La escuela debe ser un espacio seguro no solo para los estudiantes, sino también para quienes enseñan. Sin condiciones mínimas de certeza jurídica, la educación se debilita.
Philippe Meirieu
El caso del maestro Esteban, en Mexicali, ha estremecido al magisterio nacional. Se trata de un docente con más de 25 años de servicio que hoy enfrenta una condena por omisión de cuidados tras la muerte de un alumno que sufrió una caída jugando fútbol dentro del plantel escolar.
Lo que duele no es solo la tragedia de perder a un niño, sino el hecho de que, pese a haber actuado conforme a los protocolos establecidos, el maestro haya sido responsabilizado legalmente. Las evidencias apuntan a que Esteban atendió la situación como correspondía: auxilió al menor, notificó a los padres, acompañó el proceso médico y se mantuvo presente. Sin embargo, esto no fue suficiente para evitar una sentencia que pone en duda no solo su libertad, sino el sentido mismo de justicia hacia quienes dedican su vida a la educación.
La historia remueve nuevamente las entrañas de una profesión que, día a día, entrega todo por los alumnos, pero que también se enfrenta a riesgos invisibles. ¿Hasta qué punto recae sobre un maestro la responsabilidad de lo que sucede dentro de la escuela, incluso fuera del horario oficial de clases? ¿Qué margen existe para el error humano, para los imprevistos, para aquello que escapa a cualquier previsión? Lo más preocupante no es solo la sentencia en sí, sino el mensaje que deja: incluso haciendo lo correcto, incluso actuando con diligencia, el personal docente pueden ser penalizados. Este hecho no solo vulnera al maestro en cuestión, sino que siembra miedo entre quienes educan. ¿Quién querrá asumir responsabilidades cuando sabe que una desgracia podría convertirse en una condena?
El caso de Esteban no es aislado. Hace apenas unos meses, en Querétaro, la maestra Tere fue detenida injustamente por supuestos malos tratos, en un proceso marcado por irregularidades. Ambos casos revelan un patrón doloroso: la criminalización de la función docente, la facilidad con la que se les acusa sin pruebas contundentes y la ausencia de protocolos que los respalden ante situaciones críticas. En una época donde se demanda tanto del personal docente —que sean guías, mediadores, cuidadores, consejeros— resulta paradójico que, cuando más necesitan del respaldo institucional, se les deje solos.
La tragedia de un alumno nunca debe tomarse a la ligera. Pero el dolor no puede traducirse en castigos ejemplares sin base ni análisis justo. Necesitamos con urgencia protocolos claros y específicos de actuación legal que delimiten responsabilidades en situaciones de emergencia al interior de los centros escolares. No es justo que se espere que los maestros actúen como médicos, abogados o rescatistas, sin contar con la formación, recursos ni respaldo institucional para ello. La educación no puede seguir avanzando sobre la base del sacrificio desmedido y el abandono legal de quienes la sostienen.
Hoy más que nunca se requiere que el Estado, las autoridades educativas así como la Organización Sindical revisen este tipo de circunstancias y se abone en la construcción de un andamiaje jurídico que se ubique en este tipo de circunstancias al interior de los centros educativos. No se trata de eximir a nadie de responsabilidades reales, sino de reconocer que existen circunstancias comunes que se comparten a lo largo y ancho del país, en donde un maestro que actúa conforme a su deber debe ser protegido, no perseguido. Porque mientras eso no ocurra, cada maestro que entra a un aula lo hará con la sombra de la incertidumbre sobre su cabeza. Y una escuela donde reina el miedo, difícilmente puede ser un lugar seguro para aprender. Justicia para Esteban no es solo justicia para uno. Es justicia para todos los que, con vocación y humanidad, enseñan con el corazón. Porque la educación es el camino…
Dr. Manuel Alberto Navarro Weckmann
