La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la administración de Donald Trump para continuar con el desmantelamiento del Departamento de Educación, al permitir el despido de miles de empleados sin necesidad de la aprobación del Congreso, informó The New York Times.
La decisión, tomada sin firma ni justificación escrita como suele ocurrir en las órdenes de emergencia, representa una expansión significativa del poder presidencial y allana el camino para reducir drásticamente el papel del gobierno federal en el ámbito educativo.
El fallo se produjo después de que instancias judiciales menores hubieran bloqueado temporalmente el intento del expresidente de eliminar el departamento. En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para comenzar su cierre inmediato, argumentando que los bajos puntajes académicos de los estudiantes justificaban la medida.
“Vamos a cerrarlo, y lo vamos a cerrar tan pronto como sea posible”, declaró durante una ceremonia. Poco después, más de 1,300 trabajadores del Departamento de Educación fueron despedidos, en un intento que la oposición denunció como un cierre ilegal de una dependencia creada por ley.
Grupos como la Federación Estadounidense de Maestros, dos distritos escolares y 21 fiscales generales demócratas impugnaron legalmente la orden. Un juez federal en Boston había ordenado reinstalar a los empleados, decisión respaldada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Sin embargo, la intervención del máximo tribunal ha revertido esta medida de manera temporal, dejando nuevamente en el limbo a miles de trabajadores.
La desaparición del Departamento de Educación tendría profundas consecuencias estructurales. Este organismo es responsable de administrar préstamos estudiantiles federales, vigilar el cumplimiento de derechos civiles en las escuelas y supervisar la calidad educativa nacional. Al eliminarlo, sus funciones tendrían que ser reasignadas a otras agencias federales o estatales. Kevin Welner, profesor de Política Educativa en la Universidad de Colorado, advirtió en una entrevista con Univisión, que esta reorganización sería “complicada y caótica”, y pondría en riesgo programas clave para estudiantes de todos los niveles.
Trump ya había sugerido durante su primer mandato la posibilidad de fusionar el Departamento de Educación con el de Trabajo. Además, se ha planteado que el Departamento del Tesoro asuma el control de los préstamos estudiantiles, una propuesta incluida en el polémico “Proyecto 2025”, del cual el expresidente ha intentado desmarcarse públicamente, aunque muchas de sus acciones están alineadas con sus principios.
Dan Zibel, exabogado principal del Departamento de Educación, explicó a Univisión que cualquier intento serio de trasladar la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil requeriría inevitablemente la aprobación del Congreso, lo que hace que la iniciativa enfrente múltiples obstáculos legales. Para Rick Hess, del American Enterprise Institute, la administración Trump está poniendo a prueba los límites institucionales: “Habrá un adelgazamiento de la plantilla, pero es difícil predecir con qué agresividad actuarán”, dijo a NPR.
Además del impacto operativo y legal, también se teme por el futuro de las políticas de inclusión y diversidad. La desaparición del departamento permitiría a Trump cumplir con su promesa de cortar el financiamiento federal a escuelas que promuevan contenidos que él considera ideológicos o “inapropiados”, como la teoría crítica de la raza o políticas transgénero. A cambio, propone recompensar a los estados que promuevan la elección escolar universal y limiten la estabilidad laboral de los docentes.
Este intento de desmontar el Departamento de Educación no solo afecta la administración pública, sino que redefine la relación entre el gobierno federal y la ciudadanía en temas clave como equidad educativa, acceso a oportunidades y garantías civiles. La batalla legal sigue en curso, pero el precedente político y judicial podría marcar un antes y un después en la historia educativa de Estados Unidos.
