Mariana Jaime
Dejar de emplear los términos “calidad” y “excelencia” en educación, es el primer aspecto que planteó Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
El especialista presentó una ponencia en la segunda de las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados para analizar la Iniciativa para la reforma educativa, en la que apuntó que la concepción de educación que necesita asumir el Tercero Constitucional debe abandonar el lenguaje neoliberal que ha buscado cobrar ciudadanía en el lenguaje educativo.
Como segundo punto, habló de las características que debe reunir el Centro para la educación que se crearía con la reforma propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para fungir como “un Centro cuyo eje no sea la evaluación individual, sino la evaluación institucional social como un insumo de mejora al Sistema Educativo, como consecuencia de ello se abandonaría toda visión de la evaluación de la docencia, sea evaluación del desempeño o sea evaluación formativa”.
Afirmó que el error en los últimos años ha sido enfatizar el papel de la evaluación, porque lejos de ser una evaluación se ha quedado en una mera medición y clasificación de estudiantes y maestros, sin tener un diagnóstico, por lo que su planteamiento es que el Centro tenga como tarea utilizar los datos de evaluación para ayudar en la construcción de un diagnóstico por escuela, respecto a las causas de los resultados obtenidos ahí, analizar lo que se debe hacer ante los mismos y lograr un compromiso colectivo de toda la comunidad escolar sobre las metas de mejora.
Según el investigador emérito, al menos en los primeros tres años no tendría que aplicarse examen alguno, sino tomar como referencia los resultados que ya existen, ya que desde 2001 con PISA y 2003 con PLANEA, el panorama no ha tenido mejoras significativas, mientras que la SEP puede aportar datos de las tasas de repetición y deserción de cada escuela, y el INEGI sobre el contexto escolar de conde se ubican.
Sobre la formación docente, recalcó que las normales deben ser reconocidas como instituciones de educación superior, pero con ello deben dotarse de una legislación adecuada para definir la construcción de sus planes de estudio y poder responder a la ley general de profesiones.
También consideró que “sus escuelas experimentales tienen que ser el espacio de innovación donde estén experimentando otras formas de trabajar los profesores, tanto los que están en formación, pero sobre todo los profesores que están en las propias escuelas”.
Así, ligó el tema del futuro de los egresados de estas instituciones, con la disyuntiva entre convertir a las normales en institutos pedagógicos que impartan las licenciaturas adicionales a las de docencia, o concentrar los esfuerzos para que sean cada vez mejores y tengan la capacidad de formar los maestros que el estado y la sociedad mexicana necesitan.
