadores” a los comisionados, Fernández señala que debe estar consciente de que son trabajadores que violaron la ley y deben enfrentar las consecuencias.
En este sentido, considera que la Auditoría Superior de la Federación debe hacer investigaciones en tiempo real sobre los recursos del rubro educativo, en especial sobre los comisionados sindicales.
Señaló que el SNTE tiene los recursos suficientes para pagar a estos comisionados sus honorarios correspondientes, pues “a los docentes se les descuenta automáticamente el 1% de su salario”.
Adicionalmente, reitera la necesidad de depurar aún más la nómina, pues la SEP sólo está considerando a aquellos comisionados que se encuentran en la nómina federal y no en la de los estados y que pertenecen a los aparatos educativos locales y no reciben su nómina por medio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone)
El especialista agregó que se debe valorar detenidamente si los docentes en tareas sindicales tienen las capacidades suficientes para regresar al aula, tal y como lo habría sugerido Díaz de la Torre, pues los maestros han estado mucho tiempo separados del servicio educativo, por lo que duda de sus capacidades frente al salón de clases.
Finalmente, considera que el dinero “ahorrado” se debe invertir en una mayor profesionalización docente como cursos para aquellos maestros que resulten no idóneos, tengan resultado insuficiente o a los nuevos directivos que acaban de promoverse y aún carecen de habilidades de liderazgo.
