En memoria de Jack Schuster, profesor generoso e investigador excepcional.
A partir de 1996 —durante 29 años— la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS), se encargó de realizar el examen único a los egresados de la secundaria que aspiraban a continuar sus estudios de bachillerato en cualquier plantel ubicado en la demarcación.
Quien solicitaba un lugar, debía presentar, y pagar, una prueba estandarizada. De acuerdo con los aciertos obtenidos, era asignado a alguna de las opciones que, en orden de preferencia, había apuntado en su registro. Podía anotar hasta 20.
En 2024, cada persona pagó 410 pesos por hacer la prueba. Esta vez no hubo costo: el total de aspirantes ahora fue de 272 mil 793. Al mismo precio, el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL A. C., dejó de recibir 111.8 millones de pesos.
En 2025, se sustituyó a tal comisión por el Espacio de Coordinación de la Educación de la Educación Media Superior (ECOEMS). Dado que, por mandato constitucional, la educación media superior es un derecho, la Presidenta, con toda razón, indicó que bastaba contar con el certificado de la secundaria para tener un espacio en el siguiente nivel. ¿Y cómo distribuir los lugares? Con equidad, dijo, y encomendó a la Subsecretaría de Educación Media Superior hacerlo realidad. Se eliminó el examen, salvo en la UNAM y el IPN, y cada quien anotó, en orden descendente, los planteles de su preferencia.
No faltaron las críticas: “se elimina el mérito”; “va a ser un desastre asignar así los lugares”; “es una medida populista que fracasará”. No fue así, y hay datos para demostrar todo lo contrario.
En 2024, los resultados derivados de los puntajes del examen generaron que, en números redondos, 39% de los 183 mil sustentantes, sin incluir a quienes buscaron un lugar en UNAM o IPN, fueran asignados a su primera (26%) y segunda opción (13%). En 2025, ya sin examen, el 90% de los 195 mil aspirantes a opciones con acceso directo, obtuvo un lugar en la primera (68%) y segunda preferencia (21%). El contraste es enorme: 39 por el sendero del mérito examinador, versus 90, de cada cien, al ejercer su derecho.
Si tomamos en cuenta las tres primeras expectativas, este año, 97% lo lograron (casi todos), mientras que el anterior, derivado de la cantidad de aciertos, fue de 50% (la mitad).
El año 24, 55 mil solicitaron ingreso sólo a planteles federales y estatales, y en 2025 fueron el doble, 111 mil. Hace un año, quisieron entrar al IPN o la UNAM 224 mil personas, y el 73% no alcanzó lugar. En la presente asignación, se redujo mucho el número de estudiantes que procuraron ingresar nada más a estas instituciones: fueron 119 mil, y, lógicamente, los no aceptados fueron el 47%. Y estos últimos consiguieron, también, espacio en instituciones de acceso directo de acuerdo con sus preferencias.
Por estrato económico, tomando en cuenta el nivel de ingresos, el año anterior lograban su primera opción el tercio más alto en proporciones incomparables con los del más bajo. Ahora, con independencia de los ingresos, en los tres conglomerados el 68% de sus integrantes fue asignado a su primera propuesta. El sesgo de clase para obtener la número uno desapareció, e ingresaron más mujeres que hombres al plantel preferido.
Hay muchos más temas, y habrá que tratarlos. El acceso, como un derecho, es condición necesaria, e inicial sin duda, pero no suficiente.
Al examen le pasó, creo, lo que al salario mínimo: si sube, llegaría el desastre y no fue cierto. Sin la opción múltiple, vendrá el caos, y tampoco fue verdad. Enhorabuena.
*Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
